Polémica sobre los epidemiólogos
El juez Luis Ángel Garrido saca los colores al colectivo de epidemiólogos y éstos dicen que su profesión requiere “toda una vida” de formación
El pasado lunes 8 de febrero, en una tertulia de Radio Popular de Bilbao, el juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Luis Ángel Garrido, responsable de la medida cautelar que, en contra de lo marcado por el Ejecutivo autonómico, ha permitido que la hostelería pueda reabrir en todos los municipios de la comunidad, sacaba los colores al colectivo de epidemiólogos, de quienes afirmaba que no proporcionan “ningún valor añadido al trabajo”.
El magistrado explicaba en esta intervención radiofónica que, en su opinión, “para decir que para que el virus se reduzca hay que quedarse en casa, no hay hablar con nadie y que no hay que ir a ningún espectáculo cultural ni hacer nada de nada, para decir eso… ya lo sabían en la Edad Media”. Y añadía: “El epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo” (…) “No hay doctorado de esto”.
Ante estas afirmaciones, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha emitido un comunicado en el que rechaza “las desafortunadas afirmaciones del juez” y exige una rectificación de estas. Los epidemiólogos consideran que lo declarado por el magistrado supone “un desconocimiento y una falta de respeto hacia una profesión que requiere toda una vida de formación”.
La SEE recuerda que “entre quienes se dedican a la epidemiología no sólo hay personas con formación de base en medicina, sino también con otras formaciones como, por ejemplo, farmacia, enfermería, estadística, sociología, psicología, nutrición o terapia ocupacional, entre otras”.
Los epidemiólogos también señalan que las palabras del juez Garrido tal vez son “un ejemplo de atrevimiento en el que se ignora la técnica y la metodología que llevan a recomendar unas medidas u otras en función del análisis de la situación, y en donde no sólo intervienen epidemiólogos sino también salubristas”. Y recuerdan al final de su comunicado que “las decisiones son adoptadas no por las personas que están en puestos técnicos, sino por quienes ejercen la responsabilidad última y tienen la legitimidad democrática para hacerlo”.
El pasado lunes 8 de febrero, en una tertulia de Radio Popular de Bilbao, el juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Luis Ángel Garrido, responsable de la medida cautelar que, en contra de lo marcado por el Ejecutivo autonómico, ha permitido que la hostelería pueda reabrir en todos los municipios de la comunidad, sacaba los colores al colectivo de epidemiólogos, de quienes afirmaba que no proporcionan “ningún valor añadido al trabajo”.
El magistrado explicaba en esta intervención radiofónica que, en su opinión, “para decir que para que el virus se reduzca hay que quedarse en casa, no hay hablar con nadie y que no hay que ir a ningún espectáculo cultural ni hacer nada de nada, para decir eso… ya lo sabían en la Edad Media”. Y añadía: “El epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo” (…) “No hay doctorado de esto”.
Ante estas afirmaciones, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha emitido un comunicado en el que rechaza “las desafortunadas afirmaciones del juez” y exige una rectificación de estas. Los epidemiólogos consideran que lo declarado por el magistrado supone “un desconocimiento y una falta de respeto hacia una profesión que requiere toda una vida de formación”.
La SEE recuerda que “entre quienes se dedican a la epidemiología no sólo hay personas con formación de base en medicina, sino también con otras formaciones como, por ejemplo, farmacia, enfermería, estadística, sociología, psicología, nutrición o terapia ocupacional, entre otras”.
Los epidemiólogos también señalan que las palabras del juez Garrido tal vez son “un ejemplo de atrevimiento en el que se ignora la técnica y la metodología que llevan a recomendar unas medidas u otras en función del análisis de la situación, y en donde no sólo intervienen epidemiólogos sino también salubristas”. Y recuerdan al final de su comunicado que “las decisiones son adoptadas no por las personas que están en puestos técnicos, sino por quienes ejercen la responsabilidad última y tienen la legitimidad democrática para hacerlo”.