La Policía china, en coordinación con la Federación de Ciudadanos Chinos en el extranjero, dirigida por el Partido Comunista Chino, ha establecido una serie de “antenas de servicio” en múltiples países, especialmente del continente europeo. Según una reciente investigación de la asociación Safeguard Defenders, dedicada a denunciar violaciones de los derechos humanos que se cometen especialmente en regiones asiáticas, en España hay instaladas nueve de estas oficinas de la Policía china. “Si bien gran parte de su trabajo consiste simplemente en atender a los residentes o turistas chinos, evidencias del propio Gobierno chino demuestran que al menos una de estas oficinas en Madrid ha estado trabajando activamente con las Fuerzas de Seguridad chinas para participar en operaciones policiales encubiertas e ilegales en España”.

Por ejemplo, y según denuncia Safeguard Defenders, un ciudadano chino de apellido Liu, del condado de Qingtian, provincia de Zhejiang, en China, y actualmente residente en España, era buscado por un presunto delito de contaminación ambiental en su país. La Fiscalía del condado en China trabajó conjuntamente con la Federación de Chinos en el Extranjero (COCF) y la Asociación de Natales de la de la ciudad de Qingtian (QHAS) en España para “persuadir” a Liu fue para que se rindiera y regresara voluntariamente a su país a ser juzgado. Esto ocurrió el 14 de enero de 2020. Se contactó con Liu, en España, y se le “educó” a través del personal de la "estación de servicio de ultramar" de Madrid (ver imagen superior). Tras mantener una videoreunión con Liu (ver imagen inferior), la Oficina de Seguridad Pública de Qingtian (la policía local en China), el COCF y el QHAS le “convencieron” para que regresara.

Un vídeo al que ha tenido acceso Safeguard Defenders muestra que la Fiscalía llamó también a un miembro de la familia del sospechoso en China para que éste se uniera a la reunión, en la que estuvo sentado junto a los funcionarios y con una etiqueta que decía "representante de la familia" en el escritorio.

Según explica Judith Bergman en un artículo publicado en la web del Gatestone Institute, China habría puesto en marcha "al menos 54 comisarías de policía en 30 países, entre ellos Estados Unidos (en Nueva York), Canadá, España, Italia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Hungría, Portugal, República Checa, Brasil, Argentina y Nigeria, según un informe reciente de la ONG pro derechos humanos Safeguard Defenders. La mayoría se encuentran en Europa; así, por ejemplo, hay nueve en grandes ciudades españolas, cuatro en Italia y tres en París.

Peter Dahlin, director de Safeguard Defenders, sostiene que eso es sólo la punta del iceberg: "Estamos convencidos de que hay muchas más, porque éstas sólo pertenecen a dos jurisdicciones –Fuzhou y Qingtian, de donde proceden la mayoría de los chinos residentes en España– y la propia China admite que ha puesto en marcha el proyecto en diez. Así que podría haber hasta cinco veces más."

Esas comisarías, señala Bergman, forman parte de una campaña para persuadir a ciudadanos chinos sospechosos de actos delictivos –especialmente, fraude en las telecomunicaciones, pero también delitos como la disidencia política– de que regresen a China para ser encausados penalmente. Pekín no sólo amenaza a sus propios ciudadanos expatriados, también a los parientes de estos que se han quedado en el país. Tales amenazas han continuado durante años, como señaló el director del FBI, Christopher Wray, en 2020 cuando mencionó un caso en el que un emisario del Gobierno chino visitó a un objetivo en EEUU y le dijo que podía elegir entre regresar a China o suicidarse. El 17 de agosto, el Ministerio chino de Seguridad Pública manifestó: "El número de casos de fraude en telecomunicaciones transfronterizas contra residentes chinos ha disminuido significativamente en China, con 230.000 sospechosos de fraude en las telecomunicaciones educados y persuadidos para regresar a China desde el extranjero a confesar sus delitos desde abril de 2021 hasta julio de 2022".

"Las directrices oficiales describen explícitamente las diferentes herramientas para persuadir a los objetivos de que regresen voluntariamente a China para enfrentarse a los cargos", refirió Safeguard Defenders. "Entre ellas se incluye la persecución de los hijos de los presuntos sospechosos en China, negándoles el derecho a la educación, así como la de otros parientes. En resumen, se trata un castigo de culpabilidad por asociación en toda regla para animar a los sospechosos a regresar".

Según Safeguard Defenders, "estos métodos permiten al PCC [Partido Comunista Chino] y a sus órganos de seguridad eludir los mecanismos bilaterales habituales de cooperación policial y judicial, socavando así gravemente el imperio de la ley y la integridad territorial de los países implicados (...) Al eludir los mecanismos regulares de cooperación, el PCC consigue evitar el creciente escrutinio de su historial en materia de derechos humanos y las consiguientes dificultades para obtener la devolución de los fugitivos mediante procedimientos legales como las solicitudes formales de extradición. Deja a los chinos que residen legalmente en el extranjero totalmente expuestos a persecuciones extrajudiciales por parte de la policía china, con poca o ninguna de la protección teóricamente garantizada por el derecho nacional e internacional (....)  Abiertamente etiquetadas como comisarías de policía en el extranjero (...) por ejemplo para la renovación de permisos de conducir chinos y otras tareas tradicionalmente consideradas de carácter consular (...) también sirven a un objetivo más siniestro, ya que contribuyen a 'reprimir con determinación todo tipo de actividades ilegales y delictivas en las que intervengan chinos residentes en el extranjero. Obviamente, también se utilizan para perseguir a los chinos expatriados que discrepan del régimen".

Y lo que es más importante, las comisarías operan sin el consentimiento ni el conocimiento de los países afectados, como Holanda, donde una de aquéllas opera en un sencillo piso bajo de Rotterdam perteneciente a un pequeño negocio chino de reparaciones. Varios países, como Canadá, la propia Holanda, el Reino Unido, Portugal y España, están ya investigando el asunto y algunos ya han exigido el cierre de las comisarías chinas en su territorio.