Pedro Sánchez cumple otra de las promesas que hizo al PNV para ganarse su apoyo a la presidencia del Gobierno. La Comisión Mixta de Transferencias, que es el órgano que establece las normas conforme a las que se transfieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Guernica, ha certificado el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, así como de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales existentes, de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de instituciones penitenciarias.

Esto significa que el Gobierno autonómico asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (Guipúzcoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a las personas encarceladas.

Según datos del Ejecutivo autonómico, actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en estas prisiones.

La transferencia será efectiva a partir del próximo 1 de octubre. Cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al Gobierno central, y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.

El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales, en su mayor parte funcionarios, que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones.

El traspaso total de esta competencia se valora en 1.120.933.225 euros.

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, tras la recepción de esta transferencia, el Gobierno de Iñigo Urkullu  implementará un "Modelo Penitenciario Vasco" que afectará especialmente a numerosos presos de la banda terrorista ETA y que se construirá sobre tres pilares fundamentales:

* Potenciación de las penas y medidas en medio abierto. Según el Gobierno Vasco, "en medio abierto las penas son menos dañosas para la libertad de las personas, evitan los efectos perjudiciales del encarcelamiento, y son más eficaces y eficientes para lograr finalidades preventivas y re-insertadoras".

* Construcción de una Red de Reinserción Vasca. "Una red que realice una atención individualizada intensiva y que ayude a las personas internas a lograr situarse en condiciones de acabar su condena en régimen abierto y en libertad condicional".

* Orientación del internamiento penitenciario a la reinserción, "diseñando un modo de vida que huya de la función exclusivamente punitiva en un marco adecuado para favorecer itinerarios de reinserción social".

Además, y según la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el Gobierno Vasco tratará de "mejorar y reforzar el carácter resocializador de las prisiones”.