Según informa la revista francesa Valeurs Actuelles y diversos medios de comunicación italianos, una investigación policial de este país acusa a tres ONG de colaborar con el tráfico marítimo de inmigrantes. En un documento de 650 páginas elaborado por la Policía italiana a las órdenes del juez Maurizio Agnello de Trapani (Sicilia) se detallan los presuntos delitos que habrían sido llevados a cabo por organizaciones como Médicos sin Fronteras (MSF), Save the Children y Jugend Rettet en sus tareas de "rescate" en el Mediterráneo desarrolladas a lo largo de los últimos tres años.

El informe es claro: las organizaciones "de rescate" han forjado vínculos privilegiados con grupos de traficantes para ser advertidos con tiempo de la llegada de embarcaciones de inmigrantes, y así ser los primeros en llegar a su encuentro. Y todo esto, desafiando la ley marítima: cuando un barco se cruza con otro en peligro, está obligado a avisar al centro de operaciones de salvamento ubicado en Roma.

Así, gracias a los datos GPS enviados por los traficantes que se embolsan millones de euros a costa de los migrantes, las ONG intervienen muy pronto, a veces incluso en aguas territoriales libias. En algunas imágenes que acompañan a la investigación policial, obtenidas por policías infiltrados en las operaciones y reproducidas algunas de ellas por La Repubblica, pueden verse a traficantes azotando a los migrantes para obligarlos a permanecer quietos y callados. En las fotografías, miembros de Save the Children están presentes durante algunas de estas escenas, pero permanecen impasibles. La asociación británica rechaza las acusaciones. MSF va aún más lejos al acusar a las autoridades italianas de querer "criminalizar" los rescates en el mar.

Tras la investigación policial, el juez Maurizio Agnello ha acusado a 21 personas que se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión. La mitad de los acusados son ciudadanos italianos, aunque también hay alemanes, españoles, franceses, belgas y británicos. Las personas imputadas recibieron recibieron las conclusiones de los investigadores el pasado 2 de marzo de 2021 y tienen veinte días para comunicar su respuesta al fiscal, quien luego redactará la acusación.

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