Al menos 83 Gobiernos en todo el mundo han usado la pandemia de Covid-19 para justificar violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, según Human Rights Watch. Las autoridades han atacado, detenido, procesado y, en algunos casos, asesinado a críticos, dispersado protestas pacíficas, cerrado medios de comunicación y promulgado leyes imprecisas para criminalizar expresiones que, según sostienen, amenazan la salud pública.

Según HRW, las víctimas incluyen a periodistas, activistas, trabajadores de la salud, grupos políticos de oposición y otros actores que han criticado la respuesta de esos gobiernos al coronavirus.

“Los Gobiernos deben combatir el Covid-19 alentando a las personas a usar mascarillas, no a callarse”, expresó Gerry Simpson, director asociado de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Cuando se golpea, detiene, procesa y censura a críticos pacíficos se violan numerosos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, al tiempo que no se hace nada para prevenir la pandemia”.

Los Gobiernos y otras autoridades estatales deben poner fin de inmediato a las restricciones excesivas a la libertad de expresión supuestamente impuestas para prevenir la propagación del Covid-19, y exigir que los responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos rindan cuentas, expresó Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha analizado las respuestas de Gobiernos nacionales de todo el mundo a la pandemia de Covid-19 y ha concluido que la injerencia ilegítima en la libertad de expresión ha sido una de las formas más comunes en las que se han extralimitado. En algunos países, las violaciones fueron limitadas. En otros, como China, Cuba, Egipto, India, Rusia, Turquía, Venezuela y Vietnam, los abusos gubernamentales afectaron a cientos o miles de personas.

Entre ellas está Zhang Zhan, de 37 años, quien practica periodismo ciudadano y fue condenada a cuatro años de prisión por un tribunal de Shangái en diciembre de 2020 por “incitar peleas y provocar desorden”, puesto que había viajado a Wuhan en febrero de 2020 e informado desde allí sobre el brote de coronavirus. Según indicó su abogado, los funcionarios han alimentado a Zhang de manera forzosa desde que inició una huelga de hambre poco después de ser detenida en mayo, y su estado salud se está deteriorando.

“Vivo cada día atemorizada”, expresó Zhang antes de que la condenaran. “Siento miedo cuando un oficial del Ejército me amenaza. O cuando la policía me dice que podrían golpearme hasta matarme. O cuando algún amigo me advierte que el Departamento de Seguridad Nacional está tras de mí. … Yo solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”.

Human Rights Watch identificó las siguientes tendencias:

• Las fuerzas militares y policiales en al menos 18 países han agredido físicamente a periodistas, blogueros y manifestantes, incluyendo personas que criticaron la respuesta de las autoridades al Covid-19, como la falta de fondos suficientes para la atención de la salud, las medidas de confinamiento y la escasez de mascarillas y guantes para los trabajadores de la salud. Los abusos incluyen el uso de municiones reales contra manifestantes pacíficos, golpizas a manifestantes en puestos de control y agresiones durante la detención, al parecer con absoluta impunidad. En la mayoría de los casos, las fuerzas implicadas manifestaron que estaban velando por el cumplimiento de las normas relacionadas con el Covid-19. En Uganda, las fuerzas de seguridad también mataron a decenas de manifestantes.

• Las autoridades de al menos 10 países han prohibido o dispersado de manera arbitraria protestas organizadas en rechazo a la respuesta gubernamental al Covid-19. En algunos de estos casos, citaron la necesidad de mantener el distanciamiento social o invocaron el Covid-19 como pretexto para dispersar protestas y otros encuentros de tono crítico contra políticas del gobierno que no estaban relacionadas con el coronavirus. En todos los casos, las autoridades intervinieron pese a haber permitido otros encuentros multitudinarios.

• Desde enero de 2020, los gobiernos de al menos 24 países han promulgado leyes imprecisas y medidas que criminalizan la difusión de información supuestamente errónea acerca del Covid-19 u otro tipo de cobertura sobre la pandemia u otras crisis de salud pública que, según sostienen las autoridades, amenazan el bienestar del público. Para los gobiernos es fácil utilizar leyes imprecisas como herramientas de represión. Al menos cinco países también han criminalizado la publicación de información supuestamente errónea sobre una variedad de otros temas, incluida la salud pública.

• En por lo menos 51 países, las autoridades han usado leyes y reglamentaciones adoptadas para prevenir la propagación del Covid-19 –así como medidas previas a la pandemia, contra el terrorismo y de otras índoles– para interceptar de manera arbitraria, detener y procesar a personas que critican las respuestas de los gobiernos al coronavirus o políticas que no guardan relación con la pandemia, lo cual ha dado lugar a la imposición de multas y penas de prisión. Entre quienes han sido blanco de estas medidas se incluyen periodistas, blogueros y otras personas que realizan publicaciones en línea; figuras y activistas opositores; manifestantes; académicos; trabajadores de la salud; estudiantes; abogados; caricaturistas, y artistas.

• Valiéndose tanto de nuevas leyes como de leyes previas a la pandemia, o incluso sin invocar ley alguna, al menos 33 gobiernos han amenazado a críticos, en algunos casos con la posibilidad de persecución penal, si critican la respuesta de las autoridades a la pandemia. Ocho de esos países investigaron, amenazaron y despidieron a personal sanitario por haber hablado públicamente sobre la respuesta de las autoridades a la pandemia. Al menos ocho países también han suspendido o restringido el derecho a solicitar y recibir información de las autoridades, incluso sobre cuestiones de salud pública. Al menos 12 países han bloqueado informes periodísticos específicos relacionados con el Covid-19 o han cerrado medios por su cobertura de la pandemia.