El Estado de Derecho ha sido desmantelado
Cuatro, una de las televisiones subvencionadas por el Gobierno Sánchez para que realice la propaganda según conveniencia de Soros y del Foro Davos, después de una extensa información referida a las agresiones sufridas por Vox en Cataluña, ha terminado con la cantinela de “Vox, partido de ultraderecha”.
Es evidente que esa arbitraria catalogación política no fundamentada en ningún elemento objetivo de la taxanomía política, tiene, en el contexto de la información, el propósito de justificar de alguna manera la acción coercitiva y limitadora de los derechos fundamentales desarrollada por la turba al servicio de la Generalitat. De lo contrario, sobraría la calificación peyorativa, más aún cuando Vox ha sido, una vez más, la víctima de la intolerancia.
Es obvio que las instituciones catalanas y las que representan al Estado constitucional en este momento no solamente no hacen nada para impedir uno de los delitos más graves contra la democracia, que es que una de las candidaturas legales que concurren a unos comicios no pueda ejercer su libertad de tránsito libre por el territorio nacional, sino que, además, se impida a sus seguidores y electores poder recibir el mensaje político y las propuestas en el marco de la libre concurrencia electoral.
Hace tiempo que el Estado constitucional se ha convertido en un Estado “aconstitucional”, pues las libertades públicas y políticas están sojuzgadas en la práctica. Cuando el Estado y las fuerzas que deben impedir actos manifiestamente ilegales e inconstitucionales no lo hacen, la legitimidad del Estado de Derecho queda en suspenso. Lo sucedido el pasado fin de semana contempla posibles varias figuras delictivas como son:
- Concurrencia ilegal de personas que vulneran claramente las medidas contra la pandemia, sobre todo, tras la prohibición de una manifestación contra el Gobierno de Sánchez en Madrid que estaba prevista para el sábado día 6 de febrero;
- que, a la vez, atacan y agreden violentamente a los representantes de una fuerza política concurrente a las elecciones catalanas; que impide las libertades y derechos fundamentales, etc; sin una sola detención, creando miedo en los electores y condicionando las votaciones y su resultado;
- mientras se producen renuncias masivas motivadas en la configuración de las mesas electorales;
- mientras nada menos que el presidente del Gobierno de España invita a un voto masivo por correo comparando las elecciones catalanas con las que desalojaron a Trump en un contexto de claras dudas sobre la limpieza electoral en EE.UU, etc...
Algo muy grave está sucediendo en el Régimen político español inaugurado en 1978. No ofrece duda de que la situación es todo menos normal, y no hay condiciones ni garantías de ningún orden para la legitimación de estas elecciones, y deben ser suspendidas hasta que la normalidad permita hacerlas.
La democracia no solamente debe ser justa y sujeta al marco de garantías constitucionales y al Estado de Derecho, sino también parecerlo. Y, en este momento, el sistema no soporta un mínimo análisis que asegure la limpieza de los procesos electorales.
La Constitución ha dejado de existir en el País Vasco y en Cataluña hace tiempo, y el Estado de Derecho, también. Demostrar este aserto es innecesario pues queda a la luz en toda su crudeza. La realidad es tozuda, y es que el actual Gobierno de la nación muestra al desnudo su carácter subversivo, en los márgenes del Estado de Derecho; y no defiende el marco de libertades y menos aún de la dfemocracia bajo unos principios mínimamente homologables.
De haberlo hecho hubiera evitado apoyarse en los que durante décadas dejaron a un territorio de España, el País Vasco, esquilmado y con los ciudadanos con sus libertades y derechos no solamente limitados sino secuestrados, con miles de personas asesinadas, heridas, perseguidas, expulsadas del ámbito vasco de ciudadanía, etc. Y no habría dado beneficios de todo orden a quienes fueron los ejecutores de un Estado de excepción permanente de limitación de derechos fundamentales que ha permitido que el nacionalismo gobierne como si fuera su coto particular de caza, de forma despótica y privando, con la ayuda de los socialistas y demás izquierda, de forma ilegal, de derechos básicos como el de elegir la lengua cooficial, de entre las dos existentes, para que los hijos de sus ciudadanos se eduquen en la lengua materna abrumadoramente mayoritaria, sin discriminación. Al igual, precisamente que en Cataluña.
Hace tiempo que el Estado de Derecho ha sido desmantelado. No nos debemos hacer trampas en el solitario. Las elecciones no sirven para nada, pues el “Estado profundo” decide por nosotros quién ha de gobernar y quién no ha de tener la posibilidad de ser alternativa de Gobierno. A los hechos me remito.
Cuatro, una de las televisiones subvencionadas por el Gobierno Sánchez para que realice la propaganda según conveniencia de Soros y del Foro Davos, después de una extensa información referida a las agresiones sufridas por Vox en Cataluña, ha terminado con la cantinela de “Vox, partido de ultraderecha”.
Es evidente que esa arbitraria catalogación política no fundamentada en ningún elemento objetivo de la taxanomía política, tiene, en el contexto de la información, el propósito de justificar de alguna manera la acción coercitiva y limitadora de los derechos fundamentales desarrollada por la turba al servicio de la Generalitat. De lo contrario, sobraría la calificación peyorativa, más aún cuando Vox ha sido, una vez más, la víctima de la intolerancia.
Es obvio que las instituciones catalanas y las que representan al Estado constitucional en este momento no solamente no hacen nada para impedir uno de los delitos más graves contra la democracia, que es que una de las candidaturas legales que concurren a unos comicios no pueda ejercer su libertad de tránsito libre por el territorio nacional, sino que, además, se impida a sus seguidores y electores poder recibir el mensaje político y las propuestas en el marco de la libre concurrencia electoral.
Hace tiempo que el Estado constitucional se ha convertido en un Estado “aconstitucional”, pues las libertades públicas y políticas están sojuzgadas en la práctica. Cuando el Estado y las fuerzas que deben impedir actos manifiestamente ilegales e inconstitucionales no lo hacen, la legitimidad del Estado de Derecho queda en suspenso. Lo sucedido el pasado fin de semana contempla posibles varias figuras delictivas como son:
- Concurrencia ilegal de personas que vulneran claramente las medidas contra la pandemia, sobre todo, tras la prohibición de una manifestación contra el Gobierno de Sánchez en Madrid que estaba prevista para el sábado día 6 de febrero;
- que, a la vez, atacan y agreden violentamente a los representantes de una fuerza política concurrente a las elecciones catalanas; que impide las libertades y derechos fundamentales, etc; sin una sola detención, creando miedo en los electores y condicionando las votaciones y su resultado;
- mientras se producen renuncias masivas motivadas en la configuración de las mesas electorales;
- mientras nada menos que el presidente del Gobierno de España invita a un voto masivo por correo comparando las elecciones catalanas con las que desalojaron a Trump en un contexto de claras dudas sobre la limpieza electoral en EE.UU, etc...
Algo muy grave está sucediendo en el Régimen político español inaugurado en 1978. No ofrece duda de que la situación es todo menos normal, y no hay condiciones ni garantías de ningún orden para la legitimación de estas elecciones, y deben ser suspendidas hasta que la normalidad permita hacerlas.
La democracia no solamente debe ser justa y sujeta al marco de garantías constitucionales y al Estado de Derecho, sino también parecerlo. Y, en este momento, el sistema no soporta un mínimo análisis que asegure la limpieza de los procesos electorales.
La Constitución ha dejado de existir en el País Vasco y en Cataluña hace tiempo, y el Estado de Derecho, también. Demostrar este aserto es innecesario pues queda a la luz en toda su crudeza. La realidad es tozuda, y es que el actual Gobierno de la nación muestra al desnudo su carácter subversivo, en los márgenes del Estado de Derecho; y no defiende el marco de libertades y menos aún de la dfemocracia bajo unos principios mínimamente homologables.
De haberlo hecho hubiera evitado apoyarse en los que durante décadas dejaron a un territorio de España, el País Vasco, esquilmado y con los ciudadanos con sus libertades y derechos no solamente limitados sino secuestrados, con miles de personas asesinadas, heridas, perseguidas, expulsadas del ámbito vasco de ciudadanía, etc. Y no habría dado beneficios de todo orden a quienes fueron los ejecutores de un Estado de excepción permanente de limitación de derechos fundamentales que ha permitido que el nacionalismo gobierne como si fuera su coto particular de caza, de forma despótica y privando, con la ayuda de los socialistas y demás izquierda, de forma ilegal, de derechos básicos como el de elegir la lengua cooficial, de entre las dos existentes, para que los hijos de sus ciudadanos se eduquen en la lengua materna abrumadoramente mayoritaria, sin discriminación. Al igual, precisamente que en Cataluña.
Hace tiempo que el Estado de Derecho ha sido desmantelado. No nos debemos hacer trampas en el solitario. Las elecciones no sirven para nada, pues el “Estado profundo” decide por nosotros quién ha de gobernar y quién no ha de tener la posibilidad de ser alternativa de Gobierno. A los hechos me remito.
