Agentes del Grupo I de UCRIF, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, ha realizado una operación contra una red de falsificación documental para el cobro de ayudas públicas, que se ha saldado con la detención de 23 personas por presuntos delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental.

La investigación se inició cuando los agentes de extranjería tuvieron conocimiento de que un hombre de nacionalidad senegalesa estaba sirviéndose de otras personas para cobrar ilegalmente ayudas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), para lo que se ayudaron también de certificados médicos falsos de Osakidetza y empadronamientos en distintos Ayuntamientos, igualmente falsos.

Tras las pesquisas necesarias, los investigadores descubrieron que el modus operandi del ideólogo y principal sospechoso de la estafa consistía en crear identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI) destinadas a personas y familias sin recursos suficientes. Así, siempre dirigidos por el cabecilla y en un segundo plano muy diferenciado, varios de los componentes del entramado tenían como cometido presentarse físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia haciéndose pasar por ella y realizar los trámites necesarios ante este organismo, mientras otros se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a esas personas inventadas en los domicilios.

Para ello, falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podía acreditar que una persona llevaba empadronada en el País Vasco tres años, requisito necesario para poder percibir estas ayudas y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad.

En este sentido, para evitar que desde Lanbide detectaran alguna irregularidad, el cabecilla aleccionaba a los integrantes del entramado criminal para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Vizcaya, como Durango, Santurce, Bérriz, Yurreta, Basauri, Guecho, etc. Además, para evitar la suspensión de estas ayudas públicas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas del Servicio, el entramado criminal también falsificaba informes médicos y certificados de realización de cursos de formación. Así, los investigadores pudieron establecer que el cabecilla había creado 62 identidades falsas con los fines descritos. Acreditando que por cada persona dada de alta ingresaban una media de 857 euros mensuales, 625 por la ayuda destinada a la Renta de Garantía de Inserción y 250 por la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), lo que ha supuesto un desfalco de un millón noventa y un mil cuatrocientos dieciséis mil euros (1.091.416).

DETENCIONES Y REGISTROS EN TRES FASES

Por todo ello, y tras recopilar las pruebas suficientes, los agentes han llevado a cabo un total de 23 detenciones en tres fases:
 

En la primera, practicada a primeros de año, procedieron al arresto de un ciudadano camerunés.
 

Durante la segunda, materializada a finales de marzo, realizaron nueve detenciones más, entre las que se encontraba el principal investigado, y dos entradas y registros en domicilios; donde los investigadores intervinieron 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias a nombre de identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, 9 teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide.

En la tercera y última, efectuada el 2 de junio, realizaron 13 detenciones. En este sentido, cabe señalar que todos los arrestados son originarios de latinoamerica, el Sahel y el Magreb.
Finalmente, los detenidos, tras prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de la Calle Gordóniz, han quedado en libertad con cargos, llevando el proceso judicial por los hechos el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Bilbao.