La llegada de Don Manuel Azaña el poder de la República puso en marcha tres reformas necesarias para modernizar España. La reforma agraria que iba a redistribuir el sector primario. La reforma del Ejército que tras la pérdida de las últimas colonias en el 98 era un instrumento insostenible. La reforma del poder de la Iglesia con sus efectos doctrinarios sobre la enseñanza. Es verdad que aquello fue una de las causas del malestar en las derechas españolas y que junto al desorden llevó al golpe de Estado en 1936 con la consiguiente guerra incivil.

Adolfo Suárez y Juan Carlos de Borbón lograron una transición de la dictadura franquista a la democracia constitucional, si bien con los miedos y concesiones que conformaron el llamado Régimen de 1978, que da lugar al Estado de las Autonomías, pero sin que se cumplan dos preceptos enunciados. La subsidiaridad para evitar trámites alejados del ciudadano. El traslado de las competencias centrales a la periferia y eliminando los reductos funcionarios que ya no tienen cometidos por traslado a las comunidades autónomas. Aun así quedo la reforma municipal pendiente. Demasiados ayuntamientos que terminaron por convertirse en el tercer estadio del poder.

España necesita gentes de Estado. España necesita una nueva clase dirigente culta y decente. España necesita simplificar y distinguir la clientelar de lo productivo. Y en el centro de la reforma una discusión necesaria. Dónde prime la sociedad civil debe abstenerse la política. Y es que ésta última ha ido usurpando los espacios de la primera para hacer uso interesado de sus recursos.

Y es el momento. Ya que se ha podido comprobar cómo la crisis en el poder judicial tiene mucho que ver con los intentos de los partidos políticos por nombrar a sus jueces de confianza y así tener atado y bien atado a tal poder que debe ser independiente y profesional para garantizar la igualdad de trato para la ciudadanía.

Ahora no hay ruido de sables. Ahora no queda nada de aquellos personajes que "ganaron o perdieron" la guerra. Las ideologías de la confrontación a partir de 1931 con una continuidad hasta 1975 desaparecieron por ley natural. Es tiempo de hacer las reformas. Es necesario por saber lo que funciona y lo que no tras los años transcurridos. Es necesario redistribuir las cargas de ingresos y de gastos para los Presupuestos Generales del Estado y sus continuidad en las autonomías y ayuntamientos. Hay demasiados cargos y designados que viven de las cuentas públicas y hacen crecer la deuda hasta límites insoportables para nuestra generación y las venideras.    

Son muchos los ejemplos a nuestro alcance. Desde el tamaño del Gobierno con sus Ministerios dónde no sabemos a qué se dedican los que conforman las pirámides u organigramas de cada cartera, hasta la duplicidad con las autonomías de la gestión que sólo consigue hacer más lenta la tramitación de los asuntos que interesan al ciudadano contribuyente. ¿Que se hizo de aquella ventanilla única que predicaba Don Manuel Fraga?.

Pero empecemos por el espacio municipal. 8.131 ayuntamientos que acudirán a las urnas el próximo mayo. No sólo no cabe esperar cordura eficiente, es que en aquellos en los que se produzcan cambios, los nuevos munícipes tendrán que agradecer lealtades con nuevos nombramientos, por tanto la reducción de las plantillas nunca será adecuado a un régimen austero y estrictamente necesario con la correspondiente convocatoria por méritos y sin el dedo que señala nuevos contratos inventándose funciones que sólo sirven para incrementar el capítulo del gasto para personal. ¿Qué fue de aquella promesa para la fusión de ayuntamientos?.

Y las Diputaciones. ¡Menudo chollo!. No sólo por ser "trabajador de tal espacio". Es que sus recursos se destinan para atender a los ayuntamientos del territorio provincial regidos por las correligionarios.    

El Estado de las Autonomías ha servido para crear el poder de los denominados varones. Personajes que se han creído presidenciables en un fragmento del Estado, o casi señores con poder absoluto y fuerza capaz para derribar a un Gobierno de la nación, dando lugar al poder nacionalista que en estos tiempos del sanchismo son decisorios para legislar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado que contribuyen a la resistencia del régimen sanchista.

El aparato de "servidores públicos" no ha disminuido. Cada legislatura se hace más grande. Así las nuevas generaciones aspiran a ser miembros de tales puestos bien pagados y mejor considerados, apenas controlados y sólo temiendo el cambio que las urnas puedan producir en las siglas del mando.

Hay que reformar regenerando y reduciendo. No queda otra si queremos adecuar las cuentas del Estado. Hay que devolverle a la sociedad civil su espacio que está siendo ocupado por los lacayos del régimen partidario.