Madrid, ¿paraíso fiscal?
Todo es meterse con la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Lo hacen el Gobierno y sus aliados, claro. Porque Madrid está gobernada por el PP y porque económicamente va como un tiro, por supuesto, a diferencia de otras comunidades.
Esto viene a cuento de la reducción de impuestos que lleva a cabo Isabel Díaz Ayuso, la bestia negra de la izquierda, del nacionalismo y de otros congéneres. Y lo hace donde ha podido, es decir, en el tramo autonómico del IRPF y en los tributos cedidos a las autonomías.
Como gobierna la derecha, al ahorro económico se le llama de todo menos bonito. De ventajas de la capitalidad de Madrid, hablaba el valenciano Ximo Puig; de paraíso fiscal, lo califica Gabriel Rufián, de dumping fiscal, se atreve a motejarlo Íñigo Urcullu. La cosa es decir que con menos impuestos se trata de atraer inversiones y contribuyentes, más favorecidos en la capital y su provincia que en otra parte.
Si en vez de la derecha fuesen otros los que hiciesen eso, se hablaría en su caso de eficacia administrativa y de buena gobernanza económica, porque lo cierto es que Madrid, con todo es la segunda comunidad que más recauda y que aporta a las arcas comunes más que la mayoría de las autonomías.
Quienes la critican es que no saben hacer otra cosa que subir la fiscalidad y estrujar al contribuyente para mantener sus chiringuitos. Con las cifras en la mano, además, tenemos el ejemplo de Cataluña, que a parte de su propia presión presupuestaria recibe el doble de aportación del Estado que Madrid.
En el fondo de la crítica impositiva a la Comunidad madrileña subyace la cultura del gasto y la subvención con que mantenerlo, en vez de la eficacia de conseguir más con menos y recortar gastos superfluos y seducir a los ciudadanos con más dinero en su bolsillo y menos en las arcas públicas a costa de ellos.
La otra conclusión perversa de estas críticas injustificadas a la fiscalidad madrileña es la presunta igualdad —inexistente en otros parámetros, por supuesto— entre las diferentes autonomías. Pero se trata de igualarlas por abajo, en mediocridad e ineficacia, y no en una mejor gestión que beneficie a los ciudadanos, que es de lo que se trata.
Todo es meterse con la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Lo hacen el Gobierno y sus aliados, claro. Porque Madrid está gobernada por el PP y porque económicamente va como un tiro, por supuesto, a diferencia de otras comunidades.
Esto viene a cuento de la reducción de impuestos que lleva a cabo Isabel Díaz Ayuso, la bestia negra de la izquierda, del nacionalismo y de otros congéneres. Y lo hace donde ha podido, es decir, en el tramo autonómico del IRPF y en los tributos cedidos a las autonomías.
Como gobierna la derecha, al ahorro económico se le llama de todo menos bonito. De ventajas de la capitalidad de Madrid, hablaba el valenciano Ximo Puig; de paraíso fiscal, lo califica Gabriel Rufián, de dumping fiscal, se atreve a motejarlo Íñigo Urcullu. La cosa es decir que con menos impuestos se trata de atraer inversiones y contribuyentes, más favorecidos en la capital y su provincia que en otra parte.
Si en vez de la derecha fuesen otros los que hiciesen eso, se hablaría en su caso de eficacia administrativa y de buena gobernanza económica, porque lo cierto es que Madrid, con todo es la segunda comunidad que más recauda y que aporta a las arcas comunes más que la mayoría de las autonomías.
Quienes la critican es que no saben hacer otra cosa que subir la fiscalidad y estrujar al contribuyente para mantener sus chiringuitos. Con las cifras en la mano, además, tenemos el ejemplo de Cataluña, que a parte de su propia presión presupuestaria recibe el doble de aportación del Estado que Madrid.
En el fondo de la crítica impositiva a la Comunidad madrileña subyace la cultura del gasto y la subvención con que mantenerlo, en vez de la eficacia de conseguir más con menos y recortar gastos superfluos y seducir a los ciudadanos con más dinero en su bolsillo y menos en las arcas públicas a costa de ellos.
La otra conclusión perversa de estas críticas injustificadas a la fiscalidad madrileña es la presunta igualdad —inexistente en otros parámetros, por supuesto— entre las diferentes autonomías. Pero se trata de igualarlas por abajo, en mediocridad e ineficacia, y no en una mejor gestión que beneficie a los ciudadanos, que es de lo que se trata.
