Por valor de 326 millones de euros
El PP denuncia a la Fiscalía contratos relacionados con varios ministros socialistas y con Pedro Sánchez
El PP ha presentado ante la Fiscalía doce contratos de emergencia por importe de 326 millones de euros adjudicados por el Gobierno a siete empresas relacionadas con el entorno de varios ministros del Gobierno y unas ayudas concedidas a una compañía de los padres de Pedro Sánchez. El escrito de denuncia se ha presentado por "la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos" en la adjudicación de estos contratos.
El portavoz popular, Alfonso Serrano ha explicado los detalles de la denuncia. "Queremos saber por qué el Gobierno de Sánchez adquirió mascarillas o batas desechables con sobrecostes de hasta el 600 por cien. Seguro que el señor Lobato querrá saber si la Fiscalía, que depende de quien depende, también se interesará por la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño, que no solo se lleva contratos del Gobierno sino que es mediador digital y necesario para que las empresas puedan acceder a fondos europeos que gestiona la propia Calviño".
Igualmente, quieren saber si "la exministra socialista y hoy fiscal general del Estado quiere investigar por qué una empresa que factura cero euros antes de la pandemia pasa a facturar 53 millones de euros gracias a los cotratos del ministro Ábalos y de otras administraciones socialistas. Queremos saber por qué el ministro Illa otorgó a dedo 263 millones de euros de productos sanitarios a una empresa de su pueblo, dedicada a bebidas alcohólicas y con una administradora condenada por estafa".
Serrano también hizo referencia a su interés por saber «por qué tras dos años, a diferencia de la Comunidad de Madrid, en el Portal de la Transparecia no aparece nada de esos contratos. Y seguro que la Fiscalía que dirige Lola, como la llama su amigo Villarejo, tendrá interés en investigar por qué una empresa de yesos recibió el dinero por adelantado de un contrato de tres millones de euros en respiradores, que nunca llegaron, y el dinero no ha sido recuperado. Y uilizando la miserable analogía que hacen ustedes, le diré que ese contrato se firmó un 20 de marzo de 2020, cuando en España morían 824 españoles fruto del Covid".
Con ironía, el portavoz popular ha señalado que "ahora que parece que la Fiscalía se interesa por la vida de los políticos, va a ser igual de diligente, con los padres de Pedro Sánchez y se investigue la posible utilización de empresas pantalla para asegurarse 800.00 euros en ayudas. Hablamos de irregularidaes del Gobierno de España que suman 326 millones de euros en contratos en la primer ola, mientras impedía a la Comunidad de Madrid comprar material para proteger a nuestros sanitarios. Eso sí que da para una serie de televisión. Queremos saber si la Justicia es igual para todos, algo propio de un Estado de Derecho, o la Fiscalía de Sánchez solo va a perseguir a políticos que molesten a su Gobierno y al PSOE".
El PP ha presentado ante la Fiscalía doce contratos de emergencia por importe de 326 millones de euros adjudicados por el Gobierno a siete empresas relacionadas con el entorno de varios ministros del Gobierno y unas ayudas concedidas a una compañía de los padres de Pedro Sánchez. El escrito de denuncia se ha presentado por "la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos" en la adjudicación de estos contratos.
El portavoz popular, Alfonso Serrano ha explicado los detalles de la denuncia. "Queremos saber por qué el Gobierno de Sánchez adquirió mascarillas o batas desechables con sobrecostes de hasta el 600 por cien. Seguro que el señor Lobato querrá saber si la Fiscalía, que depende de quien depende, también se interesará por la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño, que no solo se lleva contratos del Gobierno sino que es mediador digital y necesario para que las empresas puedan acceder a fondos europeos que gestiona la propia Calviño".
Igualmente, quieren saber si "la exministra socialista y hoy fiscal general del Estado quiere investigar por qué una empresa que factura cero euros antes de la pandemia pasa a facturar 53 millones de euros gracias a los cotratos del ministro Ábalos y de otras administraciones socialistas. Queremos saber por qué el ministro Illa otorgó a dedo 263 millones de euros de productos sanitarios a una empresa de su pueblo, dedicada a bebidas alcohólicas y con una administradora condenada por estafa".
Serrano también hizo referencia a su interés por saber «por qué tras dos años, a diferencia de la Comunidad de Madrid, en el Portal de la Transparecia no aparece nada de esos contratos. Y seguro que la Fiscalía que dirige Lola, como la llama su amigo Villarejo, tendrá interés en investigar por qué una empresa de yesos recibió el dinero por adelantado de un contrato de tres millones de euros en respiradores, que nunca llegaron, y el dinero no ha sido recuperado. Y uilizando la miserable analogía que hacen ustedes, le diré que ese contrato se firmó un 20 de marzo de 2020, cuando en España morían 824 españoles fruto del Covid".
Con ironía, el portavoz popular ha señalado que "ahora que parece que la Fiscalía se interesa por la vida de los políticos, va a ser igual de diligente, con los padres de Pedro Sánchez y se investigue la posible utilización de empresas pantalla para asegurarse 800.00 euros en ayudas. Hablamos de irregularidaes del Gobierno de España que suman 326 millones de euros en contratos en la primer ola, mientras impedía a la Comunidad de Madrid comprar material para proteger a nuestros sanitarios. Eso sí que da para una serie de televisión. Queremos saber si la Justicia es igual para todos, algo propio de un Estado de Derecho, o la Fiscalía de Sánchez solo va a perseguir a políticos que molesten a su Gobierno y al PSOE".
