Hubo un tiempo en el que como contraposición a la injustificada reivindicación de los nacionalistas que pedían el derecho a decidir, yo, como alavés de pura cepa y raigambre, exigía el derecho a decidir de los alaveses sobre si  seguir en Euskadi o a salirse a consecuencia de  una deriva independentista basada en sofismas y adoctrinamientos varios.

Como pueden suponer, el caso que me hicieron unos, los nacionalistas, y otros, los cómplices por pasividad de éstos, era más o menos el que le prestamos a una persona que va hablando sola por la calle.

Y sin embargo, ese planteamiento engañoso y falsario que actualmente capitanean el nacionalismo catalán y los advenedizos a la idea, resulta un sarcástico timo de la estampita. ¿Qué es el derecho a decidir? ¿Quién es el sujeto activo de ese derecho? ¿Sobre qué se puede decidir y sobre qué no? ¿Quién lo determina? Nos encontramos en una nebulosa en la que los tramposos y sofistas se llevan detrás a una masa aborregada asimilada a los roedores que seguían a Hamelín y su flauta mágica.

A mí se me ocurre un repertorio de preguntas para que el pueblo español, único sujeto de soberanía según la Constitución Española, se pronuncie. Si alguien tiene el derecho a decidir este es el pueblo español. Y, si se les diera algún día, en una renuncia imperdonable del Estado, el derecho a decidir a Vascos o Catalanes, o a ambos a la vez, yo, ciudadano español, exigiría inmediatamente un referendum donde se hicieran, por ejemplo, las siguientes preguntas:

¿Debe el Estado aplicar el artículo 155 de la Constitución a aquellas comunidades que planteen la independencia, o subviertan el orden constitucional?

¿Acepta usted el procesamiento judicial a aquellos gobernantes autonómicos que de forma sediciosa y dolosa incumplan la legislación vigente y las resoluciones judiciales?

¿Debe el Estado recuperar las competencias de Educación y Policía conferidas a las Comunidades Autónomas? ¿Cuál debe ser la forma del Estado, unitario o federal?

¿Se debe reducir el peso del Estado, centralizando competencias, a fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles y asegurar así la viabilidad económica del Estado, la igualdad de todos los españoles y la unidad de España?

¿Debe el Estado financiar a los partidos políticos y organizaciones sindicales, o subvenir a sus gastos mediante las cuotas de sus afiliados y donaciones?

¿Se debe reformar la jurisdicción penal a los efectos de sancionar de forma ejemplarizante a los políticos corruptos?

¿Le parece a usted bien que se separe de la actividad docente a aquellos profesores que tengan o hayan tenido connivencia con el terrorismo, bien por estar incursos en antecedentes penales o por haber militado en organizaciones que hayan pertenecido al entramado de ETA?

¿Debe ser el castellano (el español) lengua obligatoria en todo el territorio español; y, en su caso, deben ser voluntarias las lenguas de ámbito autonómico, como en la II República?

Habría muchas preguntas más, pero no cabe ninguna duda de que mi derecho a decidir sobre lo que quiero determinar para el futuro de mis descendientes no se va a respetar. Por tanto, ¿por qué he de aceptar yo un derecho a decidir de unos señores que lo plantean  sin ningún fundamento jurídico, antropológico o histórico?  ¿Por qué he de ser yo complaciente con sus mentiras y falsedades palmarias?

Alguien tiene que desmontar esa falacia del derecho a decidir, y puesto que Rajoy y su gobierno siguen en un estado contemplativo, los ciudadanos que no tragamos esta rueda de molino deberíamos movilizarnos para impedirlo.

He dicho.           

www.educacionynacionalismo.com