"Potenciada por la Generalitat y en connivencia con ésta"
Cataluña / Un informe advierte de que la violencia independentista ha creado una "dinámica de odio" que puede destruir la democracia
![[Img #19834]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2021/6913_violencia-cataluna.png)
El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, ha emitido su tercer informe que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en Cataluña durante el año 2020. La investigación revela que en el periodo de tiempo estudiado se ha constatado "la consolidación de un modelo de violencia política, los estallidos recurrentes en torno a acontecimientos puntuales que cumplen la función de detonantes al servicio de la estrategia del independentismo para desestabilizar el marco social e institucional. Se puede afirmar que este patrón de violencia sostenida con picos de caos social es la forma que ha tomado el procès tras fracasar el golpe institucional de 2017".
El estudio concreta que en Cataluña se produjeron 380 actos de violencia política durante el año 2020. El 91,84% de estas agresiones tuvieron una tienen autoría independentista. Para los autores de este trabajo, "nos enfrentamos a una violencia estructural que se ha transmitido de manera consciente a una sociedad intoxicada por un discurso totalitario, letal para un modelo de sociedad que respete los derechos de todos. Es una realidad violenta que no sólo es ignorada y ocultada por las instituciones catalanas, sino que es potenciada por estas. Es un hecho innegable la connivencia de los poderes públicos de Cataluña con esta marea de intransigencia y odio".
Los responsables del análisis explican que la Generalidad "no sólo no deslegitima la violencia, sino que cuestiona a las propias fuerzas de seguridad dependientes de ella y que a través de sus medios de comunicación públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, lanza las consignas victimistas habituales y las coartadas morales pertinentes que son semilla y aliento de las sucesivas olas de graves desórdenes sufridas en las calles de Cataluña".
La investigación también concluye señalando que hay una connivencia y una colaboración necesarias que no se limitan al gobierno de la Generalidad, sino que se extiende a todo el arco parlamentario que lo sustenta, "dominado por las formaciones políticas independentistas que riegan con la gasolina de sus resoluciones el fuego de las calles de Cataluña y se niegan a condenar la violencia de los CDR".
"La Generalitat de Cataluña ha utilizado de manera sistemática y sectaria las instituciones al servicio de su proyecto de ruptura. En este contexto, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos (ODCiP) de la Generalitat ha ignorado la mayoría de los actos de violencia callejera y de acoso a los políticos, entidades y ciudadanos particulares contrarios a la secesión sucedidos en sus sucesivos informes y ha cumplido de manera sistemática su función como think tank para la creación de un marco teórico y una narrativa que justifiquen la estrategia y actuaciones del independentismo, incluida la violencia proveniente del ámbito secesionista y la vulneración de derechos civiles, amenazas, agresiones y delitos de odio contra todo aquel que se oponga a este discurso".
El informe concluye advirtiendo sobre una realidad enquistada y un futuro incierto y amenazante que es urgente cambiar. "Nos enfrentamos a una dinámica de odio que es una realidad palpable para los ciudadanos. Una realidad que, de no ser reconducida desde las instituciones del Estado, acabará destruyendo de manera inevitable nuestro modelo de convivencia y nuestra democracia".
El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, ha emitido su tercer informe que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en Cataluña durante el año 2020. La investigación revela que en el periodo de tiempo estudiado se ha constatado "la consolidación de un modelo de violencia política, los estallidos recurrentes en torno a acontecimientos puntuales que cumplen la función de detonantes al servicio de la estrategia del independentismo para desestabilizar el marco social e institucional. Se puede afirmar que este patrón de violencia sostenida con picos de caos social es la forma que ha tomado el procès tras fracasar el golpe institucional de 2017".
El estudio concreta que en Cataluña se produjeron 380 actos de violencia política durante el año 2020. El 91,84% de estas agresiones tuvieron una tienen autoría independentista. Para los autores de este trabajo, "nos enfrentamos a una violencia estructural que se ha transmitido de manera consciente a una sociedad intoxicada por un discurso totalitario, letal para un modelo de sociedad que respete los derechos de todos. Es una realidad violenta que no sólo es ignorada y ocultada por las instituciones catalanas, sino que es potenciada por estas. Es un hecho innegable la connivencia de los poderes públicos de Cataluña con esta marea de intransigencia y odio".
Los responsables del análisis explican que la Generalidad "no sólo no deslegitima la violencia, sino que cuestiona a las propias fuerzas de seguridad dependientes de ella y que a través de sus medios de comunicación públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, lanza las consignas victimistas habituales y las coartadas morales pertinentes que son semilla y aliento de las sucesivas olas de graves desórdenes sufridas en las calles de Cataluña".
La investigación también concluye señalando que hay una connivencia y una colaboración necesarias que no se limitan al gobierno de la Generalidad, sino que se extiende a todo el arco parlamentario que lo sustenta, "dominado por las formaciones políticas independentistas que riegan con la gasolina de sus resoluciones el fuego de las calles de Cataluña y se niegan a condenar la violencia de los CDR".
"La Generalitat de Cataluña ha utilizado de manera sistemática y sectaria las instituciones al servicio de su proyecto de ruptura. En este contexto, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos (ODCiP) de la Generalitat ha ignorado la mayoría de los actos de violencia callejera y de acoso a los políticos, entidades y ciudadanos particulares contrarios a la secesión sucedidos en sus sucesivos informes y ha cumplido de manera sistemática su función como think tank para la creación de un marco teórico y una narrativa que justifiquen la estrategia y actuaciones del independentismo, incluida la violencia proveniente del ámbito secesionista y la vulneración de derechos civiles, amenazas, agresiones y delitos de odio contra todo aquel que se oponga a este discurso".
El informe concluye advirtiendo sobre una realidad enquistada y un futuro incierto y amenazante que es urgente cambiar. "Nos enfrentamos a una dinámica de odio que es una realidad palpable para los ciudadanos. Una realidad que, de no ser reconducida desde las instituciones del Estado, acabará destruyendo de manera inevitable nuestro modelo de convivencia y nuestra democracia".
