Luisa quería escolarizar a su hijo en un colegio público con modelo A, es decir con todas las asignaturas en español y el euskera como asignatura. Pero no encontró ningún colegio público que ofertase ese modelo. Desde Educación le dijeron que o llevaba a su hijo a una escuela con modelo D, con inmersión obligatoria en euskera, o la Administración no le escolarizaría. Finalmente, Luisa, coordinadora de la Asociación Hablamos Español en Guipúzcoa, matriculó al niño en un centro concertado, donde alguna asignatura se imparte en español, pero esta escuela estaba lejos de casa. Mientras que el centro público lo tenía a cinco minutos andando, el concertado se encontraba a 15 kilómetros, por lo que solicitó una ayuda para transporte escolar que le fue denegada porque el niño no estaba escolarizado en un centro público.

Ante esta situación, la familia recurrió a los tribunales y, ahora, éstos les han dado la razón en una sentencia que sienta precedente en la que el juez explica que tienen derecho a la ayuda, ya que se vieron obligados acudir a un centro concertado por no disponer de enseñanza en español en la escuela pública. El transporte cuesta a la familia 120 euros al mes. El juzgado obliga, además, al Gobierno Vasco (PNV-PSE) a reintegrar a estos padres todo lo gastado desde el inicio del curso y a costear los gastos del juicio.