En la edición de Álava de El Correo del miércoles 4 de octubre de 1995 se recogía en su página 4 el siguiente titular: “El tribunal municipal del PNV de Valdegovía decide expulsar del partido a dos ex alcaldes”. El cuerpo de texto de la noticia era el siguiente: “El tribunal municipal del PNV de Valdegovía ha expulsado del partido a los hermanos Beltrán de Salazar, que han ocupado la Alcaldía del municipio durante doce años, según confirmaron ayer a El Correo tanto los sancionados como el presidente de la Junta Municipal, Claudio Rodríguez. Asimismo, el órgano interno de justicia ha suspendido de militancia durante dos meses a Miguel Angel Mardones, teniente de alcalde en los pasados cuatro años. La expulsión se fundamenta en las críticas vertidas por los ex corporativos en un escrito contra el nuevo alcalde de Valdegovía, Juan Antonio Pinedo, también del PNV, después de que éste acusara a su predecesor en un panfleto de haber dejado 129 millones de deuda. Los hermanos Beltrán de Salazar hicieron además declaraciones contra Pinedo. José María Beltrán de Salazar, alcalde durante ocho años, reiteró ayer que no se dejará juzgar «por unos imberbes políticos», y tras considerar «vergonzoso» que «dentro del partido nos estemos tirando los trastos a la cabeza», anunció que recurrirá ante el tribunal regional, la instancia superior. «A nacionalista, esos no me ganan», subrayó, al tiempo que acusó a sus enemigos del PNV de Valdegovía de proceder de HB, opinión compartida por su hermano Jesús María, alcalde de 1991 a 1995. Por su parte, Claudio Rodríguez insistió en que la denuncia contra los ex corporativos ante el tribunal fue respaldada «de forma unánime» por los asistentes a una asamblea extraordinaria de la Junta Municipal del PNV de Valdegovía. Rodríguez añadió que las acusaciones contra Jesús María Beltrán de Salazar cuentan con el «total» apoyo del PNV, puesto que la gestión del ex alcalde «fue nefasta y era un clamor en la zona»”.

El alcalde entonces de Valdegovía, como consta en la noticia, era Juan Antonio Pinedo Carrillo, también del PNV, que había accedido al cargo en las previas elecciones municipales del 28 mayo de ese año 1995. En dichas elecciones, sobre un censo de 833 habitantes, votaron 646 personas, dando sus votos de la siguiente forma: al PNV 285 (3 concejales); a Unidad Alavesa 229 (3 concejales); al PP 75 votos (1 concejal) y a HB 49 votos (0 concejales). Hubo un acuerdo de cara a la elección de alcalde, entre Unidad Alavesa y PP, para que este partido votara por el candidato de Unidad Alavesa que, de esa forma, saldría elegido en detrimento del candidato del PNV. Pero la única concejala del PP encargada de ello, María Teresa Cruz Alonso, optó finalmente por votar a favor del candidato del PNV, que fue el que finalmente salió elegido: Juan Antonio Pinedo Carrillo.

Juan Antonio Pinedo abandonó el cargo antes de cumplir su mandato, en 1998. En El Correo de 1 de marzo de 1998 se da cuenta del episodio: “La renuncia obedece, según ha explicado él mismo, a la imposibilidad de compaginar el cargo con su nuevo trabajo como director de la empresa General Química, radicada en Lantarón”. Ya tendremos ocasión, quizás, de hablar más delante, en un próximo capítulo de esta serie de El balle del ziruelo, de la empresa General Química y de Lantarón. El caso es que en el momento de la dimisión sí se produjo lo que se quiso hacer al principio de la legislatura y no se pudo: juntar los concejales de Unidad Alavesa y del PP para así quitar la alcaldía al PNV. Pero con la circunstancia de que dichos concejales de Unidad Alavesa se habían salido de la disciplina del partido y ya no obedecían a sus mandos: ahora iban como independientes. De hecho, la noticia donde se da cuenta de la operación, ese 1 de marzo de 1998, se titula así: “Los escindidos de UA apean al PNV de la Alcaldía de Valdegovía”.

Patxi Unanua estuvo como alcalde de Valdegovía desde ese momento y dos legislaturas seguidas más, la que empezó en 1999 y la de 2003 hasta 2007. A Patxi Unanua nos lo encontraremos más adelante como presidente del Círculo Vitoriano, la institución social y cultural con más solera de la capital alavesa, cargo que dejó en 2015 por desavenencias con los socios debido al proyecto de unión con el Club Náutico.

A partir de las elecciones de 2007 y hasta marzo de 2021 en que se jubiló, estuvo como alcalde de Valdegovía Juan Carlos Ramírez-Escudero, licenciado en Ciencias de la Información, bilbaíno nacido en 1955. Casi cuatro legislaturas al frente del municipio lo convierten en el más longevo alcalde de Valdegovía de todo el periodo democrático que se abre para los ayuntamientos españoles en 1979. De sus cuatro mandatos, los dos primeros los obtuvo gracias a la presencia en el consistorio de la izquierda abertzale, primero como ANV y luego como Bildu, que rompía el empate con las candidaturas de derecha no nacionalista.

Juan Carlos Ramírez-Escudero también ha sido parlamentario vasco por el PNV, durante dos legislaturas seguidas, empezando por la de 2012 a 2016, cuando entró desde casi el principio de la legislatura, para sustituir a la inicialmente electa Ana Isabel Oregi Bastarrika, y la de 2016 a 2020. Por lo tanto, simultaneó el cargo de alcalde con el de parlamentario vasco durante ocho años.

Pero de Juan Carlos Ramírez-Escudero lo que más nos interesa es que, justo antes de ser alcalde, siendo director de la revista municipal Ecos de Valdegovía, durante el mandato de Patxi Unanua, publicó un libro, editado por la propia Ecos de Valdegovía, titulado Guerendiain. El libro lo terminó de escribir en Espejo en el verano de 2004, según consta en su página final (171). Pero la fecha de publicación del mismo, según consta en la página donde viene el ISBN, es mayo de 2007, curiosamente el mismo mes de las elecciones que le llevaron a convertirse por primera vez en alcalde de Valdegovía, que se celebraron el 27 de mayo de ese año. El libro es una novela donde el protagonista, un comandante anarquista de San Sebastián durante la Guerra Civil española, es fusilado por las tropas sublevadas que toman primero Irún y luego San Sebastián, operación que dejó aislado el sector republicano del norte de España de la frontera francesa y que marcó el principio del fin de la Segunda República. Su contraimagen la constituye el personaje de Javier Apalategui, que es un encargado de aduanas, afecto al bando sublevado y a quien Guerendiáin salva la vida cuando se encontraba preso en el fuerte de Guadalupe. La novela se cierra cuando Guerendiáin es hecho preso a su vez por los nacionales y espera que, en justa correspondencia, Apalategui interceda por él, pero este no solo no intercede sino que le da el tiro de gracia una vez que Guerendiáin es pasado por las armas frente al pelotón de fusilamiento.

Este breve resumen de la novela, que es el que aparece en las crónicas periodísticas cuando se presentó, es el que me dispuse a corroborar con una lectura de la misma. Digamos que a priori tiene un interés añadido porque la fecha de su publicación se adelanta por solo unos meses a la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que es de diciembre de 2007, por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que dio comienzo al mayor intento, y nada disimulado, de la izquierda española en periodo democrático, aliada con los nacionalismos, por volver a la dialéctica guerracivilista desde el punto de vista ideológico y argumental, queriendo convertir a la derecha actual en heredera y sostenedora de la memoria de los vencedores de la guerra civil y por lo tanto en antidemocrática y deslegitimada para gobernar en una monarquía parlamentaria. Mientras que la izquierda se quiere convertir a sí misma en la única opción democrática y a la Segunda República en paradigma de la democracia.

La Memoria Histórica, como ariete ideológico principal de la izquierda española actual, se propone anular y superar lo que ellos llaman el “régimen del 78”, instaurado por los padres fundadores de la democracia en España, que se consiguió tras un pacto de concordia, establecido con la aprobación de la Constitución de 1978 hoy vigente y con la previa ley de amnistía de 1977. Aquel pacto se proponía “echar al olvido” –que no significa olvidar, pero sí dejar atrás, sin capacidad para condicionar el presente y sobre todo el futuro– los agravios y las injusticias cometidas tanto por los que se alzaron contra el régimen legítimo de la Segunda República, como por parte de quienes se armaron desde el primer momento, al margen del poder legalmente constituido, para luchar contra los sublevados con el claro propósito de subvertir también el régimen democrático y convertirlo en un satélite de la Unión Soviética.

La izquierda española actual, representada por el PSOE y por Podemos, así como los nacionalismos periféricos, todos ellos sostenedores del gobierno de Pedro Sánchez desde la moción de censura que permitió, el 1 de junio de 2018, descabalgar al entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy, sigue utilizando, con más fuerza si cabe, la llamada Memoria Histórica (ahora convertida en Memoria Democrática, desde la aprobación de la ley de dicho nombre este año 2022, que viene a reforzar a la anterior) como principal argumentario para mantener fuera del gobierno de España a los partidos de derecha, PP y Vox.