Sin duda, basta que una idea lanzada al aire tenga fortuna para que se convierta en un totem  en el argumentario colectivo, aunque carezca de las mínimas bases de contraste y certidumbre.

Por ejemplo: en los últimos meses se emiten mensajes –siempre desde la izquierda- de que para resolver el problema catalán –los vascos afortunadamente hemos pasado a un plano secundario- hay que promover una España federal; o mejor dicho, para ser exactos, no se habla de España (tabú) sino del Estado; Estado federal.

Pero nadie nos dice su concepto de federalización del Estado, sobre lo que se entiende por Estado federal.

Desde el punto de vista de la ciencia política, Estado federal es el sumatorio de unos territorios con una trayectoria histórica previa que libre y voluntariamente acuerdan constituir un Estado federando a sus partes, es decir, articulando un poder central que arbitre y modere a los gobiernos de cada una de las partes. Ese es el caso de Estados Unidos de América (su nombre lo dice todo) o de Alemania, que englobó diferentes naciones históricas que durante el paso del tiempo se unieron, se dividieron y luego fueron de nuevo argamasados en una unidad federalizada.

Pero seamos claros: un Estado federal es una forma de gobierno donde las partes tienen la misma consideración y el mismo rango político en relación al Gobierno federal, donde no hay diferente trato para cada una de las partes. Si una unión de diferentes territorios se fundamenta en el diferente rango de autonomía y de derechos políticos según se trate de unos o de otros, aceptando los privilegios como pauta de funcionamiento y de tratamiento de la diversidad, ese Estado no es federal sino confederal, y en ese vicio está la adulteración de su concepto y su perversión de origen.

En un Estado federal cada una de sus partes tiene la misma consideración que el resto. No sería comprensible que el Estado de Sajonia tuviera más competencias y poderes que el Estado de Baviera, en Alemania, por poner un ejemplo. Todos los Estados tienen la misma consideración. ¿Alguien se podría imaginar que Cataluña o Euskadi aceptaran tener el mismo valor, los mismos poderes y las mismas competencias, que Extremadura, o que Murcia?  ¿Entonces cómo pretenden armonizar las aspiraciones secesionistas, basadas en el privilegio, con una fórmula federal del Estado? ¿No nos están dando gato por liebre?

En su propuesta de reforma, el  Partido Socialista admite cinco hechos diferenciales, lo cual es un oximorón,  pues un partido que tiene como paradigma la igualdad y como aspiración última una sociedad justa donde las personas sean libres, iguales e inteligentes –programa máximo- no puede aceptar, por ejemplo, que la lengua sea un punto de partida para el trato de favor; o las nacionalidades, bajo un pretexto artificioso; o la supuesta existencia político-histórica de determinados territorios sin el aval científico de la historiografía; o los derechos históricos de los territorios forales que son un residuo medieval y arcaizante. Para qué nos vamos a engañar con señuelos.  Este tipo de planteamientos es propio de partidos conservadores como el PNV, el Partido Carlista u otros, más situados en el siglo XVIII español que en el siglo XXI. Pero que lo plantee como doctrina universal, como elemento de fe cuasi-religiosa, un partido cuyos fundamentos de origen eran la emancipación de los trabajadores y el socialismo, es un sarcasmo que hiere la inteligencia.

Pero, incluso profesionales del periodismo de alto copete se están contagiando con el virus de la “negociación” para evitar el choque de trenes. ¿Pero qué se puede negociar con quien pretende romper el marco de convivencia, la soberanía de nacional, y la estructura política en la que se soporta indefectiblemente  el desarrollo económico y social del conjunto de los españoles? ¿Es que los catalanes no nacionalistas no tienen derecho a que se proteja su españolidad y se preserven sus libertades? ¿De qué se puede negociar y que reforma del Estado se puede hacer mediante la modificación de la Constitución para que las aspiraciones independentistas se vean garantizadas y así se sientan cómodos los que quieren romper  el marco de convivencia y entendimiento que nos dimos a la salida de  la Dictadura?  ¿Cómo es posible que desde un planteamiento serio de determinados medios de comunicación considerados sólidos y prestigiosos se pueda suponer que una reforma constitucional va a satisfacer a los rupturistas sin dejar tirados en la cuneta a la mayoría de los ciudadanos que lo único que persiguen es vivir en paz y libertad, sin convulsiones ni rupturas que se repitan cada treinta años? ¿Para vestir a un santo hay, necesariamente, que desvestir otro?

Es todo demasiado absurdo. Si hay choque de trenes será porque tiene que haberlo. Churchill decía que hay que construir la paz preparándose para la guerra.

Ceder continuamente a los chantajistas es la mejor manera de perpetuar el conflicto. A las pruebas de la historia reciente me remito.

España necesita un giro, es verdad, pero no en la dirección apuntada por los independentistas sino en la orientación contraria. Todos conocemos el caso de la gente camorrista de una sociedad que es la que aparece continuamente en los medios de comunicación, mientras que la gran mayoría de la población, la que hace avanzar las sociedades, es la masa anónima, la que no es noticia. Es a esta gente a la que hay que prestar atención, abordar sus necesidades, buscar su bienestar, no a los gritones, a los pendencieros. España necesita más bien una recentralización, sin menoscabo de atender a la diversidad y descentralizar administrativamente la gestión de sus intereses. Si fuera así no se darían circunstancias como que, por ejemplo, una ley como la LOMCE vaya a ser saboteada desde doce CC.AA, incluidas varias regentadas por el Partido Popular en clara insumisión al Gobierno de España. La gestión de una cuestión tan fundamental como la educación  no puede estar en manos de quien no acepta el Estado de Derecho y reniega  de un sistema unitario educativo, sin el cual, desde que el liberalismo existe en España, no puede existir un Estado. Es posible que desde determinadas concepciones se opine que la ley es nefasta, pero incumpliéndola no se soluciona nada. Que la cambien si es tan negativa.

Esto no es un país, es un cachondeo.

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