¿Totalitarismo biosanitario en Galicia?
El PP abre la puerta a la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19
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La reforma de la Ley de Salud de Galicia, promovida directamente por el PP y no por el Gobierno de esta región (para evitar los preceptivos informes jurídicos), dota a la Junta de la base legal necesaria para poder aplicar sin problemas restricciones en la movilidad, aprobar confinamientos o cuarentenas forzosas de infectados. Pero lo más importante es que esta norma aprobada por el partido de Alberto Núñez Feijóo marca las bases necesarias para poder obligar a la población a vacunarse.
Con respecto a esta cuestión, en el documento publicado por la Junta de Galicia, la no vacunación se cataloga dentro del apartado de "infracciones leves". Es decir, no ponerse la inyección, en la mayoría de los casos (y siempre que así lo consideren las autoridades sanitarias), implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros. Y se define de la siguiente manera: "Negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley".
Ahora bien, a pesar de que este apartado en la gran mayoría de casos está contemplado como leve, hay un punto en el que la sanción podría ser mucho más elevada. Tal y como reza el texto, en la sección de "infracciones graves", se establece que la negativa a someterse a la inyección podría ser incluida en este apartado "cuando pueda suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave". Es decir, bajo este supuesto, no vacunarse implicaría una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.
El problema radica en que en ningún momento se especifica qué tipo de acciones acarrearían esta sanción mayor. Si bien en el apartado de infracciones "muy graves" se puede leer que un sanitario que no se somete a cuarentena puede alcanzar una sanción muy alta, con respecto a la no vacunación las cosas no están claras. Aunque hay un elemento que sí resulta evidente: la voluntad liberticida del Gobierno regional del PP de castigar legalmente la negativa de un ciudadano a vacunarse.
La reforma de la Ley de Salud de Galicia, promovida directamente por el PP y no por el Gobierno de esta región (para evitar los preceptivos informes jurídicos), dota a la Junta de la base legal necesaria para poder aplicar sin problemas restricciones en la movilidad, aprobar confinamientos o cuarentenas forzosas de infectados. Pero lo más importante es que esta norma aprobada por el partido de Alberto Núñez Feijóo marca las bases necesarias para poder obligar a la población a vacunarse.
Con respecto a esta cuestión, en el documento publicado por la Junta de Galicia, la no vacunación se cataloga dentro del apartado de "infracciones leves". Es decir, no ponerse la inyección, en la mayoría de los casos (y siempre que así lo consideren las autoridades sanitarias), implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros. Y se define de la siguiente manera: "Negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley".
Ahora bien, a pesar de que este apartado en la gran mayoría de casos está contemplado como leve, hay un punto en el que la sanción podría ser mucho más elevada. Tal y como reza el texto, en la sección de "infracciones graves", se establece que la negativa a someterse a la inyección podría ser incluida en este apartado "cuando pueda suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave". Es decir, bajo este supuesto, no vacunarse implicaría una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.
El problema radica en que en ningún momento se especifica qué tipo de acciones acarrearían esta sanción mayor. Si bien en el apartado de infracciones "muy graves" se puede leer que un sanitario que no se somete a cuarentena puede alcanzar una sanción muy alta, con respecto a la no vacunación las cosas no están claras. Aunque hay un elemento que sí resulta evidente: la voluntad liberticida del Gobierno regional del PP de castigar legalmente la negativa de un ciudadano a vacunarse.