Más manifestaciones y menos autoridad
Algunos se asombran de la reiteración de botellones en plena pandemia del Covid-19 y la dificultad de su disolución. Y no sólo eso, sino también de la general agresividad de ciertos grupos cuando las fuerzas del orden intentan reconducir su actuación.
El balance, en estos y otros casos es bien sencillo: violencia contra la policía, agentes heridos y prácticamente ninguna detención entre los autores de los desmanes. La razón es la falta de respeto a la autoridad y la creencia de que todo son derechos, incluido el de enfrentarse con acometividad contra esa misma autoridad.
Eso sucede no solamente con algo aparentemente tan festivo como el botellón, sino que contamina a cualquier tipo de manifestaciones, desde las independentistas hasta las protestas por desahucios o cualquier otra causa por legítima que fuere.
Semejante conducta tampoco es patrimonio exclusivo de nuestro país, seguramente de los menos conflictivos si vemos lo que pasa en otras naciones democráticas con las rebeliones callejeras contra las restricciones impuestas por el coronavirus u otros motivos. La violencia urbana, en diferentes formas y maneras va desde Francia, en Europa, hasta Colombia y Chile, en Sudamérica, sin olvidar conocidos episodios letales en Estados Unidos.
El común denominador de todo ello, digo, es la difuminación del concepto de autoridad, cuando no de su desaparición por completo, gracias a esa moda sociocultural de lo woke, es decir de una inversión de valores por la que colectivos antes inexistentes tienen derechos que se niegan a las instituciones tradicionales, entre ellas la policía.
Por eso, quienes tienen todo que perder en un eventual choque callejero son las fuerzas del orden, cuya actuación será siempre cuestionada, mientras que los manifestantes gozan de una impunidad de hecho que no tendrá consecuencias. En esas condiciones, exigirle a un miembro de la ley que cumpla con su deber es problemático, pues siempre puede ser acusado de exceso de celo, mientras que su inacción no le será reprochada.
Así que, con más manifestaciones y menos autoridad, el listón de conductas inadmisibles irá subiendo hasta que el remedio sea peor que la enfermedad.
Algunos se asombran de la reiteración de botellones en plena pandemia del Covid-19 y la dificultad de su disolución. Y no sólo eso, sino también de la general agresividad de ciertos grupos cuando las fuerzas del orden intentan reconducir su actuación.
El balance, en estos y otros casos es bien sencillo: violencia contra la policía, agentes heridos y prácticamente ninguna detención entre los autores de los desmanes. La razón es la falta de respeto a la autoridad y la creencia de que todo son derechos, incluido el de enfrentarse con acometividad contra esa misma autoridad.
Eso sucede no solamente con algo aparentemente tan festivo como el botellón, sino que contamina a cualquier tipo de manifestaciones, desde las independentistas hasta las protestas por desahucios o cualquier otra causa por legítima que fuere.
Semejante conducta tampoco es patrimonio exclusivo de nuestro país, seguramente de los menos conflictivos si vemos lo que pasa en otras naciones democráticas con las rebeliones callejeras contra las restricciones impuestas por el coronavirus u otros motivos. La violencia urbana, en diferentes formas y maneras va desde Francia, en Europa, hasta Colombia y Chile, en Sudamérica, sin olvidar conocidos episodios letales en Estados Unidos.
El común denominador de todo ello, digo, es la difuminación del concepto de autoridad, cuando no de su desaparición por completo, gracias a esa moda sociocultural de lo woke, es decir de una inversión de valores por la que colectivos antes inexistentes tienen derechos que se niegan a las instituciones tradicionales, entre ellas la policía.
Por eso, quienes tienen todo que perder en un eventual choque callejero son las fuerzas del orden, cuya actuación será siempre cuestionada, mientras que los manifestantes gozan de una impunidad de hecho que no tendrá consecuencias. En esas condiciones, exigirle a un miembro de la ley que cumpla con su deber es problemático, pues siempre puede ser acusado de exceso de celo, mientras que su inacción no le será reprochada.
Así que, con más manifestaciones y menos autoridad, el listón de conductas inadmisibles irá subiendo hasta que el remedio sea peor que la enfermedad.
