La Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, ha solicitado al Tribunal Supremo y a los Juzgados de Instrucción en los que se presentó solicitud de investigación sobre la gestión de la pandemia, la reapertura de la querella que esta formación interpuso contra el Gobierno por delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores por la omisión de las medidas de seguridad para aquellas profesiones que se encontraban en primera línea.

La solicitud de la reapertura se produce después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconociera en una entrevista que advirtió al Ejecutivo del riesgo de la pandemia e incluso llegó a elaborar una “Guía para la actuación y medidas para los Expedientes de Regulación de Temporales de Empleo”, que, según reconoció, presentó el 5 de marzo, tres días antes de la manifestación del 8-M que fue autorizada por el Gobierno y al mismo tiempo que, desde el Ejecutivo, se afirmaba que los casos de Covid en España serían «anecdóticos».

No olvida la vicesecretaria Jurídica que el Departamento de Seguridad Nacional avisó al presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, del elevado riesgo pandémico, el día 5 de marzo de 2020, el mismo día que la ministra Díaz, publicó la Guía de medidas.

«Estas manifestaciones suponen un reconocimiento público de que la inactividad del Gobierno no era por desconocimiento de la situación», explica Castro en su escrito, sino que se deben  a «la gravísima negligencia en la gestión y  el conocimiento que el Gobierno tenía de la evolución pandémica».

Por ello, insiste la formación de Santiago Abascal que «este conocimiento previo de la situación que se avecinaba entonces, conlleva que la gestión sanitaria realizada se llevó a cabo de forma temeraria y poniendo en peligro a la población».

Concretamente, Vox solicita la declaración testifical de la ministra Díaz; que se libre oficio al Ministerio de Trabajo para que aporten las actas de elaboración de la guía y medidas de ERTE; y que se libre oficio al Ministerio de Trabajo para que aporten y determinen las personas que participaron en el procedimiento de elaboración y aprobación de la guía y medidas para los ERTE.