La Plataforma Más-Plurales está movilizándose en toda España contra la aberrante Ley Celáa, que consagra y agudiza el desastre que ya veníamos arrastrando desde que el sistema educativo se politizó utilizándose de forma pertinaz y extensa como herramienta de control social, desatendiendo a la principal obligación que tiene de desarrollar todas las potencialidades humanas en su máxima expresión en todos y cada uno de los niños y jóvenes de nuestro país. No hay manera de que la clase política considere la formación de nuestros escolares una prioridad despojada de todas las adherencias político-ideológicas, para tener a los individuos como eje de su acción humanística. Llevamos nueve leyes educativas en poco menos de cuarenta años, lo cual, por sí solo, ya refleja el síndrome de déficit sistémico de un pilar fundamental del Estado: su entramado educativo.

Jesús Muñoz de Priego Alvear es abogado y asesor jurídico de diferentes centros educativos concertados, así como autor de múltiples artículos en diferentes medios de comunicación, defendiendo el principio, contenido en nuestra Carta Magna, de la libertad educativa. Y es que sin esta libertad educativa es imposible el fenómeno educacional, pues carecería de sus atributos fundamentales que son la protección del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y del derecho a la creación de centros educativos, protegidos ambos por los diferentes tratados  internacionales en materia de Derechos Humanos.

Jesús Muñoz de Priego Alvear tiene publicados, entre otros, libros como Procesos de ruptura matrimonial y su incidencia jurídica en los centros educativos (Fundación Edebé, 2013); En Defensa de la Libertad de Enseñanza, nuevos (y antiguos) fundamentos para su reconocimiento jurídico y social (FERE-CECA, 2015); Libertad de enseñanza… ¡Para todos! (Punto Rojo Libros, 2016). Y es coordinador y autor de la obra colectiva Programa de Cumplimiento Normativo para centros educativos (Escuelas Católicas, 2019)

¿Cuáles son, en su opinión, los aspectos fundamentales de la política educativa del Gobierno sobre los que ustedes están más profundamente descontentos?

Esta es una ley partidista e ideológica que apuesta de forma explícita y descarada por el intervencionismo. Su modelo final es la escuela pública única, el monopolio educativo de la Administración pública. Y esta ley pone los mimbres para posibilitarla, atacando la libertad de enseñanza y al instrumento que la permite, que es la escuela de iniciativa social sostenida con fondos públicos, es decir, la concertada.

El listado de agravios de la ley a la libertad de enseñanza es interminable: elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de plazas escolares, abocando a una planificación unilateral y dirigista por parte de la Administración, sin valorar las peticiones de las familias; se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al derecho a la educación que es el único reconocido constitucionalmente, y que se garantiza con plazas en cualquiera de los centros sostenidos con fondos públicos, también los concertados; vuelve a postergar la enseñanza de la religión, sin alternativa ni evaluación; recupera una nueva versión de la asignatura de educación para la ciudadanía con los mismos visos de adoctrinamiento que la anterior y la imposición de opciones que no han sido previamente consensuadas socialmente o elegidas por los padres;  realiza el enésimo intento, obsesivo, de acabar con la diferenciada, retirándole la concertación educativa; insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona,  pero virando a que su garante es la Administración más que la familia, o incluso frente a la familia, lo que plantea de un modo sibilino o sutil un cambio de paradigma importantísimo; posibilita una distribución unilateral por la Administración del alumnado con necesidad o desventaja educativa, social o económica, cercenando de esta manera su libertad de elección; insiste en la absoluta ausencia de autonomía de los centros; cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial sin escuchar lo que dicen las familias ni los profesionales o expertos; no garantiza la educación en el idioma español; …

¿Verían ustedes como una solución el que los principales partidos se pusieran de acuerdo de una vez para promulgar una legislación educativa que deje a un lado la pugna política y se centre en las necesidades de la población escolar?

La sociedad ha venido reclamando de forma explícita e insistente un Pacto de Estado por la Educación, con una ley de consenso que dotara de cierta estabilidad a un sistema educativo tremendamente castigado por la sucesión interminable de leyes partidistas. En las últimas legislaturas y en los programas electorales de los principales partidos en todos los últimos comicios se ponía de manifiesto que todos los grupos políticos lo habían entendido así. Este mismo PSOE lo había reclamado insistentemente cuando estaba en la oposición. Por todo ello, estábamos en una situación histórica y sin precedentes para afrontar ese pacto de estado. Pero cuando han llegado al poder, alentados más si cabe por Unidas Podemos, no han renunciado a la tentación de intentar controlar de manera absoluta la educación.

¿En ese caso cuáles serían las exigencias que ustedes consideran neurálgicas a los efectos de una educación de calidad y que posibilite la opción libre de los padres?

El Pacto de Estado no puede partir de la nada, porque ya llevamos mucho camino democrático recorrido y ganado. El punto de partida del pacto debe ser ineludiblemente el último documento de consenso educativo, que no es otro que el art. 27 de la Constitución española. No podemos tolerar reducciones en libertades públicas. Sería un paso atrás injustificable.

El PSOE ha negado tradicionalmente esta postura, pero cuando vino a abrirse a la misma, la ministra empezó a declarar que la libertad de elección de centro no forma parte de la libertad de enseñanza constitucional. Es decir, que, si aceptaban un acuerdo desde el art. 27, sería desde su nueva concepción e interpretación restringida de este artículo.

Para cualquier estudiante de derecho esta postura es jurídicamente infumable: por la propia redacción del texto constitucional y su mención en el 27.1, por la jurisprudencia consolidada del TC, por la aplicación del art. 10 CE, por el reconocimiento de la libertad de elección en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados internacionales ratificados por el estado español… pero jamás he sentido más inseguridad jurídica que con este Gobierno. Son mucho más de propaganda y de manipulación informativa que de argumentación jurídica.

Este Gobierno parece alérgico a la libertad. Su pretensión de suprimir cualquier referencia a la demanda social, que no es más que las elecciones educativas de las familias, en beneficio de una planificación unilateral, lo pone en evidencia.

¿Qué acciones piensan desarrollar en lo sucesivo para frenar este atropello?

Seguimos con concentraciones, que ahora serán a las puertas del Senado, que es el próximo trámite parlamentario, las quedadas digitales, las concentraciones en las puertas de los centros los miércoles, a la finalización de la actividad educativa y, finalmente, el día 20 de diciembre tendremos otra movilización con coches por todo el país.

¿Ven ustedes alguna posibilidad de cambio de postura en este Ejecutivo o más bien creen que para ellos es una finalidad capital utilizar el sistema educativo para sus propósitos de modificación sistémica de las condiciones sociológicas y culturales?

Mientras haya alguna opción de modificación de la ley nosotros estamos obligados a dar la batalla. Se lo debemos a tantos ciudadanos que creen en la libertad de enseñanza y que entienden que son ellos quienes deben elegir la educación de sus hijos, sea en centros de titularidad pública o en concertados con uno u otro ideario.

No obstante, debemos de ser conscientes de que ya hay muchos objetivos que se han ido cumpliendo, como provocar un debate social, que el Gobierno quería hurtarnos aprobando una ley en plena pandemia; que ese debate, que está en la calle y en los medios, sea con argumentos, y no con clichés, prejuicios y desinformación como ha intentado el Gobierno una vez que no ha tenido más opción que entrar en ese debate indeseado por ellos; que los demás partidos políticos hayan entendido que la libertad de enseñanza es un tema capital y hayan manifestado su compromiso en llevar la ley al Tribunal Constitucional y derogarla nada más les sea posible con un cambio de Gobierno; que las CCAA sean conscientes de que si, aprovechando la aplicación de la ley, atacan a la concertada, van a tener en frente a una parte numerosa e importante de la sociedad que no permanecerá callada;…

Si no conseguimos que la ley se retire en beneficio de una ley de consenso, o al menos que se minimicen sus ataques a la libertad de enseñanza, pretendemos que al menos el día de su aprobación sea el día de la cuenta atrás de su fecha de caducidad.

¿Quiere añadir algo más?

Un par de cosas. Por un lado, me preocupan aquellas comunidades autónomas que están diciéndole a los padres que no se preocupen, porque allí no van a aplicar la ley. En primer lugar, porque es una ley orgánica y mucha de su regulación no depende de las comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, porque estamos en época de Gobiernos inestables, que pueden cambiar por un puñado de votos o necesitar coaliciones forzadas. Esto mismo decían en la  Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja, y en los últimos años se han convertido precisamente en los sitios en los que se están quitando unidades concertadas con demanda social para llenar centros públicos sin demanda. Así que cero confianzas.

Otra cosa es que ésta es, sin duda alguna, la peor ley educativa de la democracia. Lo es por el momento elegido para su planteamiento, en plena pandemia; por las formas utilizadas, desoyendo la demanda de consenso manifestada por la sociedad, con una ley que ni siquiera ha permitido el diálogo y ha obviado a la comunidad educativa; y, por el contenido, con una vuelta atrás revanchista hacia la redacción original de la fracasada LOE, catorce años después.

Por ello, esto nos afecta a todos los ciudadanos, también a quienes no tienen hijos o los tienen ya fuera del sistema educativo: porque afecta a la libertad, afecta a la educación y afecta a la democracia. Una escuela que no es plural, una escuela monocorde, nos llevará a una sociedad sensiblemente menos democrática, con menos capacidad crítica, más adoctrinable, menos libre… Lo que nos estamos jugando es, ni más ni menos, que el modelo de sociedad democrática del futuro.