Según informa La Voz de La Palma, el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por un presunto delito de incitación al odio y discriminación, además de por la difusión de noticias falsas que, según un informe de la Fiscalía General del Estado citado por este mismo periódico, pueden llegar a tipificarse como delitos de odio, de descubrimiento y revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos e injurias y calumnias.

La denuncia contra el presidente del Gobierno canario es una respuesta a varias declaraciones públicas de éste sobre su intención de discriminar a los no vacunados vetándoles la entrada en espacios interiores y definiéndolos como "un potencial peligro para el resto de las personas porque la contagiosidad está ahí, precisamente en las personas no vacunadas".

Según los demandantes, estas declaraciones del Presidente del Gobierno canario son especialmente graves en sí mismas y en cuanto están pronunciadas por quién debería ser garante de la convivencia pacífica, de la paz social y no un elemento que crispe el difícil equilibrio de la armonía entre los ciudadanos, sobre todo si lo hace con argumentos imprecisos y generadores de innecesaria incertidumbre. 

"La admisión a trámite de la denuncia es un gran avance hacia el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", explica la abogada Cristina Armas. "Las declaraciones realizadas por el presidente de la Comunidad Autónoma, además de una manifiesta irresponsabilidad, pueden ser constitutivas de un delito de odio y discriminación contra los ciudadanos que en el ejercicio legítimo de su derecho a la integridad personal, a la vida y a la libertad individual pueden decidir si se inoculan o no un medicamento de terapia génica que no ha sido aprobado a día de hoy y que se encuentra en fase experimental hasta 2023-2024".