En un auto demoledor al que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, el juez que investiga la entrada del líder del Frente Polisario Brahim Gali en España ha rechazado archivar el caso, como solicitaba la Abogacía del Estado, en manos del Gobierno. El magistrado cuestiona los principales argumentos que la abogada del Estado esgrimía, entre ellos que se cumplió el Código Schengen para el control de fronteras europeas. En el procedimiento figura como investigada la exministra socialista de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.

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Las pruebas que maneja el juez han permitido confirmar que esa operación clandestina fue diseñada por el Gobierno para acoger secretamente a Brahim Gali, que desde hace varios años era objeto de investigaciones penales en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, entre otros. Gali llegó, acompañado de su hijo, en estado muy grave y fue ingresado con identidad falsa en el hospital de Logroño, con la implicación directa del Ejecutivo regional de la socialista Concha Andreu. 

Tal y como lo explica el diario ABC, el magistrado revela que no hay duda de que el Gobierno de Pedro Sánchez, con esa operación, cometió una "transgresión" del reglamento europeo de fronteras, el llamado Código Schengen. Gali y su hijo fueron introducidos sin someterlos a los preceptivos controles de pasaportes, y el único documento de identidad que quedó registrado –el que se usó para ingresarlo en el hospital de Logroño– era un pasaporte falso, en el que Gali se hizo pasar por un tal Mohamed Benbatouche, «embajador retirado». Ese falso pasaporte fue fabricado en Argelia el mismo día que Gali fue introducido en España junto a su hijo, el pasado 18 de abril. Por tanto, cuando el Gobierno de Sánchez ya había cerrado la operación clandestina para acoger clandestinamente a Gali, en coordinación con las autoridades argelinas.

Según el periódico madrileño, el juez advierte a la Abogacía del Estado, que ha tratado de paralizar este proceso de todas las formas posibles, que, en la legislación vigente, no hay un asidero capaz de justificar esa clandestina introducción de Gali en España, tampoco en el supuesto de «motivos humanitarios». Y es que –recuerda el juez–, el Código Schengen obliga a que en estos casos el Estado que acoge –en este caso España– comunique al resto de socios la identidad de la persona acogida. En este caso, indica Lasala, «se ha reconocido» que el Gobierno no lo quiso hacer, «de forma deliberada», con el fin garantizar la entrada clandestina de Gali. Con respecto a la utilización de pasaportes falsos, su señoría advierte de que ese delito no solo implica a Gali sino también «a quienes hubieran consentido la utilización de cualquier documentación falsificada».