Antes de empezar la conversación con Jesús Muñoz de Priego, vamos a repasar lo que en materia de protección del “superior interés del niño” dice la Convención de Derechos del Niño de 1989. El artículo 3, en su punto 1, dice que: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

La cuestión es qué se considera “superior interés del niño”.  Por proximidad al significado podríamos definirlo por su negación. ¿Qué es lo que no es interés superior del niño? La lógica formal nos lleva a señalar a aquello que le perjudica. Por ejemplo, un sistema educativo que tienda a adocenar al niño, a adoctrinarlo, a someterlo a una ingeniería social que lo lleve a un lavado de cerebro y a un condicionamiento de su comportamiento para fines políticos o ideológicos, o para que desconozca su pasado antropológico y la cultura heredada, es ir contra su interés. Un sistema educativo que oriente al niño hacia determinado molde cognitivo prefabricado para que piense de una determinada manera y no sea libre para configurar su propio pensamiento desde el conocimiento objetivo y científico impartido en las aulas, no es proteger su superior interés.

Si buscamos el interés del niño debemos referirnos indefectiblemente a sus familias, que tienen la potestad de vigilar ese “superior interés” de acuerdo a sus propias convicciones. Así lo establece el artículo 26.3 de la Declaración de los Derechos del Hombre, que dice que “los padres tienen el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.   Y, por ello, la familia es el elemento natural  y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por el Estado. (Art. 16) de la Declaración de 1948, actualmente vigente. Si nos atenemos a lo anteriormente prescrito y suscrito por el Reino de España, siendo materia nuclear de nuestra Carta Magna en su preámbulo, que refiere a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, la actual sopa de letras que es la LOMLOE no pasa un mínimo análisis de rigor respecto al principio del respeto a los derechos fundamentales.

El artículo 27 habla del Derecho a la Educación. Y al mismo tiempo establece que ha de preservarse la libertad de creación de centros y los derechos de los padres o tutores, que se concretan en que les asiste la potestad de elegir el tipo de educación conforme a sus convicciones, y, por tanto a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral correspondiente. Y concreta que la Educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Si nos atenemos a todos estos elementos que configuran el “superior interés del niño”, el contenido del texto de la ley aprobada por el Congreso bajo el impulso de la ministra que declaró que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”, nos encontramos ante una ley fallida.  

Jesús Muñoz de Priego es muchas cosas, como abogado y coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su Inspectoría "María Auxiliadora", zona sur, y abogado y asesor jurídico de otras congregaciones religiosas, fundaciones y entidades sociales, titulares de centros educativos concertados (Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, Fundación Dolores Sopeña,…), siempre a través de su despacho profesional “Muñoz de Priego y Pérez, Abogados”. Asesor jurídico de Escuelas Católicas Sevilla, portavoz y coordinador de "EnLibertad", iniciativa para la libertad de enseñanza y portavoz nacional de la plataforma "Más Plurales", Muñoz de Priego es también autor de múltiples ponencias, y textos jurídicos.

¿Cómo ve usted la LOMLOE a la luz de los abusos de discriminación que ya vienen percibiéndose, como eliminar de facto la financiación del tramo de Infantil de la Enseñanza Concertada?

La LOMLOE es una ley netamente ideológica, que no ha pretendido en ningún momento, ni mínimamente, el consenso que pide la comunidad educativa y la sociedad, y que pretende un cambio de paradigma educativo, en el que se desplaza el papel de los padres en cuanto a sus hijos, en beneficio de los poderes públicos, se soslaya la libertad de enseñanza y se ponen los mimbres para una escuela pública única, excluyente, es decir, solo la escuela pública. Es una opción nítida por el intervencionismo y, por tanto, por la limitación de libertades individuales.

¿Ve usted los nubarrones en el horizonte, que apuntan a un ataque global a la enseñanza concertada, y por tanto al derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos?

La ley lo refleja claramente. Elimina la demanda social como criterio a tener en cuenta por la Administración para fijar dónde van a estar las plazas, es decir, que podrá realizar una planificación de plazas escolares unilateral, sin valorar si quiera las peticiones de los padres; se inventa un “derecho a la educación pública” para sustituir el constitucional derecho a la educación, haciéndonos creer que el acceso universal a la enseñanza no se garantiza con cualquier plaza gratuita, sino solo con plazas de titularidad de la Administración pública; insiste en solo pública en Infantil (0-3 años) y en las zonas de nueva expansión de las ciudades; e incluso insta a las Administraciones educativas, a las comunidades autónomas, al incremento de plazas públicas (esto es, en centros de titularidad de la Administración pública) a discreción, sin vincularla a necesidades educativas (falta de plazas escolares en la zona) o a demanda social (que las familias estén pidiendo este tipo de plazas).

La ley crea la tormenta perfecta para que los Gobiernos de PSOE y Unidas Podemos puedan intentar que prospere lo que vienen haciendo en las comunidades autónomas en las que gobiernan, y que hasta ahora les estaba impidiendo la jurisprudencia de los Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, es decir, reducir plazas en la concertada, en la escuela de iniciativa social, con demanda social, a fin de mantener o incluso incrementar plazas públicas que no cuentan con esa demanda.

Usted, como jurista, seguramente vislumbre una avalancha de acciones jurídicas contra las administraciones educativas por vulneración de derechos. ¿O por el contrario los centros van a asumir estoicamente el cambio de paradigma hacia una visión totalitaria y estatalizante de la educación?

Francamente, más que lo que hagan los centros me preocupa lo que haga la sociedad, lo que hagan las familias. Si éstas ceden y aceptan ese orden, los centros y sus titulares tendrán poco que hacer. Hay que provocar el debate social con argumentos, alejado de los clichés y los prejuicios, para que los ciudadanos sepan lo que nos estamos jugando, que es su margen de libertad frente a un Estado cada vez más intervencionista (y no solo en educación), generar corriente social y mantener a una sociedad movilizada y activa en defensa de sus derechos y libertades. Somos la rana en la olla de agua caliente, y hay que impedir que nos sigan subiendo lentamente la temperatura o llegará un momento en que hervirá y será demasiado tarde.

¿Qué intenciones observa usted en este intento de poner patas arriba el sistema educativo, cambiando los prerrequisitos de pluralidad y atención a los derechos fundamentales de las personas; y llevarnos a una orientación sovietizante de la educación que ya habíamos olvidado?

Estamos en un momento histórico peligroso. Asumimos que un Estado de bienestar interviene en la vida y estamos dispuestos a ceder parcelas de libertad a cambio de ese beneficio. Pero eso debería ser absolutamente medido en cada caso y excepcional. El Estado cada vez quiere más control, es inevitable, me atrevería a decir, incluso, que sea cual sea el signo político del Gobierno. Está en su propia naturaleza, pero encima hay grupos políticos que tienen el intervencionismo en su ADN. Corremos el riesgo de que a cambio de unos presuntos beneficios, que encima nunca se obtienen, y que siempre te dirán que es porque no controlan lo bastante y requieren de mayor intervención, acabemos quedándonos en una democracia meramente recitativa, como dice Emilio Gentile, o nominal. La libertad supone tomar decisiones, asumir riesgos, cargar con las consecuencias, y no es mejor un Estado que te solucione la vida, porque además de no hacerlo, te habrá quitado tu mayor bien. Da la impresión de que no hemos aprendido nada.

Me parece muy grave la deriva. Aquí hablamos de educación, pero los controles y los límites no son menores en libertad de expresión, de prensa, con dominación de los medios de comunicación, libertad religiosa, e incluso derecho a la vida…

La llamada “Ley Celáa”, en atribución a su nefasta promotora, tuvo mucha respuesta social, y ello pese a hacerse en plena pandemia, -lo que nos lleva a inferir las aviesas intenciones de ello, con nocturnidad y alevosía-.  ¿Qué pretendían en el fondo de la cuestión, más allá de revisar la ley precedente?

El sistema educativo tiene una enorme influencia en lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural. El minorar las funciones de los padres en beneficio de los poderes públicos como garantes de los derechos del menor, también los educativos, y el provocar una única escuela controlada de forma exclusiva por esos mismos poderes públicos, nos encaminan hacia un ámbito de adoctrinamiento total.

Hay que dejarse de planteamientos pusilánimes. Asumamos que la educación, cuyo fin no es la mera instrucción, sino la educación integral, incorpora siempre idearios, cosmovisiones y también ideologías. Lo correcto no es negarlo, y defender una escuela aséptica que no existe, o eludirlo y mirar para otro lado, sino asumirlo, y exigir que ese ideario sea visible y explícito -también en la escuela pública, controlada por la Administración y, por tanto, por quien gobierne, legisle y sea su titular en cada caso- de tal manera que los padres puedan conocerlo previamente y elegir libremente el centro de sus hijos.

El mejor antídoto contra el adoctrinamiento es más idearios, más pluralidad en la escuela, más libertad de elección de los padres y más libertad de enseñanza. Y, por el contrario, el mecanismo para un crecimiento exponencial del adoctrinamiento es una escuela sin alternativa en manos de los poderes públicos, es decir, una escuela pública única.

La sociedad civil debe recuperar protagonismo, porque con la educación de hoy nos jugamos la sociedad del mañana, y solo una escuela plural es cuna de una sociedad más democrática.