El Gobierno austriaco, formado por una coalición de democristianos y ecologistas, ha anunciado que con la excusa de luchar contra la pandemia del Covid-19, a partir del próximo lunes día 22 el país impondrá un nuevo "confinamiento general" e implantará la vacunación obligatoria de todos los ciudadanos.

El FPÖ, el Partido de la Libertad que representa a la nueva derecha y que cuenta con una intención de voto superior al 20%, ha convocado para mañana sábado una gran manifiestación que tiene como objetivo protestar en la calle contra las nuevas restricciones. Centenares de miembros de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército ya han anunciado que también apoyarán la marcha.

Herbert Kickl, líder del FPÖ, ha explicado a través de la página web de esta formación que "con la vacunación obligatoria general anunciada hoy, el Gobierno federal está cruzando una línea roja, tirando por la borda la base de nuestra constitución federal y llevando al país a una dictadura. Debido a que el Gobierno ha fallado desde el comienzo de la pandemia, la población ahora tiene que pagar con una vacunación obligatoria inconstitucional".

Kickl recuerda que el Gobierno "ha mentido a la cara a la gente" con promesas que "no valen ni siquiera el papel en el que están impresas". "En casi dos años de pandemia, el Gobierno no ha sido capaz de desarrollar estrategias efectivas para proteger a los ciudadanos, sino que, semana tras semana, ha establecido un nuevo hostigamiento para reducir los derechos de las personas sanas. Y ahora estamos bajo un nivel de vacunación obligatoria que nadie pensó que fuera posible".

En este sentido, el presidente del FPÖ pide al Tribunal Constitucional que actúe con rapidez: “En una situación en la que los derechos y las libertades fundamentales en Austria están siendo atacadas a intervalos cada vez más cortos, no es suficiente que el Tribunal Constitucional siga trabajando de acuerdo con las regulaciones y que sea preciso esperar meses hasta que tome decisiones. Ante esta violación masiva de los derechos fundamentales de las personas realizada por el Gobierno, el Tribunal Constitucional debe tomar una rápida decisión".