Los servicios jurídicos de Vox han presentado ante los juzgados de Primera Instancia de San Sebastián un escrito de conciliación previa a la interposición de querella contra el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), presidido por Consuelo Ordóñez.

La amenaza de querella está motivado por la publicación en la web "Observatorio del terrorismo", dependiente de Covite, un artículo firmado por Cristina y Rogelio Ariza Castro, en el que se vincula a la formación política presidida por Santiago Abascal con hechos delictivos de carácter terrorista que nada tienen que ver ni geográfica, ni políticamente con Vox, "mostrando una clara intención de dañar la imagen de una formación que ha condenado siempre la violencia".

Según informa Vox, "la manipulación es tan burda que llega a relacionar los crímenes de Anders Breivik con los principios políticos de Vox, a pesar de que los crímenes se cometieran dos años antes de la fundación de Vox y de que no exista vínculo alguno".

Según la formación de Santiago Abascal, el mismo informe establece también acusaciones calumniosas contra Vox al definir la ideología de esta formación, dentro del marco de un grupo de partidos europeos como: “una ideología política que se centra en uno o más de los siguientes elementos: nacionalismo, fascismo, racismo, antisemitismo, antiinmigración, machismo, nativismo y/o xenofobia”.

Desde el departamento jurídico de esta formación política se considera injuriosa la mera inclusión de su nombre en un informe sobre temática terrorista y deberá ser corregido de inmediato. La formación liderada por el vasco Santiago Abascal, que durante décadas estuvo amenazado por la banda terrorista ETA, explica que "la equiparación de Vox con algunas de las organizaciones mencionadas en el informe es un daño intencionado de la imagen de la tercera fuerza política que representa a cuatro millones de votantes y denigra la honorabilidad de esta formación política".

Por estos motivos, desde Vox se ha solicitado a los juzgados de Primera Instancia de San Sebastián que se celebre un acto de conciliación previa a la interposición de querella por un presunto delito de injurias y calumnias contra el “Observatorio del terrorismo” y contra Cristina y Rogelio Ariza Castro, todos ellos con domicilio en la sede del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).

Según Vox, y tras la negativa al acto de conciliación, "continúa el proceso judicial que derivará en una querella contra el Colectivo por sus inaceptables descalificaciones contra esta formación política".

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, desde hace algún tiempo, y más concretamente desde que Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, ofreciera públicamente su apoyo electoral a la ya desaparecida formación UPyD, han sido varias las decisiones que han despertado un fuerte malestar entre numerosas víctimas asociadas al Colectivo, que consideran que éste se encuentra cada vez más mediatizado por el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.