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Miércoles, 23 de Julio de 2014 Tiempo de lectura:
La institución controlada por Bildu también concedió subvenciones y realizó contrataciones irregulares por un valor de 4.6 millones de euros

La Diputación Foral de Guipúzcoa adjudicó en 2012 a la Real Sociedad un millón de euros de una forma caprichosa y saltándose las normas de contratación administrativa

[Img #4660]La Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos de Bildu, adjudicó en el año 2012 a la Real Sociedad un millón de euros “sin que se respetaran los principios legales que deben regir la contratación administrativa”. Además, la institución foral acordó el abono de la prestación una vez realizada, sin mediar contratación previa y, lo que es peor, lo hizo por puro capricho, ya que no contaba con “ningún informe de valoración que justificara el importe abonado al adjudicatario por su labor de promoción del euskera, de los valores sociales y de la imagen del Territorio Histórico de Guipúzcoa”.

 

Así se desprende del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Foral de Guipúzcoa, correspondiente al año 2012, que acaba de hacer público el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

 

El TVCP también denuncia que durante ese periodo de tiempo la Diputación liderada por Martin Garitano contrató servicios y suministros por un valor de 3,6 millones de euros, “eludiendo los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación”. 

 

Por si todas estas irregularidades no fueran suficientes, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas del País Vasco también destaca negativamente que, en relación a las ayudas concedidas por la Diputación Foral de Guipúzcoa en 2012, se concedieron 1,6 millones de euros en subvenciones a entidades locales, empresas, instituciones sin ánimo de lucro y entidades públicas, “sin haber quedado suficientemente acreditado que concurran las causas previstas en la legislación que justifiquen el recurso a dicho procedimiento”.  

 

En otro orden de cosas, y en relación con los ingresos fiscales, el TVCP informa del incumplimiento del plazo máximo establecido en el Reglamento de Recaudación para la resolución de las solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias por 34,7 millones de euros, aproximadamente, lo que supone la no fijación de un plan de pagos ni la exigencia de las correspondientes garantías.  

 

El Tribunal también denuncia, en relación con los gastos de personal, la percepción del abono en diciembre 2012, tanto por el personal eventual como por los empleados funcionarios y laborales, del “Complemento Retributivo por pérdida del poder adquisitivo” de una mensualidad completa por importe de 5,2 millones de euros. De este modo, la Diputación controlada por Bildu incumplió el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativo a la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

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