Es noticia que el Gobierno de Francia está diseñando y aplicando medidas de contención urgente del gasto público para solucionar problemas económicos, fiscales y sociales. Pero esas medidas no son únicamente decisiones o exigencias de la Unión Europea, sino cuestiones exigidas por la realidad de la coyuntura estructural. Y una de ellas es la implementación de  medidas de centralización administrativa, buscando más eficacia y eficiencia. El caso de Aquitania es paradigmático, porque es el ejemplo de una cuestión razonable de centralización dentro de un país como Francia (Jacobino) muy centralista.
 

El Pleno de la Asamblea Nacional, cuyas decisiones son soberanas, ha aprobado un Proyecto de Ley que supondrá reducir de 22 a 13 las regiones francesas, y en este caso recoge la unión de Aquitania, Limousine y Piyou-Charentes.  La idea es ser más operativos. La iniciativa surge de Manuel Valls, una persona joven con mucha experiencia en gestión administrativa y que ya había proclamado mucho antes de ser nombrado Primer Ministro. Aquitania comprende el Departamento de Pirineos Atlánticos, que es el equivalente a una provincia española, y donde se encuentra lo que algunos llaman “Iparralde”, término no reconocido por París, ni antes, ni ahora, ni nunca.
 

Mientras ocurren estás cosas al otro lado de la frontera, en España seguimos insistiendo en sostener un sistema de ordenación territorial y administrativa que en primera instancia está multiplicado por 17 más dos ciudades autónomas. Introducir el debate es difícil. Ahora que tanto se habla de modificar la Constitución de 1978 para conformar un Estado federal, que por cierto es un mensaje lanzado por personas que no son capaces de detallar el modelo y que no saben o no quieren saber que habría que revisar son los privilegios históricos y anacrónicos de la herencia foral en la CAV y en la CAN, por ejemplo en materia fiscal, que son casos tan peculiares que ni se tienen en cuenta en la última publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades.
 

Pero si introducimos el debate en arena política ¿Por qué no introducir la posibilidad de eliminar el desastroso modelo autonómico? ¿Por qué no reconocer en términos matemáticos cual es el sobrecosto del modelo respecto a un Estado más centralista? Los ciudadanos deberían tener derecho a esta información. ¿Por qué ningún partido político se plantea esta cuestión? El Estado de la Autonomías fue el resultado de unos consensos políticos en la etapa de la Transición. Tienen, sin duda, su virtualidad porque salíamos de una dictadura y se necesitaban amplios consensos para alcanzar lo que se alcanzó: un hito histórico.

Pero el modelo ha devenido en un desastre. Es evidente que es necesario reformar la Constitución, porque se ha quedado atrasada en algunos aspectos y porque es defectuosa en algunas cuestiones, como haber permitido la creación de 17 "territorios" con sus respectivas prebendas para miles  y miles de personas en múltiples administraciones y a diferentes niveles. Se parece, en algunos aspectos, a los modelos caciquistas decimonónicos y en otros, como estamos viendo en Cataluña, a un modelo feudal de nuevo cuño, feudo-informatizado. Todo multiplicado. Por supuesto, todos las "poltronas" remuneradas con dinero del erario público.

Ningún político se atreve a tocar el tema, aunque en privado todos reconocen que es un problema real; todos lo conocen porque si no fuese así no existirían como políticos, porque no lo serían. Por eso ningún partido lo plantea en su programa electoral, porque todos quieren ocupar algunas de esas miles de "poltronas". Estado, autonomías, diputaciones, comarcas, ayuntamientos y miles de organismos vinculados. Por cierto, tampoco “Podemos” toca el tema. ¿Por qué será?