El Grupo Parlamentario Vox ha presentado un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (el número 28 de la vigente legislatura) contra la totalidad del Decreto-Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de Covid-19 en Canarias.

Vox argumenta en el escrito de 81 páginas de extensión que la ley autonómica canaria vulnera los artículos 116,55 y 38 de la Constitución Española, “en tanto que el Decreto-Ley 11/2021 regula un Estado de excepción constitucional, fuera del marco establecido en los referidos preceptos constitucionales”.

Entre los aspectos de la ley canaria que Vox impugna está el artículo 14 sobre la “realización de pruebas diagnósticas y vacunación”, con obligatoriedad de la vacunación y la prohibición de trabajar para quien no se preste a una prueba diagnóstica. En concreto, este artículo recoge que “la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, la posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por este Decreto ley. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación”.

La secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, y el secretario general del partido, Javier Ortega, han presentado el recurso ante el Constitucional. Olona ha explicado que «hemos recurrido la ley canaria porque impone un régimen excepcional e inconstitucional para luchar contra el coronavirus».

Por su parte, Ortega ha señalado que «nos encontramos ante una demostración más del estado de taifas que antes quisieron vendernos como estado de las autonomías, donde cada CCAA hace exactamente lo que le da la gana, donde no existe una unidad de criterio en la nación y no se respeta ni a la ley ni la nación».

Asimismo, Vox considera especialmente lesivo el artículo 9, sobre el uso obligatorio de mascarillas. Vox sostiene que “la imposición del uso de mascarilla para menores de 12 años debe ponderarse según las circunstancias y nunca imponerse con carácter general”. Por tanto, entiende que “resulta manifiestamente desproporcionada la imposición que, con carácter general, hace el artículo 9.1 del decreto-ley, sin ponderar circunstancia alguna, a todos los mayores de 6 y menores de 11 años. Y es que, la injerencia en los derechos y libertades antes referidos debe quedar sometido al requisito de la proporcionalidad, de acuerdo con el triple canon de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”.

En este sentido, Vox señala también que la imposición generalizada que se deriva del artículo 9.1 supone un manifiesto “derroche de coacción, apreciable directamente y con independencia del juicio político que merezcan las medidas”. Por ello, recuerda que el artículo 39 CE impone la protección del interés superior del menor como valor constitucional y el artículo 43 CE el derecho a la protección de la salud y denuncia que “el legislador de urgencia autonómico no realiza ponderación alguna sobre la afectación de la imposición generalizada del uso de la mascarilla a menores entre 6 y 11 años al desarrollo psico afectivo y a la propia salud de estos menores, tal y como, con acierto, recomienda la OMS”.