Agentes de la Policía Nacional de San Sebastián han culminado una operación dirigida a la detección de empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros en viviendas de Guipúzcoa. Estas viviendas no constituyen un domicilio real, sino que sirven al único propósito de la obtención de un certificado de empadronamiento que será posteriormente utilizado con fines fraudulentos.

Las actuaciones de la Brigada de Extranjería y Fronteras de San Sebastián se centraron sobre dos viviendas, la primera de ellas en Éibar y la segunda en Irún. En ambos casos, la instalación se ofertaba a través de publicaciones en un portal de anuncios clasificados el empadronamiento fraudulento de personas en las respectivas viviendas a cambio de una contraprestación económica.

En el caso de la vivienda situada en la calle Salis de Irún, la investigación policial pudo determinar que la propietaria de la vivienda, una ciudadana española de 47 años, llegó a empadronar a 13 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, tras la publicación del anuncio. Algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España y ninguno de ellos había residido de manera efectiva en la vivienda. La dueña de la vivienda habría cobrado por su empadronamiento cantidades económicas que oscilan entre los 150 y los 780 euros, hecho por el que se enfrenta a sanciones que superan los 35.000 euros.

También se logró averiguar que dos de estos ciudadanos extranjeros residían en realidad en Francia, habiendo pagado a esta persona por su empadronamiento con el fin de acreditar una residencia efectiva en España y de esta manera no perder el permiso de residencia del que son titulares. Lo mismo hicieron otros dos de los empadronados, que en este caso se encontraban residiendo en el Reino Unido al menos desde hace tres años. Por estos hechos, por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras se remitió informe a la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa para el inicio de los trámites tendentes a la extinción de los permisos de residencia de estas cuatro personas.

Por otro lado, se han iniciado otros seis expedientes sancionadores contra los ciudadanos extranjeros empadronados irregularmente en la vivienda, los cuales se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 501 y los 10.000 euros.

En el caso de la vivienda ubicada en la calle Wenceslao Orbea de Éibar, la investigación pudo determinar que tras la publicación del anuncio por parte del titular del contrato de arrendamiento de esta vivienda, un ciudadano extranjero de origen Marroquí de 60 años de edad había empadronado en la vivienda a siete personas. Al igual que en el caso anterior, se trata de ciudadanos extranjeros en su mayoría y varios de ellos en situación irregular en España.
 

Los agentes abrieron una segunda línea de investigación cuando tras tomar declaración a varias de las personas que figuraron empadronadas en la vivienda se toparon con indicios que hacían sospechar de la elaboración de una serie de documentos que tendrían su destino en el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco. Por ello, solicitaron a este organismo información relativa los expedientes que con ellos pudiera tener en trámite el investigado.

En el análisis de la documentación remitida por Lanbide, se detectaron un total de siete documentos que infundieron sospechas para pensar que en su elaboración se hubiera podido incurrido en algún tipo de falsedad documental. Estos siete documentos correspondían a cinco subcontratos de arrendamiento de la vivienda en la que residía el investigado y dos declaraciones juradas, revelando las diligencias de investigación llevadas a cabo que en los 5 subcontratos de arrendamiento se había falsificado la firma de la propietaria del inmueble y en una de las declaraciones juradas la de una de las personas empadronadas en la vivienda.

La investigación también pudo determinar el motivo que llevó al investigado a realizar estas falsedades documentales: esquivar la pérdida, total o parcial, de las prestaciones económicas que recibe por parte del Servicio Vasco de Empleo. El Servicio Vasco de Empleo se había percatado del aumento del número de personas empadronadas en la vivienda y por eso realizó varios requerimientos para que justificase el motivo. En ese momento, el investigado fabricó estos documentos para los que precisaba la firma como autorizante de la propietaria y al no contar con esta autorización optó por simular su firma en los subcontratos de arrendamiento, al igual que hizo en el caso de la firma de una de las personas empadronadas.

Valiéndose de estos documentos, en los que simulaba un subarriendo de parte de la vivienda a precios prácticamente simbólicos, pudo continuar percibiendo los 952,41 euros que percibe mensualmente en concepto de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. De esta manera, evitó una posible merma en la cuantía a percibir o su pérdida total de haber declarado los ingresos mensuales que realmente percibía y que han quedado acreditados en la investigación policial.

Por estos hechos el investigado fue detenido en la mañana del día 17 de octubre en su vivienda de Éibar, siendo trasladado posteriormente a las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de San Sebastián, donde tras llevar a cabo la oportunas diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Éibar. También ha sido sancionado por la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa con una multa de 2.004 euros por autorizar estos empadronamientos ficticios.