Según un informe hecho público
La imposición en España del "Pasaporte Covid" se realizó en contra de los criterios marcados por los técnicos que evaluaron la medida
Un documento al que ha tenido acceso la Asociación Liberum revela que la imposición en España del denominado “Pasaporte Covid-19” se realizó en contra de los criterios marcados por los técnicos y profesionales del Consejo Interterritorial de Salud que evaluaron esta medida.
Hay que recordar que, desde el 14 de septiembre de 2021, y tras la sentencia del Tribunal Supremo 1112/2021 (que habilitaba el uso del “Pasaporte Covid-19” de la UE en Galicia) comenzaron un sinfín de restricciones de los derechos fundamentales de los españoles jamás vistas en democracia, con una alteración del orden social sin precedentes en la historia reciente. Las comunidades autónomas, sin ninguna evidencia-científica y a través de decisiones sustancialmente políticas, exigieron el “Pasaporte Covid-19” con la única finalidad de fomentar la vacunación contra el Sar-Cov-2, imponiéndose ésta en Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña, Asturias, La Rioja, Aragón, Andalucía, Melilla, Ceuta, Murcia, Navarra y País Vasco. Tal y como ha recordado en numerosas ocasiones la Asociación Liberum, la imposición del “Pasaporte Covid-19” lesiona y vulnera los derechos fundamentales a la igualdad del art.14 CE, a la integridad física del art.15 CE, a la libertad ideológica del art.16 CE, a la libertad individual del art.17 CE, al derecho al honor, imagen y protección de datos del art.18 CE, a la libertad de circulación del art.19 CE y a la tutela judicial efectiva del art. 24CE así como infringe normas de ámbito europeo como el Convenio de Roma o la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Ahora se sabe que, además, la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud desaconsejó la imposición del “Pasaporte Covid-19”.
El 1 de diciembre de 2021, la Asociación Liberum tuvo conocimiento de la publicación en el diario El País de una información en la que se mencionaba una valoración oficial de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud, que desaconsejaba el “Pasaporte Covid-19” (informe de Utilización del Certificado Covid-19 de los Técnicos y Profesionales del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad). Dicho informe no fue publicado en su integridad, sino que se citaron algunos fragmentos de este. Desde ese mismo día, el equipo jurídico de Liberum se interesó por recabar el citado informe-dictamen, “debido a la importancia de la información que contenía y para aportarlo como prueba en los más de treinta procedimientos judiciales abiertos contra el ‘Pasaporte Covid-19’. Tras cinco largos meses de peticiones a los Tribunales Superiores de Justicia, finalmente ha sido aportado a un procedimiento judicial que Liberum mantiene abierto”.
En opinión de esta asociación, el documento oficial, jamás publicado anteriormente, “cobra un valor incalculable ya que confirma absolutamente que las medidas no se fundamentaron en decisiones técnicos sanitarias sino meramente en decisiones políticas, al margen de cualquier criterio en la prevención de los contagios y con la única finalidad de imponer una vacunación obligatoria, la cual es a nuestro juicio un evidente fraude de ley, ya que las administraciones hurtaron a los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento del citado informe”.
![[Img #22075]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2022/6801_1.jpg)
Un documento al que ha tenido acceso la Asociación Liberum revela que la imposición en España del denominado “Pasaporte Covid-19” se realizó en contra de los criterios marcados por los técnicos y profesionales del Consejo Interterritorial de Salud que evaluaron esta medida.
Hay que recordar que, desde el 14 de septiembre de 2021, y tras la sentencia del Tribunal Supremo 1112/2021 (que habilitaba el uso del “Pasaporte Covid-19” de la UE en Galicia) comenzaron un sinfín de restricciones de los derechos fundamentales de los españoles jamás vistas en democracia, con una alteración del orden social sin precedentes en la historia reciente. Las comunidades autónomas, sin ninguna evidencia-científica y a través de decisiones sustancialmente políticas, exigieron el “Pasaporte Covid-19” con la única finalidad de fomentar la vacunación contra el Sar-Cov-2, imponiéndose ésta en Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña, Asturias, La Rioja, Aragón, Andalucía, Melilla, Ceuta, Murcia, Navarra y País Vasco. Tal y como ha recordado en numerosas ocasiones la Asociación Liberum, la imposición del “Pasaporte Covid-19” lesiona y vulnera los derechos fundamentales a la igualdad del art.14 CE, a la integridad física del art.15 CE, a la libertad ideológica del art.16 CE, a la libertad individual del art.17 CE, al derecho al honor, imagen y protección de datos del art.18 CE, a la libertad de circulación del art.19 CE y a la tutela judicial efectiva del art. 24CE así como infringe normas de ámbito europeo como el Convenio de Roma o la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Ahora se sabe que, además, la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud desaconsejó la imposición del “Pasaporte Covid-19”.
El 1 de diciembre de 2021, la Asociación Liberum tuvo conocimiento de la publicación en el diario El País de una información en la que se mencionaba una valoración oficial de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud, que desaconsejaba el “Pasaporte Covid-19” (informe de Utilización del Certificado Covid-19 de los Técnicos y Profesionales del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad). Dicho informe no fue publicado en su integridad, sino que se citaron algunos fragmentos de este. Desde ese mismo día, el equipo jurídico de Liberum se interesó por recabar el citado informe-dictamen, “debido a la importancia de la información que contenía y para aportarlo como prueba en los más de treinta procedimientos judiciales abiertos contra el ‘Pasaporte Covid-19’. Tras cinco largos meses de peticiones a los Tribunales Superiores de Justicia, finalmente ha sido aportado a un procedimiento judicial que Liberum mantiene abierto”.
En opinión de esta asociación, el documento oficial, jamás publicado anteriormente, “cobra un valor incalculable ya que confirma absolutamente que las medidas no se fundamentaron en decisiones técnicos sanitarias sino meramente en decisiones políticas, al margen de cualquier criterio en la prevención de los contagios y con la única finalidad de imponer una vacunación obligatoria, la cual es a nuestro juicio un evidente fraude de ley, ya que las administraciones hurtaron a los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento del citado informe”.
