El algoritmo totalitario del ecologismo
Como el clima es una cuestión de supervivencia, los ecologistas exigen que todas las normas, valores y empresas se subordinen a él.
Esto les lleva a abogar por la adopción de leyes y disposiciones constitucionales que sitúen explícitamente el clima en el centro de la toma de decisiones, de modo que no se tome ninguna decisión legislativa, ejecutiva o judicial que no haya sido medida en función de sus efectos sobre "el clima" (léase: emisiones de CO2 ).
Al constitucionalizar "el clima" –preámbulo o artículo introductorio, constitución nacional o instrumento internacional– los ecologis tas están obligando a los jueces y tribunales constitucionales a sopesar las libertades públicas con el imperativo climático. Esto significa, en términos prácticos, que el ejercicio de una libertad sólo se concede, se reconoce y se protege por ley si las emisiones de CO2 se consideran "razonables", según el criterio que conocen los abogados de oficio.
El cambio paradigmático marcado por la aparición del clima en la escena constitucional es evidente. Las libertades y el clima están en tensión, y ¿cómo podrían prevalecer las libertades individuales sobre el bienestar colectivo? Esta revolución copernicana del derecho es coherente con el planteamiento ecologista; es la consecuencia jurídica lógica y previsible de lo que hemos llamado el algoritmo totalitario del ecologismo. Además, los ecologistas europeos exigen la creación de "comités climáticos" para asesorar a cada nivel de gobierno sobre cómo tener en cuenta el factor climático, mediante recomendaciones e informes periódicos. Se trata del mismo mecanismo cuasi–normativo que tanto éxito ha tenido para el IPCC. Se intuye que este "equilibrio" entre las libertades públicas y las exigencias climáticas es sólo un paso.
Sabiendo que no hay ninguna actividad o acción humana que no emita CO2 –desde el simple desplazamiento hasta la calefacción–, resulta teóricamente inepto blandir las libertades individuales frente a la supervivencia colectiva de la humanidad. ¿Qué sentido tiene blandir el "derecho" a viajar, a menudo sin ninguna razón particular, cuando el futuro de la humanidad está en peligro? La tensión entre las libertades y el clima parece ser un simple prerrequisito para el objetivo final de esta revolución ecológica en y a través del derecho: la subordinación de las libertades a la exigencia del clima.
Desde la filosofía moral hasta la técnica jurídica, encontramos este carácter inexorable del algoritmo totalitario del ecologismo: si el problema es el CO2 humano, entonces el hombre en la infinita variación de sus acciones debe ser constreñido, limitado y domesticado.
(*) Extracto del libro El ecologismo: un nuevo totalitarismo, de Drieu Godefridi (La Tribuna del País Vasco, 2022)
![[Img #23248]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2022/4141_captura-de-pantalla-2022-11-23-160440.jpg)
Como el clima es una cuestión de supervivencia, los ecologistas exigen que todas las normas, valores y empresas se subordinen a él.
Esto les lleva a abogar por la adopción de leyes y disposiciones constitucionales que sitúen explícitamente el clima en el centro de la toma de decisiones, de modo que no se tome ninguna decisión legislativa, ejecutiva o judicial que no haya sido medida en función de sus efectos sobre "el clima" (léase: emisiones de CO2 ).
Al constitucionalizar "el clima" –preámbulo o artículo introductorio, constitución nacional o instrumento internacional– los ecologis tas están obligando a los jueces y tribunales constitucionales a sopesar las libertades públicas con el imperativo climático. Esto significa, en términos prácticos, que el ejercicio de una libertad sólo se concede, se reconoce y se protege por ley si las emisiones de CO2 se consideran "razonables", según el criterio que conocen los abogados de oficio.
El cambio paradigmático marcado por la aparición del clima en la escena constitucional es evidente. Las libertades y el clima están en tensión, y ¿cómo podrían prevalecer las libertades individuales sobre el bienestar colectivo? Esta revolución copernicana del derecho es coherente con el planteamiento ecologista; es la consecuencia jurídica lógica y previsible de lo que hemos llamado el algoritmo totalitario del ecologismo. Además, los ecologistas europeos exigen la creación de "comités climáticos" para asesorar a cada nivel de gobierno sobre cómo tener en cuenta el factor climático, mediante recomendaciones e informes periódicos. Se trata del mismo mecanismo cuasi–normativo que tanto éxito ha tenido para el IPCC. Se intuye que este "equilibrio" entre las libertades públicas y las exigencias climáticas es sólo un paso.
Sabiendo que no hay ninguna actividad o acción humana que no emita CO2 –desde el simple desplazamiento hasta la calefacción–, resulta teóricamente inepto blandir las libertades individuales frente a la supervivencia colectiva de la humanidad. ¿Qué sentido tiene blandir el "derecho" a viajar, a menudo sin ninguna razón particular, cuando el futuro de la humanidad está en peligro? La tensión entre las libertades y el clima parece ser un simple prerrequisito para el objetivo final de esta revolución ecológica en y a través del derecho: la subordinación de las libertades a la exigencia del clima.
Desde la filosofía moral hasta la técnica jurídica, encontramos este carácter inexorable del algoritmo totalitario del ecologismo: si el problema es el CO2 humano, entonces el hombre en la infinita variación de sus acciones debe ser constreñido, limitado y domesticado.
(*) Extracto del libro El ecologismo: un nuevo totalitarismo, de Drieu Godefridi (La Tribuna del País Vasco, 2022)
