Artículo de Amaia Martínez (Vox)
El Lehendakari pretende que los tribunales avalen su gestión autoritaria de la pandemia
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En el Pleno de Control celebrado en el Parlamento Vasco el pasado 26 de octubre, desde Vox preguntamos a la consejera Sagardui acerca de las medidas que el Gobierno Vasco pensaba adoptar para prevenir la llegada al País Vasco de una entonces hipotética sexta ola de contagios. Su respuesta fue hostil, negándose a ofrecer detalle alguno a la Cámara y, por extensión, a toda la ciudadanía vasca. Eso sí, entre descalificaciones descartó hacer nada para evitar lo que ahora se está produciendo.
Una vez más, el gabinete Urkullu hace gala de una absoluta incapacidad para adelantarse a los problemas derivados de la transmisión del Covid-19 entre la población. Una vez más hace de la improvisación su marca personal y de las restricciones de derechos fundamentales su única alternativa para gestionar la pandemia.
En esta ocasión, el Gabinete Urkullu y su Consejera de Salud intentan que el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco avale su forma de gestionar la actual crisis sanitaria, social y económica. Pretende que sean los tribunales quienes avalen medidas de marcado carácter autoritario como la imposición de la vacunación obligatoria, que es la traducción lógica de la obligación de disponer del Certificado Covid para acceder a locales de hostelería, ocio nocturno y restaurantes, también de eventos multitudinarios.
De seis olas pandémicas, este Gobierno no ha visto venir ni una sola, ni esta, ni las cinco anteriores. Y, en contra de toda lógica y de la opinión de expertos científicos, retrasa sin explicaciones la evaluación del trabajo realizado y de las decisiones tomadas hasta la fecha, siendo dicha evaluación crítica la única vía posible de mejora.
A finales del mes de octubre, Vox advirtió a la consejera Sagardui y al lehendakari Urkullu que sus amenazas de tiempos peores no hacían sino generar incertidumbre en sectores sociales y económicos que ya han sufrido mucho desde marzo de 2020. Buscamos certezas y obtuvimos descalificaciones, ni un solo anuncio de lo que estaba por llegar. Y las restricciones han llegado sin que antes el Gobierno hiciera nada para evitarlas.
Queremos transmitir todo nuestro apoyo a la hostelería, el ocio nocturno y a la restauración vascas, también a organizadores de eventos, empresas y personas que viven de ellos y que con el anuncio realizado hoy por la consejera de Salud ven en peligro su subsistencia a corto y medio plazo, sin que desde las administraciones se estén aportando ni certidumbres, ni seguridad ni soluciones.
En el Pleno de Control celebrado en el Parlamento Vasco el pasado 26 de octubre, desde Vox preguntamos a la consejera Sagardui acerca de las medidas que el Gobierno Vasco pensaba adoptar para prevenir la llegada al País Vasco de una entonces hipotética sexta ola de contagios. Su respuesta fue hostil, negándose a ofrecer detalle alguno a la Cámara y, por extensión, a toda la ciudadanía vasca. Eso sí, entre descalificaciones descartó hacer nada para evitar lo que ahora se está produciendo.
Una vez más, el gabinete Urkullu hace gala de una absoluta incapacidad para adelantarse a los problemas derivados de la transmisión del Covid-19 entre la población. Una vez más hace de la improvisación su marca personal y de las restricciones de derechos fundamentales su única alternativa para gestionar la pandemia.
En esta ocasión, el Gabinete Urkullu y su Consejera de Salud intentan que el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco avale su forma de gestionar la actual crisis sanitaria, social y económica. Pretende que sean los tribunales quienes avalen medidas de marcado carácter autoritario como la imposición de la vacunación obligatoria, que es la traducción lógica de la obligación de disponer del Certificado Covid para acceder a locales de hostelería, ocio nocturno y restaurantes, también de eventos multitudinarios.
De seis olas pandémicas, este Gobierno no ha visto venir ni una sola, ni esta, ni las cinco anteriores. Y, en contra de toda lógica y de la opinión de expertos científicos, retrasa sin explicaciones la evaluación del trabajo realizado y de las decisiones tomadas hasta la fecha, siendo dicha evaluación crítica la única vía posible de mejora.
A finales del mes de octubre, Vox advirtió a la consejera Sagardui y al lehendakari Urkullu que sus amenazas de tiempos peores no hacían sino generar incertidumbre en sectores sociales y económicos que ya han sufrido mucho desde marzo de 2020. Buscamos certezas y obtuvimos descalificaciones, ni un solo anuncio de lo que estaba por llegar. Y las restricciones han llegado sin que antes el Gobierno hiciera nada para evitarlas.
Queremos transmitir todo nuestro apoyo a la hostelería, el ocio nocturno y a la restauración vascas, también a organizadores de eventos, empresas y personas que viven de ellos y que con el anuncio realizado hoy por la consejera de Salud ven en peligro su subsistencia a corto y medio plazo, sin que desde las administraciones se estén aportando ni certidumbres, ni seguridad ni soluciones.
