Pretende indicar lo que se puede decir y no decir de la reciente historia de España
El Gobierno neocomunista de PSOE y Podemos aprueba reescribir la historia reciente de España
El Gobierno neocomunista de Pedro Sánchez ha aprobado la que ha denominado nueva Ley de Memoria Democrática. Se trata de un texto que, una vez aprobado, sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero.
[*] Los suscriptores del Club de Lectores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar por los canales habituales una copia del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática
Estos son algunos de sus puntos más destacados:
Condena y repudia de lo que define como “golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura”.
Declara la ilegalidad de los tribunales y juicios, y la nulidad de determinadas condenas y sentencias dictadas durante la guerra y la dictadura. Se refiere en concreto a aquellas motivadas por razones “políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual”. Además, se reconoce el derecho a obtener una declaración moral e histórica pero no patrimonial del Estado de reparación y reconocimiento personal de las víctimas.
Auditoría e inventario de bienes expoliados por el “régimen franquista” por razones políticas, de conciencia e ideológicas.
Destaca el papel de las mujeres durante este periodo político. Se busca reparar la memoria de aquellas víctimas de la represión cuyo sufrimiento se agravó por su condición de mujeres; tanto por ser señaladas por sus compañeros o familiares como por haber sido condenadas por adulterio o interrupción voluntaria del embarazo. También aspira a reivindicar el rol del “movimiento memorialista”.
Búsqueda de desaparecidos y exhumación (en su caso) a cargo del Estado. El texto reivindica la responsabilidad del Estado para coordinar las operaciones en una planificación cuatrienal. Además, impulsa la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.
Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo. Se propone la creación de un fiscal de sala que identifique potenciales violaciones de los derechos humanos para investigar y abrir diligencias sobre crímenes cometidos durante la guerra, la dictadura y hasta 1978.
Creación de un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca. Se recogerán los archivos documentales desde el golpe de Estado hasta la proclamación de la Constitución en 1978.
Régimen sancionador de hasta 150.000 euros. Estipula un régimen sancionador que según el anteproyecto de ley era de entre 200 y 150.000 euros para infracciones leves, graves o muy graves. Son infracciones muy graves, por ejemplo, la destrucción de fosas o el menoscabo de los lugares de memoria democrática.
Extinción de fundaciones. Se modificará la ley de asociaciones y de fundaciones para que se puedan extinguir organizaciones “que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio
Resignificación del Valle de los Caídos y extinción de la Fundación de la Santa Cruz. Un futuro real decreto establecerá el marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos y definirá la fecha de entrada en vigor de esta fundación que concedía a los benedictinos la custodia del monumento. También se regularán lo que define como “lugares de Memoria Democrática”.
Actualización de los contenidos educativos para la ESO, Bachillerato y FP. El texto prevé que las administraciones educativas adopten medidas para poner en marcha formaciones, actualizaciones científicas, didácticas y pedagógicas sobre memoria democrática.
Retirada de “símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. El texto contempla que las administraciones “adoptarán las medidas oportunas para la retirada” de escudos, insignias, placas y otros elementos ubicados en el espacio público que “realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones” del régimen.
El Gobierno neocomunista de Pedro Sánchez ha aprobado la que ha denominado nueva Ley de Memoria Democrática. Se trata de un texto que, una vez aprobado, sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero.
[*] Los suscriptores del Club de Lectores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar por los canales habituales una copia del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática
Estos son algunos de sus puntos más destacados:
Condena y repudia de lo que define como “golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura”.
Declara la ilegalidad de los tribunales y juicios, y la nulidad de determinadas condenas y sentencias dictadas durante la guerra y la dictadura. Se refiere en concreto a aquellas motivadas por razones “políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual”. Además, se reconoce el derecho a obtener una declaración moral e histórica pero no patrimonial del Estado de reparación y reconocimiento personal de las víctimas.
Auditoría e inventario de bienes expoliados por el “régimen franquista” por razones políticas, de conciencia e ideológicas.
Destaca el papel de las mujeres durante este periodo político. Se busca reparar la memoria de aquellas víctimas de la represión cuyo sufrimiento se agravó por su condición de mujeres; tanto por ser señaladas por sus compañeros o familiares como por haber sido condenadas por adulterio o interrupción voluntaria del embarazo. También aspira a reivindicar el rol del “movimiento memorialista”.
Búsqueda de desaparecidos y exhumación (en su caso) a cargo del Estado. El texto reivindica la responsabilidad del Estado para coordinar las operaciones en una planificación cuatrienal. Además, impulsa la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.
Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo. Se propone la creación de un fiscal de sala que identifique potenciales violaciones de los derechos humanos para investigar y abrir diligencias sobre crímenes cometidos durante la guerra, la dictadura y hasta 1978.
Creación de un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca. Se recogerán los archivos documentales desde el golpe de Estado hasta la proclamación de la Constitución en 1978.
Régimen sancionador de hasta 150.000 euros. Estipula un régimen sancionador que según el anteproyecto de ley era de entre 200 y 150.000 euros para infracciones leves, graves o muy graves. Son infracciones muy graves, por ejemplo, la destrucción de fosas o el menoscabo de los lugares de memoria democrática.
Extinción de fundaciones. Se modificará la ley de asociaciones y de fundaciones para que se puedan extinguir organizaciones “que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio
Resignificación del Valle de los Caídos y extinción de la Fundación de la Santa Cruz. Un futuro real decreto establecerá el marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos y definirá la fecha de entrada en vigor de esta fundación que concedía a los benedictinos la custodia del monumento. También se regularán lo que define como “lugares de Memoria Democrática”.
Actualización de los contenidos educativos para la ESO, Bachillerato y FP. El texto prevé que las administraciones educativas adopten medidas para poner en marcha formaciones, actualizaciones científicas, didácticas y pedagógicas sobre memoria democrática.
Retirada de “símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. El texto contempla que las administraciones “adoptarán las medidas oportunas para la retirada” de escudos, insignias, placas y otros elementos ubicados en el espacio público que “realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones” del régimen.
