La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Damián Martí, y contra la Directora de Salud Pública, Ofelia Gimeno, por un presunto delito contra la salud pública.

La organización de juristas acusa a la Dirección de Salud Pública de financiar una app de contactos para chemsex y al Instituto Valenciano de la Juventud de promover tan peligrosa práctica entre los jóvenes de la región a través de redes sociales.

En el primer caso, la Dirección de Salud Pública otorgó una subvención al Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, por valor de 5.496,43 euros, para llevar a cabo una “Aplicación de contactos para HSH y usuarios chemsex" (ver aquí).

En lo relativo al Instituto Valenciano de la Juventud, Abogados Cristianos denuncia que desde las redes sociales de esta institución se publicara una guía en la que se fomentaba la práctica del chemsex y se hacían afirmaciones como “todo está bien siempre que esté controlado. En el momento que se pierde la conciencia deja de ser una práctica segura” o recomendaciones como “conocer a la persona que te proporciona las drogas puede darte cierta seguridad de que las drogas sean lo más puras posibles”. El organismo eliminó su publicación de la red social Instagram un mes después de haberla publicado tras generarse polémica en los medios.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, destaca que “desde una Administración pública con nuestros impuestos se pueda estar cometiendo un delito contra la salud pública, animando a menores al consumo de drogas, es motivo suficiente para que los responsables sean inmediatamente inhabilitados”.