Al fin han conseguido su propósito. El propósito de aquellos que consideran que la democracia solo lo es si sirve a sus objetivos, que la libertad es su libertad, pero no la libertad de los demás; que la memoria es su memoria y que los demás no tenemos el derecho a tener la nuestra; que la historia no es una disciplina basada en fuentes y verificada de forma científica, sino que se ha de ajustar a sus requerimientos de control de la sociedad y de dominio de la misma.

Y a eso lo llaman democracia, prostituyendo una palabra que es polisémica; sí, pues han existido diferentes acepciones del término:  democracia orgánica, democracia popular, democracia cristiana, democracia ateniense, democracia partitocrática, en la cual estamos, etc, pero no una democracia basada realmente en los derechos y libertades, en la dignidad del hombre, en el respeto a la persona con sus capacidades innatas para definir su futuro y su proyecto de vida. Desgraciadamente, quienes sirven como esbirros, mercenarios, bien adoctrinados y retribuidos, a ese Nuevo Orden Mundial que nos va a considerar “entes” sin dignidad ni derechos, exhibiendo en sus solapas ese signo satánico de la “Agenda 2030”, bajo el triángulo con el ojo que todo lo ve, saben bien que eliminando la verdad y la libertad de las mentes, controlan a las sociedades y las convierten en masas de borregos a su servicio.

Ni el Senado, ni los partidos políticos ni nadie tiene atribución para liquidar los derechos fundamentados en la dignidad humana y en su libre albedrío. Nadie tiene derecho a liquidar el pensamiento y a la expresión del mismo sin más barreras que el respeto a la dignidad ajena; nadie tiene derecho a castrar la memoria que es individual e intransferible, a conculcar con insidia y alevosía los derechos constitucionales por mucho que hayan prostituido el sentido, objeto y literalidad del texto constitucional del 78. No tienen derecho a sustituir el pluralismo ideológico, social y político por un sucedáneo de falsa democracia, con la excusa de las mayorías. Sus mayorías no pueden aplastar y perseguir a quienes pensamos de otra manera, laminando los derechos individuales y sustituyéndolos por supuestos derechos colectivos inexistentes desde el plano del Derecho Natural y Consuetudinario. Nadie está dotado de prerrogativas para laminar el derecho a opinar, la libertad de cátedra y de investigación historiográfica, el derecho a trasmitir el conocimiento, el derecho a educar en los principios de verdad y de justicia.

La ley de Memoria Democrática aprobada por el Senado es ilegítima desde el punto del Derecho Internacional Público y es impugnable. Una democracia constitucional convertida en democracia partitocrática basada en los privilegios de sectas y castas deja de ser constituyente para convertirse en instituyente, en una burla al pueblo como ente colectivo fundante del sistema político y de las bases de la convivencia.  Esa partitocracia deja de ser un régimen basado en la justicia, en los derechos de las personas y en el sentido genuino de la política que es el servicio a las gentes, para erigirse en sistema de castas políticas y de perseguidores de oficio en una nueva Inquisición cuya referencia es el Robespierre del terror jacobino como imagen a imitar en el marco de la descomposición constitucional en la que nos encontramos.

Francisco Suárez en la Escuela de Salamanca en los años más gloriosos de la Historia de España que pronto será eliminado del legado transmitido, como es aquel Siglo de Oro producto del Testamento de Isabel I de Castilla, instituyó el Derecho a la Resistencia contra la tiranía. Y decía que si un monarca aplica políticas contra su pueblo, sometiéndolo y no poniéndose a su servicio, éste tiene derecho a alzarse contra el tirano, pues, al contrario de las monarquías absolutas de origen anglosajón y francés, el monarca no tiene el favor divino, sino que es el pueblo el que lo tiene, y el monarca surge como representante del pueblo y a su servicio. Así lo entendía Isabel la Católica, y así se ha transmitido de generación en generación con la idea de la verdadera democracia. Y, por tanto, el pueblo tiene derecho a resistir contra la tiranía. Y si esa tiranía impide el libre pensamiento y su correlato en la libertad de expresión, tenemos derecho a actuar en consecuencia, por mucho que el Senado o el sursuncorda digan lo que digan.