El próximo domingo, 13 de febrero, se celebran los comicios a las Cortes Regionales de Castilla y León, unas elecciones que se han convertido en la antesala de futuras convocatorias, motivo por el cual se pretenden interpretar en clave nacional. Sus resultados pueden ser interpretados en un doble sentido. O como el inicio del final del ciclo del Gobierno de Pedro Sánchez, o por el contrario, en la continuidad del poder de la coalición social-comunista instalada en el palacio de La Moncloa.

Sea como fuere, de momento y así está sucediendo, los partidos nacionales se han volcado empeñando todos sus esfuerzos en obtener los mejores resultados posibles cara a las elecciones generales. Por Castilla y León han pasado todos los grandes líderes nacionales en diversas ocasiones, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, Inés Arrimadas, amén de numerosos ministros y destacados dirigentes políticos de todos los colores y todas las formaciones se han dejado caer por la España interior. Jamás se había visto tal desembarco en citas anteriores. El esfuerzo que están desarrollando no tiene precedentes. Lo lamentable es, sin lugar a duda, que estos comicios sean el pretexto para devolver a la actualidad informativa a una comunidad frecuentemente olvidada.

Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España, representando el 18,6% del territorio nacional y la región natural más extensa de la Europa comunitaria. Nueve provincias configuran uno de los territorios de la denominada España “vaciada”. Su densidad de población, 25 habitantes por kilómetro cuadrado,  señala a las claras una de sus características, la dispersión demográfica. Cabe recordar que en algunos lugares oscila entre los 0 y los 2 habitantes, como es el caso de Soria. Su extensión, 94.226 kilómetros cuadrados, es uno de los graves problemas generadores de nuevas preocupaciones a la hora de abordar inversiones, subvenciones y políticas de desarrollo del medio rural. Junto a esta circunstancia se puede indicar un nuevo factor agravante, la escasez de población, 2.394.000 habitantes, que la lleva a ocupar el sexto puesto en el ranking nacional al respecto. Lo malo es que, de manera permanente, la comunidad sigue perdiendo efectivos, en especial de jóvenes que buscan mejores horizontes en los que realizar sus proyectos de vida, más allá de la comunidad autónoma que los vio nacer. Esto quiere decir que sufrimos una despatrimonialización de mano de obra cualificada, puesto que muchos de ellos tienen estudios superiores en campos de enorme interés para el desarrollo y progreso general.

Pero la cuestión se agrava aún más. El retorno no se está produciendo y la llegada de migrantes, tanto nacionales como extranjeros, no equilibra una balanza que arroja un déficit demográfico, ni garantiza el relevo generacional. Otro problema estructural determinante es la población envejecida, que representa alrededor del 25% del total, es decir, una población de más de 65 años que precisa de servicios públicos y prestaciones de enorme coste económico. La situación es verdaderamente seria.

Población envejecida, despatrimonialización de población joven y dispersión demográfica son variables de una ecuación de muy difícil solución.

Junto a este gravísimo problema demográfico, hay que apuntar los problemas de los sectores económicos en los que se basa buena parte de su riqueza. El sector primario tiene un enorme peso, más del 20% del PIB autonómico. Conocidas son las penalidades del medio rural en subsectores como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la caza, el turismo rural y tantos otros. Por otro lado, la industria también se ve afectada por reestructuraciones y ajustes de plantillas, agravadas por los ERTE y la incidencia de la pandemia. Solamente el sector servicios se mantiene despierto, sobre todo en el referente a la administración. Los subsectores del comercio, la hostelería, el transporte o la banca también están sufriendo en demasía una crisis que se viene prolongando desde hace décadas. Basta pasear por Zamora, Palencia o Soria, también por las demás provincias, para contemplar la abundancia de locales en alquiler que antes estaban ocupados por negocios diversos.

Un dato objetivo manifiesta la debilidad regional, la aportación de Castilla y León al PIB nacional (Producto Interior Bruto), es del 5,1%, lo que supone descender hasta el 7º puesto de las diecisiete comunidades autónomas. La dimensión y seriedad de los problemas que enfrenta la comunidad no se presta a demagogias, soluciones pintureras y eslóganes oportunistas, como los que se vienen escuchando durante estos días en la campaña electoral.

Pero aún hay más. Consecuencia de su extensión geográfica es la multiplicación de instituciones de gobierno locales, cuyo sostenimiento económico es muy caro. Junto a las nueve diputaciones provinciales, hay 2.248 municipios, de los 8.131 del conjunto del territorio español. Quiere decir esto que los servicios públicos que atender en tantos núcleos de población requieren costosísimos gastos o, en su defecto, proceder a la falta de asistencia administrativa de ellos en muchos casos. Consultorios médicos, escuelas, transporte, cuarteles de la Guardia Civil, la comunicación a través de Internet y telefonía móvil o la simple recogida de residuos, son temas de capital importancia en el medio rural. Baste ver las reiteradas quejas de los lugareños al respecto. Pero, precisando, más del 75% de estos municipios no superan los 300 habitantes y una cantidad muy significativa no llega a los 100. ¿Se pueden imaginar ustedes la magnitud de los problemas con los que conviven esos lugares?

El Estado regional o de las autonomías, un modelo unitario descentralizado, no ha corregido en absoluto los tradicionales y endémicos problemas del desequilibrio territorial entre las diversas regiones de España. Así de claro y así de rotundo. Este contraste, centro-periferia, a excepción de Madrid, se sigue observando en el mapa político, económico y social español. Además, por si fuera poco, en Castilla y León, dentro de cada provincia, hay enormes contrastes territoriales. No es lo mismo Tierra de Campos que las abundantes zonas de montaña de León, Palencia, Ávila o Segovia, donde la situación se torna especialmente delicada.

Pero hay una conclusión, a la que apenas se presta atención, la de la representación política en las altas instituciones ejecutivas y legislativas. Ya saben ustedes que la representación en el Congreso de los Diputados y el Senado depende del peso demográfico provincial y autonómico. Pues bien, de los 350 diputados nacionales, 31 son castellano-leoneses –alrededor del 8% del total- y de los 265 senadores, 39 lo son de Castilla y León.  Un volumen escaso para hacerse oír y sentir los órganos legislativos y ejecutivos patrios. Y la situación todavía puede empeorar al respecto a consecuencia de la prolongación de la caída demográfica. Mucho ruido hay que hacer para que sean oídas las reivindicaciones de los ciudadanos y compatriotas de este territorio.

Hoy se puede afirmar que Castilla y León es menos de lo que nunca ha sido. De corazón y pulmón de un reino y un imperio, ha pasado a convertirse en periferia, en una comunidad que ya no es una referencia, salvo por su rica y excelsa historia, situación que comparte con Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y zonas interiores de Andalucía. Supone más del 60% del territorio español.

Poca broma pues en los debates, las declaraciones, ruedas de prensa o mítines que durante estas semanas se vienen efectuando. Se espera que Castilla y León no sea simplemente el escenario para la puesta en escena de estrategias políticas, que no sea un lugar que frecuentar con ocasión de los comicios autonómicos y que, una vez concluida la campaña, vuelva a caer en el olvido de los grandes partidos que hoy mantienen su disputa. Me temo, como ya ha ocurrido, que muchos paracaidistas que hoy han llegado, no volverán por estos fueros, salvo en la búsqueda de réditos electorales personales, como ha sido muy frecuente.

El próximo 13 de febrero se eligen 81 procuradores regionales y 3 senadores por designación autonómica, este es el botín político que obtener. Según los estudios demoscópicos y encuestas efectuadas, el Partido Popular gobernará otros cuatro años, añadidos a los treinta y dos que lleva gobernando. Está cerca de obtener la mayoría y necesitará alcanzar el apoyo necesario para lograrlo. Pero ¿con quién puede negociar un acuerdo de investidura? Si hacemos caso a las declaraciones vertidas, con nadie, pero ya sabemos que eso es retórica mitinera de campaña. Con su anterior socio de gobierno, Ciudadanos, la cosa está muy fea, puesto que el romance político acabó de muy malas maneras y, además, la supervivencia de la formación naranja con representación parlamentaria es una incógnita. A lo sumo obtendrán, como mucho, dos representantes, consolidándose así su hundimiento electoral. Vox parece irrumpir con fuerza, aunque con mucho menos músculo del que ellos creen, pues carecen de una organización política territorial suficientemente implantada. Durante la campaña, los verdes de Abascal han reiterado que no regalarán sus apoyos a aquellos que han llevado a Castilla y León a su actual escenario. Ahora toca ser coherentes con lo dicho, y ya veremos si todo queda en un melifluo pasteleo político.

Lo que parece claro es la derrota del Partido Socialista, representado por un joven Luis Tudanca, que tiene que bregar con los desvaríos del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que le granjean –nunca mejor dicho-  poco afecto y simpatía entre amplios colectivos agroganaderos. No parece disponer de oportunidad de gobernar. Así pues, la llamada regeneración política a la que invocan los socialistas, tendrá que esperar a mejor ocasión. De momento, todo queda en juegos florales de artificio y en ser un eterno aspirante al ejecutivo regional.

Quizá la abstención de los dos posibles representantes de UPL (Unión del Pueblo Leonés), o quizá el apoyo o abstención del procurador de Por Ávila pueda sumar en las cuentas del popular Alfonso Fernández Mañueco. Lo que es nítido es que no será investido con la aportación de Unidas Podemos –dos posibles escaños-, o de los presumibles parlamentarios de las nuevas formaciones debutantes, Soria Ya, Vía Burgalesa. Su razón de ser es la de invocar a un cambio en la política regional, por tanto no suman, más al contrario, quizá resten posibilidades a los populares.

Dicho esto, de lo que se trata no es que los partidos nacionales midan simplemente sus fuerzas de cara a nuevas batallas electorales –la de Andalucía está cercana-, sino de conformar un Gobierno regional que de verdad, sin excusa ninguna, defienda esta tierra y a sus gentes de un presente oscuro y de un aciago porvenir. Por el momento, las espadas están en alto, veremos cual de ellas se convierte en valedor del bien común y del interés general, sin partidismos anodinos, bagatelas desmelenadas y fruslerías retóricas. Ya sabemos que de lo dicho a lo hecho hay un trecho, esperemos que lo que se haga se ajuste a lo proclamado en el clamor de la campaña.

En definitiva, si gana Fernández Mañueco, gana Pablo Casado; si pierde Luis Tudanca, ¿pierde Pedro Sánchez? Yo creo que no.