Cuando está a punto de cumplirse un año de la detención del presunto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha emitido un comunicado en el que exije detener su extradición a Estados Unidos.

En un auténtico acto de rendición ante la dictadura chavista, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha emitido un comunicado en el que exige que se detenga el proceso «de inmediato», alegando que se trata de un «diplomático» que ha sido sometido a una «ilegal detención». La postura cómplice de la ONU tiene un largo historial. Basta con haberle dado un asiento en el Consejo de Derechos Humanos a Venezuela, cuyo régimen es acusado de crímenes de lesa humanidad. También Irán, China, Rusia y Corea del Norte han tenido voz en esta instancia para hablar sobre derechos humanos.

La comunicación oficial firmada por los "relatores especiales" del Comité de Derechos Humanos sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, Helene Tigroudja y Arif Bulkan, ordena también a Cabo Verde, como Estado parte, a que adopte todas las medidas necesarias para «garantizar el acceso a atención médica adecuada» a Saab «preferiblemente por médicos independientes y especializados de su elección».

En los próximos días se cumple un año de la detención de Aléx Saab en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal, Cabo Verde, cuando el avión privado en el que viajaba aterrizó para repostar combustible con la intención de continuar su ruta a Irán. Estados Unidos tiene jurisdicción en el caso para pedir su extradición porque el dinero venezolano que Saab habría logrado lavar lo depositó en cuentas estadounidenses.

Según el calendario judicial, la Corte Constitucional de Cabo Verde ya debía haber decidido si lo deja en libertad o si lo entrega ala Administración de Drogas de EE. UU., para enfrentar en suelo norteamericano las acusaciones por su presunta participación en una megaoperación de lavado de activos –superior a los 350 millones de dólares– vinculada al chavismo. Sin embargo, el fiscal general de Cabo Verde, Luís José Landim, afirmó que cree que están “haciendo lo correcto” y señaló que el tema se resolverá a través de las leyes caboverdianas, sin “presiones externas”. “Siempre, desde el principio, hemos dicho que aplicamos la Ley de Cabo Verde, la Constitución, toda la ley aplicable, no la ley que se quiere imponer desde fuera o en cualquier otro lugar”.

En estos momentos, Saab se encuentra alojado en un exclusivo resort playero llamado Vila Verde, donde cumple la prisión domiciliaria concedida después de seis meses de reclusión en el penitenciario Terra Boa, según explica PanAm Post, citando a Infoabe. Mientras tanto, su familia se encuentra en Moscú.

El equipo de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, encabezado por el exjuez español Baltazar Garzón, espera que la Corte Constitucional de Cabo Verde se pronuncie en los próximos días sobre la apelación a la orden de extradición autorizada previamente.

Sus abogados insisten en que aún cuentan con “recursos adicionales” en caso de que la decisión de la Corte Constitucional sea adversa a su cliente, quien es solicitado por la Fiscalía Federal del Sur de Florida bajo acusaciones de corrupción y de lavado de dinero.