Según una extensa investigación realizada por el periódico The Epoch Times, el papel de la ONU en la política de inmigración está creciendo en todo el mundo con la puesta en marcha de una “Red para la Migración” en docenas de países para facilitar los grandes flujos migratorios globales. Esta telaraña global de acciones promigrantes, dirigida por una gigantesca coalición de agencias de la ONU y de oenegés pertenecientes a la sociedad civil que actúan bajo la órbita de Naciones Unidas, se ha diseñado para apoyar la aplicación del controvertido “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” (GCM), adoptado por la ONU y más de 150 de sus estados miembros en diciembre de 2018. El principal objetivo de este acuerdo: facilitar la expansión de lo que la ONU describe como “migración regular”, proporcionando más vías legales para los inmigrantes que buscan reasentarse en países como Estados Unidos. Bien es cierto que EEUU, bajo el mandato de Donald Trump, no participó en esta estrategia, pero ahora eso parece estar cambiando. Según se explica desde la Red de Naciones Unidas sobre Migración, bajo la nueva Administración izquierdista de Joe Biden, “el Gobierno de Estados Unidos ha asistido a varias revisiones regionales del GCM, revisando el progreso de la implantación del pacto en todas las regiones del mundo”. “Esto es estupendo porque, aunque Estados Unidos no habló de ningún progreso, dijo que se comprometería mucho más y que está reconsiderando todas las discusiones, y que está dispuesto a participar mucho más en estos foros”.

Hasta el momento, la Administración Biden no ha dado ningún paso concreto para adherirse al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, rechazado por su predecesor, pero sus acciones al respecto han sido elogiadas por la ONU y su Organización Internacional para las Migraciones, que lidera la promoción del GCM. “La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aplaude los planes del presidente Joe Biden en cuanto al abordaje de los agentes impulsores de la migración y a los avances para lograr que la migración en la región sea segura, ordenada y regular”, dijo la organización la ONU en un comunicado emitido a principios de febrero en el que se utilizaba el lenguaje preciso del pacto migratorio mundial. Las acciones ejecutivas de la Administración Biden en materia de inmigración “brindan el marco adecuado para la expansión de los mecanismos de reasentamiento, asilo y protección de los refugiados”, añadió la OIM de la ONU en referencia a las órdenes de Biden que aumentan el límite de inmigrantes de menos de 20.000 al año a más de 120.000. La agencia de la ONU también se jactó de haber “asistido a los Estados Unidos con el procesamiento de casos, con evaluaciones de la salud previas a la partida, orientación cultural y transporte” de los migrantes de Centroamérica. “La OIM expresa su deseo de trabajar junto a la administración Biden para (…) promover las oportunidades positivas e impactos de la migración regular sobre las familias y las comunidades y sociedades con las cuales están asociados”.

Según explica Alex Newman en un reciente artículo publicado en The Epoch Times, tan pronto como Biden asumió el cargo, la ONU sugirió que el Gobierno de Estados Unidos debía volver a participar en los planes internacionales de la ONU sobre migración mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de hecho, emitió un comunicado el primer día que Biden asumió el cargo, en el que expresaba su esperanza de que la nueva administración se uniera al GCM. “Esta asociación es necesaria ahora más que nunca, ya que buscamos proporcionar asistencia, protección y soluciones sostenibles al desplazamiento de un número récord de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares como resultado de un conflicto, violencia o desastre, o que están emigrando con la esperanza de encontrar una vida mejor para ellos y sus familias”, decía el comunicado emitido por la oficina de Guterres.

Durante la Administración Trump, que pretendía reducir la inmigración ilegal y algunas formas de inmigración legal en Estados Unidos para favorecer los programas basados en el mérito, los planes de la ONU por impulsar su participación en la política migratoria recibieron un espaldarazo. Todo ello, representó una clara ruptura con la Administración Obama, que en 2016 desempeñó un papel clave en la Declaración de Nueva York de la ONU para los Refugiados y los Migrantes, que finalmente condujo a la negociación del GCM en una cumbre celebrada en diciembre de 2018 en Marruecos. Trump criticó el plan. De hecho, un contundente comunicado publicado por el Departamento de Estado estadounidense el 7 de diciembre de 2018, tachó el GCM como un flagrante ataque a la soberanía, añadiendo que era algo inaceptable para Estados Unidos. “El Pacto y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que pidió el desarrollo del Pacto y se compromete a ‘fortalecer la gobernanza mundial’ para la migración internacional, contienen metas y objetivos que son inconsistentes e incompatibles con la ley, la política y los intereses del pueblo estadounidense”, dijo entonces el Departamento de Estado, añadiendo que el Gobierno de Estados Unidos se oponía y no se vincularía al acuerdo de la ONU.

“Estados Unidos proclama y reafirma su creencia de que las decisiones sobre cómo asegurar sus fronteras, y a quién admitir para la residencia legal o conceder la ciudadanía, se encuentran entre las decisiones soberanas más importantes que un Estado puede tomar, y no están sujetas a negociación, o revisión, en los instrumentos internacionales”, continuaba el comunicado, añadiendo que el gobierno estadounidense mantendría el derecho soberano a controlar sus fronteras. Más allá de eso, la Administración Trump advirtió de que los planes de la ONU representaban un intento de la ONU “de avanzar en la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados a gestionar sus sistemas de inmigración de acuerdo con sus leyes, políticas e intereses nacionales”.

“Aunque Estados Unidos honra las contribuciones de los muchos inmigrantes que ayudaron a construir nuestra nación, no podemos apoyar un ‘Pacto’ o proceso que imponga o tenga el potencial de imponer directrices, normas, expectativas o compromisos internacionales que puedan limitar nuestra capacidad de tomar decisiones en el mejor interés de nuestra nación y de nuestros ciudadanos”, dijo el Departamento de Estado antes de esbozar un gran número de críticas específicas al GCM. Entre otras preocupaciones, la Administración Trump explicó que el pacto de la ONU era una amenaza para la libertad de expresión, la aplicación de la ley de inmigración, los trabajadores estadounidenses e incluso para una comprensión adecuada de los “derechos”.

Siguiendo el ejemplo de Trump, decenas de naciones y Gobiernos decidieron no adoptar el pacto de la ONU, entre ellos Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Austria, Israel, Brasil, la República Dominicana, Letonia, Polonia, Australia, Suiza, la República Checa, Croacia y Chile, entre otros. “No puede ser (…) que se adopten formulaciones que quizás o posiblemente puedan interpretarse en el sentido de que la migración puede ser un derecho humano”, argumentó entonces el vicecanciller austriaco Heinz-Christian Strache. “Eso no puede ni debe ser así”. Otros líderes europeos advirtieron que los planes de la ONU agravarían la crisis migratoria en Europa y fomentarían aún más la migración masiva.

Al final, solo unos 150 gobiernos —en su mayoría gobiernos de naciones emisoras y no receptoras de migrantes— se adhirieron al pacto.

Tal y como explica The Epoch Times, como parte de la aplicación del GCM, la ONU ha creado hasta ahora “Redes de Migración” en unos 40 países de todo el mundo. En un comunicado, un representante especial adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la red coordinaría el apoyo de la ONU para “mejorar la gobernanza de la migración en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, también denominados Agenda 2030 de la ONU, representan un plan global integral para reformar la gobernanza y la economía para que estén más en línea con lo que la ONU considera sostenible. El Partido Comunista Chino se jactó de haber desempeñado un “papel crucial” en el plan de los ODS, que, según los dirigentes de la ONU, representa un “plan maestro para la humanidad” que “transformará nuestro mundo”. De hecho, al frente de las redes para la migración de la ONU, se encuentran varias agencias clave de la ONU, entre ellas varias dirigidas por funcionarios chinos leales a Pekín.

En una entrevista telefónica con The Epoch Times, el director de prensa de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), Ira Mehlman, dijo que la ONU no debe involucrarse en las discusiones políticas estadounidenses sobre la migración. “Estas son cuestiones de política interna”, dijo. “Cada nación debe tomar estas decisiones basándose en sus propios criterios”.

Otro experto en la materia y activista desde hace mucho tiempo a favor de un mayor control de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, William Gheen, de Americans for Legal Immigration PAC, también criticó los planes de la ONU.

“El pueblo estadounidense debe resistirse a estos programas de las Naciones Unidas porque están diseñados para facilitar y aumentar la dañina inmigración legal e ilegal del tercer mundo hacia Estados Unidos y Europa como parte de un plan más amplio para abrumar a nuestras naciones y forzar a los estadounidenses a una forma de gobierno global que estará dominada por China”, argumentó. La identidad nacional, las fronteras, la independencia y las libertades de las que disfrutan los estadounidenses son un gran obstáculo para “los socialistas, los comunistas, las corporaciones globales y los multimillonarios que creen que deben poder gobernar y dictar por decreto”, dijo. Sin embargo, al importar rápidamente millones de personas del extranjero sin entender la Constitución estadounidense y la Carta de Derechos, Estados Unidos está siendo “conquistado” por lo que Gheen describió como “una guerra de cuarta generación respaldada por la ONU”.

Una nueva pero influyente voz en la escena de la política de inmigración, la fundadora de Angel Families of America, Agnes Gibboney, una inmigrante legal cuyo hijo fue asesinado por un inmigrante ilegal previamente deportado, también criticó los planes de la ONU y la migración masiva hacia Estados Unidos.

“Somos una nación soberana y debemos decidir nuestras propias leyes, políticas y todos los aspectos de nuestra inmigración, no los países extranjeros”, dijo, y añadió que la ONU “no debe desempeñar ningún papel en las políticas de inmigración de Estados Unidos”.

“Los problemas en otro país es donde hay que resolverlos, no en el nuestro”, dijo Gibboney, cuya familia huyó del régimen comunista en Hungría a través de Brasil antes de encontrar finalmente el camino a Estados Unidos legalmente.

En España, y a excepción de Vox, todos los partidos políticos han abrazado la Agenda 2030 como hoja de ruta para todas las políticas públicas: Mariano Rajoy protagonizó la recepción en 2015. Ana Pastor, en su papel de presidenta del Congreso, en 2018, se comprometió a que el Parlamento “juegue el papel que tiene asignado en la implementación y supervisión de la agenda”. Y el resto de partidos políticos ya han incorporado los objetivos de la agenda a sus programas electorales, "aunque Podemos y el PSOE son los que marcan el liderazgo moral e intelectual, la verdad", se señala desde la formación de Santiago Abascal, que añade que  "quien en la esfera pública no abraza esta Agenda, corre el riesgo de ser arruinado, humillado o marginalizado".

"La Agenda 2030 aspira a lograr el mito del hombre nuevo por medio de la educación para la ciudadanía global, donde las personas son vistas en igualdad con los animales, que pueden ser amansados y pastoreados", según el senador de Vox por Andalucía, Jacobo González-Robatto. Para González-Robatto,  la Agenda 2030, "desprecia e ignora el valor del patriotismo; la defensa de la Nación; la seguridad de las fronteras; el derecho a nacer; la familia tradicional; y el derecho a convertir en propiedad privada los frutos del trabajo. Es un secuestro de la libertad política colectiva". Y añade: "travestida en un lenguaje políticamente correcto, humanitario, ecologista, feminista, inclusivo y sostenible, (la Agenda 2030) desprecia la realidad social y la naturaleza humana, convirtiéndose en un documento ideológico diseñado para favorecer el mundialismo progresista bajo la hegemonía cultural de las doctrinas del neo-marxismo".