La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha citado a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, a declarar el próximo 6 de julio en calidad de imputada por la gestión del caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido. La Sala de lo Civil y Penal se declara competente para instruir la causa contra la también Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y otros trece investigados tras la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

El Tribunal aprecia "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre Oltra y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada". Según el auto, se considera que puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Consejería, "considerados en abstracto y de una forma aislada, no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares". No obstante, los tribunales creen que si se valoran en su conjunto, "poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad", hace pensar que han sido elaborados "con un propósito muy concreto" y "de una muy dudosa legalidad", como sería "beneficiar la situación procesal del -entonces- marido del Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Consejería de Igualdad".

La Sala de lo Civil y Penal reconoce que la sentencia que condena al exmarido de Oltra "pende actualmente de un recurso de casación" ante el Tribunal Supremo, pero cree que eso no le "impedirá entrar a valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, ya que en definitiva se refiere sencillamente a impedir una investigación y a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía". En este sentido, entiende que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, "con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".

Según informa la Agencia Efe, esta causa judicial tiene su origen en los abusos que Luis R., entonces marido de la dirigente de Compromís y educador de un centro público de acogida, cometió sobre una menor de 14 años que estaba bajo su tutela a finales de 2016 y 2017.

La menor se hallaba tutelada por la Generalidad desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa, y en ese centro, donde trabajaba como educador el reo, la menor, "durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios de 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada", según consta en la sentencia.

"En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo", añaden los hechos probados.

El condenado masajeaba a la chica "en la zona del cuello y la espalda y, una vez que creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación", añade la sentencia. La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno.

Meses después, en junio de 2017, la menor insistió en su denuncia ante la Policía Autonómica, y fue en este momento cuando la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación. Por estos hechos, el exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión por un delito de abusos a una menor de 16 años.

En junio de 2020 el TSJCV anuló la condena y ordenó repetir la vista para que el tribunal tuviese en consideración dos informes que ponían en duda la credibilidad de la chica denunciante.

Estos dos informes debían "ser examinados como prueba por el tribunal". Uno de ellos era del Instituto Espill, especializado en evaluaciones a menores en procesos judiciales, y otro de la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad, y ninguno de los dos daba credibilidad a la declaración de la joven, aunque el segundo se basaba, parcialmente, en el primero.

La Fiscalía, por su parte, reprochó a la Conseljería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador, que en aquel momento era todavía el marido de la titular de ese departamento, Mónica Oltra.

Sobre los informes, la Fiscalía les restó importancia, ya que los técnicos que intervinieron en el primer expediente también declararon en el juicio y su testimonio no resultó exculpatorio. Y sobre el informe de Espill, reprochaba a la defensa que no fuera ella quien llevara ante el tribunal este informe.

Tras la obligada repetición del juicio, en marzo de 2021 el pronunciamiento del tribunal fue muy similar al primer juicio, y añadió a Luis R. la circunstancia agravante de prevalimiento al delito continuado de abusos a una menor de 16 años.

La sentencia, que fue confirmada íntegramente por el TSJCV en septiembre de 2021 (aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo), consideró probado que la joven, nacida el 28 de mayo de 2002, sufrió abusos.

A pesar de que en la segunda vista fueron estudiadas las nuevas pruebas exculpatorias, la Audiencia consideró "en conciencia" que las mismas no eran suficientes como para variar el resultado de su primera sentencia condenatoria; y, además, criticó la "instrucción parajudicial" del caso de la menor que, en opinión de los magistrados, se hizo desde la Consejería de Igualdad.

Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor acosada ha iniciado un proceso judicial contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

Esta denuncia contra Oltra fue a parar al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el mismo que vio en su día la macrocausa sobre corrupción del caso Emarsa, cuyo titular inicialmente prefirió esperar a que hubiese sentencia firme sobre la causa principal, es decir, la del exmarido de Oltra. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó el archivo provisional y el juez inició la toma de declaraciones a 13 funcionarios y profesionales que tuvieron responsabilidades en la protección de la menor. Se trata, entre otros, de directoras territoriales de la Consejería de Igualdad, jefes de sección, psicólogos y personal de centros de menores, que ya han prestado todos ellos declaración en calidad de investigados.

Según ha trascendido tras estas declaraciones, la directora del centro y la psicóloga indicaron que no dieron credibilidad a la menor y que por ello no trasladaron el asunto a Fiscalía.

La funcionaria responsable de dicha investigación interna aseguró que sabía de la relación del abusador con la vicepresidenta, pero negó haber recibido presión alguna.

Tras haber escuchado a este grupo de 13 investigados, el titular de Instrucción 15 pidió el pasado abril a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que se hiciese cargo de la investigación, al entender que Oltra, como aforada, debía formar parte de esta.

En este escrito el juez considera que "no resulta ya posible progresar en la investigación" sin que la vicepresidenta "sea oída como investigada" y cree que existen "indicios racionales, serios y fundados" de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

La fiscalía provincial, primero, y la Superior, después, han avalado la petición del juez instructor para que Oltra sea investigada en el alto tribunal valenciano.