Según ha publicado El Confidencial, altos cargos del Partido Popular próximos a la dirección nacional contactaron con detectives privados para encargar una investigación secreta contra Isabel Díaz Ayusa. El objetivo era encontrar alguna irregularidad sobre si el hermano de la Presidenta de la Comunidad hubiera podido llevarse una comisión por un contrato concedido por el Ejecutivo regional a un supuesto empresario amigo.

Según fuentes de la dirección del PP, les habría llegado esta  información y se encontraban "altamente preocupados", por lo que habían preguntado a la presidenta de la Comunidad. Desde el entorno de ésta dicen que todo es un bulo que se estaba fabricando desde el núcleo duro del partido contra ella.

Según las informaciones desveladas por El Confidencial, uno de los principales implicados en esta operación para derribar a la dirigente popular es Ángel Carromero, que según este periódico tiene "hilo directo con Pablo Casado y Teodoro García Egea" y ocupa en la actualidad el cargo de director general de Coordinación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El objetivo de Carromero y otros cargos de confianza del PP sería conseguir información comprometedora sobre el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso. Sospechan que se llevó una comisión por un contrato concedido por el Ejecutivo regional a un supuesto empresario amigo. La adjudicación se produjo en abril de 2020, en medio de la primera ola, y sirvió para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3. El importe de la licitación ascendió a 1,5 millones de euros y fue otorgada a la mercantil Priviet Sportive SL. El administrador de esta empresa, Daniel Alcázar Barranco, reside en Sotillo de la Adrada (Ávila), el municipio en el que Isabel Díaz Ayuso y su hermano veranean desde hace décadas.