A petición del TSJPV
El Tribunal Constitucional analizará la posible ilegalidad de la ley vasca que permite a los ayuntamientos dirigirse a los ciudadanos exclusivamente en euskera
“El castellano y las lenguas cooficiales deben pervivir en condiciones de equilibrio y no de preferencia o primacía de una de ellas, condiciones estas que de no respetarse afectan al acceso y ejercicio del funciones de representación de los ciudadanos”. Así se puede leer en el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que éste eleva al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del decreto del Gobierno Vasco de 2019 sobre normalización y uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales del País Vasco.
Tras una denuncia de Vox, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido trasladar al Tribunal Constitucional la norma aprobada en 2019 por PNV y EH Bildu que permite a las instituciones públicas vascas dirigirse a los ciudadanos exclusivamente en euskera, salvo que éstos indiquen explícitamente lo contrario.
En su denuncia, Vox señalaba que esta legislación comporta “un atropello lingüístico para los castellanoparlantes de la Comunidad Autónoma Vasca” toda vez que, través de ella, los Ayuntamientos vascos, si así lo deciden, “podrán comunicarse con sus vecinos exclusivamente en euskera”. “Si bien los ciudadanos afectados podrán elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quieren relacionarse con la Administración, ese derecho se ejercerá únicamente a posteriori, es decir, si son los propios vecinos los que solicitan el cambio de idioma. Esto significa que en la práctica se da carta blanca para eliminar el castellano de las comunicaciones entre Ayuntamientos y ciudadanos”, denunció en su momento Macarena Olona.
“Ha tenido que ser VOX el partido que ponga sobre la mesa una muestra más de la imposición del euskera, en este caso en la Administración vasca, pero también en el ámbito educativo, para el acceso a cualquier empleo público. Es un motivo de orgullo para el partido que recurrió el decreto en cuestión y que, de momento, ha visto avalada su posición por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”, se ha felicitado la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, tras tener conocimiento de la decisión del TSJPV.
Además, Martínez ha recordado que “recientemente este mismo Tribunal consideró ilegales los requisitos lingüísticos de una oposición para policía municipal en Irún al estimar que el nivel exigido de euskera discriminaban a las personas cuya lengua principal fuera el castellano y no tuvieran elevados conocimientos de la lengua vasca, además de estimar que para garantizar atender a la población en euskera no es preciso que todos y cada uno de los agentes sean vascoparlantes”.
Amaia Martínez ha mostrado su confianza en que la revisión del decreto a examen ahora por el TC anime a la de toda la ley de Entidades Locales del País Vasco, “discriminatoria del castellano, una norma más para privilegiar a una de las lenguas oficiales del País Vasco, el euskera, sobre la otra, el castellano, precisamente la que se habla mayormente en los hogares de esta región”.
Y en esa línea ha recordado “los pésimos resultados del Gobierno Vasco y de su política de imposición del euskera en las aulas, acreditado por diferentes estudios que desvelan que la política lingüística de los sucesivos ejecutivos nacionalistas está muy lejos de avanzar en el bilingüismo aunque sí ha logrado erradicar en la práctica el castellano del sistema educativo vasco, un objetivo prioritario del PNV desde hace décadas”.
“El castellano y las lenguas cooficiales deben pervivir en condiciones de equilibrio y no de preferencia o primacía de una de ellas, condiciones estas que de no respetarse afectan al acceso y ejercicio del funciones de representación de los ciudadanos”. Así se puede leer en el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que éste eleva al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del decreto del Gobierno Vasco de 2019 sobre normalización y uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales del País Vasco.
Tras una denuncia de Vox, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido trasladar al Tribunal Constitucional la norma aprobada en 2019 por PNV y EH Bildu que permite a las instituciones públicas vascas dirigirse a los ciudadanos exclusivamente en euskera, salvo que éstos indiquen explícitamente lo contrario.
En su denuncia, Vox señalaba que esta legislación comporta “un atropello lingüístico para los castellanoparlantes de la Comunidad Autónoma Vasca” toda vez que, través de ella, los Ayuntamientos vascos, si así lo deciden, “podrán comunicarse con sus vecinos exclusivamente en euskera”. “Si bien los ciudadanos afectados podrán elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quieren relacionarse con la Administración, ese derecho se ejercerá únicamente a posteriori, es decir, si son los propios vecinos los que solicitan el cambio de idioma. Esto significa que en la práctica se da carta blanca para eliminar el castellano de las comunicaciones entre Ayuntamientos y ciudadanos”, denunció en su momento Macarena Olona.
“Ha tenido que ser VOX el partido que ponga sobre la mesa una muestra más de la imposición del euskera, en este caso en la Administración vasca, pero también en el ámbito educativo, para el acceso a cualquier empleo público. Es un motivo de orgullo para el partido que recurrió el decreto en cuestión y que, de momento, ha visto avalada su posición por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”, se ha felicitado la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, tras tener conocimiento de la decisión del TSJPV.
Además, Martínez ha recordado que “recientemente este mismo Tribunal consideró ilegales los requisitos lingüísticos de una oposición para policía municipal en Irún al estimar que el nivel exigido de euskera discriminaban a las personas cuya lengua principal fuera el castellano y no tuvieran elevados conocimientos de la lengua vasca, además de estimar que para garantizar atender a la población en euskera no es preciso que todos y cada uno de los agentes sean vascoparlantes”.
Amaia Martínez ha mostrado su confianza en que la revisión del decreto a examen ahora por el TC anime a la de toda la ley de Entidades Locales del País Vasco, “discriminatoria del castellano, una norma más para privilegiar a una de las lenguas oficiales del País Vasco, el euskera, sobre la otra, el castellano, precisamente la que se habla mayormente en los hogares de esta región”.
Y en esa línea ha recordado “los pésimos resultados del Gobierno Vasco y de su política de imposición del euskera en las aulas, acreditado por diferentes estudios que desvelan que la política lingüística de los sucesivos ejecutivos nacionalistas está muy lejos de avanzar en el bilingüismo aunque sí ha logrado erradicar en la práctica el castellano del sistema educativo vasco, un objetivo prioritario del PNV desde hace décadas”.
