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Pedro Chacón
Martes, 09 de Marzo de 2021 Tiempo de lectura:

Un vasco en el 23-F

A raíz del reciente 40 aniversario del 23-F, con todo el revuelo de la prensa recordando aquella efeméride, destaca un hecho generalmente inadvertido que, no obstante, resulta muy aprovechable para esta sección: uno de los treinta y tres encausados por aquel casposo y extemporáneo asalto al Congreso de los Diputados era de apellido vasco, un teniente –esta era su graduación de entonces– de la Guardia Civil llamado Vicente Carricondo.

 

El apellido Carricondo aparece en el Nomenclátor de apellidos vascos de Euskaltzaindia y se propone Karrikondo como su grafía correcta en eusquera. Si consultamos en la página web del Instituto Nacional de Estadística, Carricondo tiene 796 portadores como primer apellido y 736 como segundo y ninguno de ellos están ni en el País Vasco ni en Navarra. Lo cual no quiere decir que no tenga ningún portador en dichas provincias. Debido al secreto estadístico que sigue el INE, se opta por no mostrar la provincia en el caso de que haya solo cuatro o menos portadores de un apellido en la misma.

 

Donde sí sabemos que está Carricondo es en otras veinte provincias españolas. En las que más en Barcelona, Almería, Alicante y Granada por este orden. Donde menos en Castellón, Ciudad Real, Córdoba y Toledo. Quiere decirse, por tanto, que sin lugar a dudas Carricondo es un apellido español, solo que de origen vasco. La versión eusquérica Karrikondo no aparece en ninguna provincia. Lo más probable es que no haya ningún portador con dicha grafía, pero siempre a salvo de esos cuatro portadores máximo, debido a ese secreto estadístico del que hemos hablado antes. En el caso de este apellido con razón de más que no haya ningún Karrikondo, porque todos los portadores de la versión Carricondo están fuera de las provincias vascas y de Navarra.

 

Que alguien con apellido vasco interviniera en un proceso de regresión al régimen anterior de dictadura, o al menos a un régimen político intervenido militarmente, rompiendo con la todavía frágil democracia salida de la Constitución de 1978, resulta raro. Sobre todo, habida cuenta de que los principales causantes de aquella asonada, por percutir constantemente sobre las fuerzas de seguridad y los militares para conseguir su reacción en contra –el año 80 batió el récord con 93 víctimas mortales-, fueron los terroristas de ETA, muchos con apellidos eusquéricos. Es por eso que tendemos a relacionar los apellidos eusquéricos solo con posicionamientos nacionalistas o de izquierdas. Pero hete aquí que uno de los asaltantes del Congreso aquel 23 de febrero de 1981 era un teniente de la guardia civil apellidado Carricondo.

 

Frente a quienes pretenden relacionar los apellidos eusquéricos con una única ideología, o como mucho con dos, socialismo y nacionalismo, habría que recordar los apellidos eusquéricos de los que fueron ministros con Franco: Abárzuza (Marina), Arburúa (Comercio), Arrese (Movimiento), Galarza (Gobernación), Garicano (Gobernación) Iturmendi (Justicia), Lequerica (Asuntos Exteriores) y Bilbao Eguía (Justicia y presidente de las Cortes durante 22 años). Sin olvidarnos de que la música del “Cara al Sol”, himno de Falange de las JONS, es de Juan Tellería Arrizabalaga, que también compuso los himnos de la División Azul, de la “Vieja Guardia” de FET y de las JONS y del Frente de Juventudes y que está enterrado en Zegama, en pleno Goyerri guipuzcoano, de donde era natural.

 

Y frente a quienes quieren hacernos creer que nuestro régimen autonómico actual, desde el Estatuto de Autonomía de 1979, es consecuencia directa del pacto entre Indalecio Prieto (PSOE) y José Antonio Aguirre (PNV) para conformar el primer estatuto vasco de la historia en octubre de 1936, mientras en Burgos las derechas se conjuraban para acabar con la República, habría que recordarles que las derechas fueron las protagonistas exclusivas de todo el régimen foral del siglo XIX, entre 1808 y 1876, antecedente directo del actual autonomismo, cuando socialismo y nacionalismo todavía ni existían. Del mismo modo que las derechas fueron las que pusieron en marcha en 1878 el régimen de conciertos económicos que conocemos hoy en el País Vasco.

 

Para muchos, la derecha actual, y no digamos ya la llamada “ultraderecha”, son perfectamente equiparables a las que posibilitaron la dictadura de Franco tras tumbar a la Segunda República en una cruel guerra civil de tres años. Este es el propósito de lo que se viene llamando “memoria histórica”, artefacto ideológico desplegado por primera vez de manera efectiva en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mediante la ley de dicho nombre, aprobada en 2007. La idea estaba clara: resucitar la Guerra Civil y la posguerra, que habían sido postergadas desde el inicio de la Transición, gracias al espíritu de concordia desplegado por Adolfo Suárez y que tuvo su símbolo en la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977. Rescatando aquel conflicto fratricida, se ponía a la derecha en la tesitura de tener que identificarse con sus ancestros ideológicos que se sublevaron contra el régimen republicano en 1936. Todo ello acompañado de una glorificación de la Segunda República como régimen democrático intachable y para nada sectario. La “memoria histórica” convierte a Franco en el culpable de todos los males, con el argumento irrefutable de que él había sido el desencadenante del conflicto, al sublevarse contra un régimen legalmente establecido. Y al mismo tiempo que se le hacía responsable de todo, se le descalificaba también en la misma medida, convirtiéndolo en una suerte de despojo humano sin virtud alguna, sin capacidad alguna, ni siquiera la militar, puesto que la victoria se la habrían dado hecha entre Alemania e Italia. Aquí tampoco cuenta la no intervención de Gran Bretaña y Francia en favor de la República, cuestión decisiva que incluso a juicio del propio Manuel Azaña, explicaba mejor que ninguna otra la derrota final del régimen presidido por él mismo.

 

La política actual, con PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno central, continúa la estrategia iniciada en 2007 con la “memoria histórica”, anulando por completo cualquier intento de relato alternativo al del nacionalismo, tras el fin de la violencia terrorista de ETA en 2011. De ese modo, ETA habría sido una continuación por otros medios de la reacción democrática contra la violencia fascista iniciada con el golpe de 1936. El PSOE, de esta manera, colabora eficazmente al blanqueamiento de la banda terrorista, contribuyendo ahora, desde el Gobierno, al acercamiento de presos a cárceles próximas al País Vasco, algo que se verá culminado en breve por la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco de coalición entre PNV y PSE. Momento a partir del cual los presos de la banda terrorista lo tendrán mucho más fácil para ir amortiguando las penas que les queden por cumplir.

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