La frase procede de un poema que nos sirvió Don Antonio Machado. Alguien que tenía sensibilidad para describir aquella España que le partía el corazón, donde cínicos como Don Guido o reaccionarios como el caballero del casino provinciano, pululaban por los caminos y daban dicterios en tertulias más o menos "enteradas".

Todos los diciembres sale a colación aquella ilusionante etapa del denominado espíritu 1978. O lo que se convierte en la cuestión capital -que no provincial de mi ex compañero del bachiller Fernando Ónega- sobre si la Constitución sirve, o si es "justo y necesario" modificarla, actualizarla, cambiarla...

¡Da miedo y da pereza!. Supone recuperar el espíritu del consenso. Encontrar gentes con altura de miras. Verdaderos patriotas antes que lacayos de la partidocracia. Pensadores cultos y decentes. Gentes que denominábamos de Estado. Y es que en el transcurrir del tiempo, echamos de memos la categoría intelectual de aquellos paladines para la Transición que culmina con la Carta Magna de 1978.

Esta vez ha sido el presidente del Constitucional. "Resulta razonable reformar la Carta Magna". "Muchos de sus artículos sobre la organización territorial del Estado no tiene sentido hoy que se mantengan". "La Constitución tiene vocación de permanencia, pero simultáneamente las generaciones modernas tienen derecho a organizar su vida jurídico-política de acuerdo a las exigencias de los nuevos tiempos".

No podemos decir nada en contra. A partir de tal sentencia, de inmediato se abre el debate. ¿Qué se reforma, por qué, y de acuerdo con qué criterios?. Ello en el fondo de la cuestión. Pero lo peor es la forma. Y aquí asalta de inmediato el gran problema. Gentes, espíritu, objetivos, consensos...¿ Hay voluntad de servir o de servirse?.   

Primero debería valorarse en costo económico, eficiencia y opinión espontánea del ciudadano, si la actual organización plurinstitucional del Estado de las Autonomías, es sostenible, más allá de esa disculpa demagógica de acercar la Administración al ciudadano, que en todo caso debería ser con aquella aspiración de Don Manuel Fraga, sobre la "ventanilla única" o el principio de subsidiaridad olvidado tanto en Europa como en España.    

La política se ha convertido en el nicho de los mejores empleos con excelentes salarios. Donde no se piden méritos. Donde cualquier gaznápiro puede ocupar puestos cuyo responsabilidad afecta a la vida y hacienda de muchos ciudadanos. Y así se han creado unas plantillas de "trabajadores públicos" que no sólo son privilegiados en el trato de las leyes laborales, con o sin reformas. Pudimos ver con indignación cómo se recortaban las plantillas en Sanidad y Educación, mientras se mantenían o se incrementaban los nombrados a dedo para formar parte de las "mesnadas agradecidas y de confianza".     

Algunos buscan la oportunidad para instaurar su República. Como si fuera la panacea. Como si garantizara tal régimen la transparencia y la división de poderes. Y es que resulta facilón echarle la culpa al "emérito". Constituye una fórmula para distraer de otras cuestiones mucho más prosaicas.

Los nacionalismos deberían reconocer que lograron señalar en el texto de 1978 ciertos derechos históricos que hoy son quimeras y funcionan como privilegios asimétricos en el territorio nacional.

La nueva Constitución debería garantizar expresamente la igualdad en el ejercicio de la ciudadanía española. Ello requiere que los Estatutos de Autonomía no abunden o aumenten las desigualdades y desequilibrios entre tierras y gentes de España. Desde aquí deben instrumentarse medidas para evitar la desertización o vaciado de España. Lo que no es incompatible con una reducción eficiente del número de ayuntamientos y la desaparición de las diputaciones provinciales, cuya función debe ser asumida obligatoriamente por los órganos autonómicos.

Revisar el papel del Senado. Establecer un marco que actualice el sistema de representación electoral mediante listas abiertas y el funcionamiento integral de los partidos políticos, dejando muy claro tanto la democracia interna en los mismos, como el compromiso ineludible con la circunscripción electoral a la que representan sus cargos electos, financiación y régimen de libertades.

Legislación en materia de televisiones, contra la violencia, las vulneraciones de la intimidad, el honor, el respeto y la convivencia. Legislación en materia de redes sociales. Legislación garantista del medio ambiente. Legislación para potenciar el sector primario de la economía.

Adecuación clara e imperativa para la protección a las pequeñas y medianas empresas. Seguimiento e intervención contra la pobreza. Clara garantía de las pensiones y su poder adquisitivo. 

Relaciones con la UE, para preservar la soberanía nacional, al mismo tiempo que se evitan las acciones de representación por comunidades, siendo centralizado tal y evitando la política de las denominadas "embajadas regionales". 

Garantizar la igualdad de sueldos y contraprestaciones sociales para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en el Estado.

Marcar una línea divisoria entre cargos de confianza y cargos profesionales, lo que traduce una administración estable, meritoria e independiente, desde Director General hacia abajo.  

Es evidente que para desarrollar un nuevo texto se requiere otro ambiente político, dónde se distinga problema de Estado con problema partidario. Mucho más en momentos en los que la política se ha convertido en arma arrojadiza dónde el primer objetivo es desgastar hasta eliminar al contrincante, sin hacer distinción entre aquellos acuerdos que deben compartirse tal como se ha visto con la gestión para luchar contra la pandemia.