Agentes de la Policía Nacional de San Sebastián investigan una red organizada dedicada a facilitar el aprobado de los exámenes teóricos de conducción a ciudadanos extranjeros que, en muchos casos, carecen del nivel de conocimiento de español necesario para poder contestar las preguntas que componen las pruebas que dan acceso a los citados permisos. Desde hace varios meses, tanto por funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Guipúzcoa, como a través de controles realizados por agentes de la Policía Nacional en las sedes de examen, se ha detectado un incremento sustancial en el número de aspirantes que hacen uso fraudulento de dispositivos electrónicos para superar las pruebas teóricas de conducción.

Por este motivo, se ha llevado a cabo una operación que ha permitido averiguar que dicho dispositivos (teléfonos móviles, cámaras, altavoces intra-auriculares, antenas, etc,) son adheridos o cosidos al interior de prendas de ropa que una organización facilitaba a los aspirantes, siendo así disimulados de tal forma que prácticamente los hacía indetectables por los examinadores. Así, a través de estos terminales, terceras personas que se encontraban en el exterior les facilitaban las respuestas.

Hasta el momento, la investigación también ha permitido saber que, sólo en la provincia de Guipúzcoa, el número de personas identificadas tratando de realizar sus exámenes de manera fraudulenta ha superado la docena en los tres últimos meses y que, a cambio de estos servicios, esta organización cobraba entre dos mil y cuatro mil euros, lo que da idea de los ilícitos beneficios generados y del riesgo que entraña esta práctica para la seguridad vial, al facilitar la conducción de vehículos a personas sin los conocimientos teóricos necesarios para un manejo seguro en la vía pública.

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, la operación policial, que permanece abierta, ha posibilitado hasta el momento la detención de un miembro de la organización, un ciudadano paquistaní encargado de entregar los medios técnicos y dispositivos móviles a cuatro ciudadanos extranjeros presentados a examen, así como de su traslado hasta Guipúzcoa, ya que procedían de otras provincias. En cuando a las responsabilidades de los usuarios, la Dirección General de Tráfico prevé multas de hasta 500 euros y la prohibición de presentarse de nuevo a las pruebas en un periodo de seis meses.