El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley orgánica de regulación de la eutanasia con 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN, Foro Asturias) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe).

Según la ley pergeñada por neocomunistas, nacionalistas, independentistas y golpistas, la eutanasia y el suicidio asistido estarán disponible en el Sistema Nacional de Salud no solo para los enfermos “terminales o incurables”. La discapacidad o una enfermedad psiquiátrica también será un motivo para poder pedir la “prestación de ayuda a morir”, ya que la ley reconoce ese derecho a aquellas personas que sufren “un padecimiento crónico e imposibilitante” o “una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables”. Además, la norma prevé que en aquellos casos en los que el paciente “no se encuentre en pleno uso de sus facultades”, será “el médico” el que podrá presentar la solicitud de eutanasia a través “del testamento vital o de un documento equivalente legalmente” suscrito por el enfermo con anterioridad.

La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir "tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos".

El Comité de Bioética de España ya ha explicado en un rotundo informe que “existen sólidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Y ello no solo por razones del contexto social y sanitario, sino, más allá, por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía. El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo. Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”.

Para el Comité de Bioética, “la eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”.

“La protección integral y compasiva de la vida nos lleva a proponer la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario. Ello, junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir, ética y socialmente, el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública.Lo dicho, además, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna. Responder con la eutanasia a la ‘deuda’ que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y la solidaridad intergeneracional”.