Los letrados de la Administración de Justicia están ejercitando su derecho a la huelga. Ejercitan un derecho constitucional para ellos muy  gravoso, mas es el último recurso que les queda ante el incumplimiento de lo acordado por el Gobierno. Corresponde al Ministerio de Justicia garantizar que la justicia tenga los medios necesarios para realizar su trabajo, así como responder del servicio en interés de los ciudadanos.  Mas el Gobierno se comporta con una pasividad pasmosa.  No acertamos  a saber si su actitud  es  secuela de su agenda ideológica o de su manifiesta ineficacia. Sea como fuere, por ideología o por irresponsabilidad, el Ministerio incumple lo acordado.

Y es que el Ministerio de Justicia, el pasado día 22 de abril de 2022, se comprometió  a realizar reformas. En concreto  notificó a través de la Secretaria de Estado que: “Desde el Ministerio de Justicia se considera razonable y oportuna la ordenación solicitad”. Hoy el Gobierno dice que los letrados de la Administración de Justicia son golpistas, su huelga es política, que van en contra del pueblo. Repite lo que dijo sobre los ganaderos, agricultores, camioneros, médicos de la Comunidad de Madrid, taxistas... El Gobierno es un disco rayado.

¿Qué maquina el Gobierno reconociendo la razonabilidad de las pretensiones para después no aplicarlas? Viendo a dónde llegamos, tal vez asistiremos también a una precarización de la Administración de Justicia.  Así como era imposible hace pocos años que los médicos tuvieran sueldos  bajos y hoy sea la realidad, tengamos cautela.  A nuestros políticos, cara les sobra y falacias también. Precarizan y la autoría siempre es huérfana.   

Ante la  política de privatizaciones de los servicios y  empresas  públicas constantes a la que asistimos desde hace décadas, tal vez se puede afirmar que  la Agenda del Régimen del 78 es la privatización de todos los servicios públicos, la ansiada meta del liberalismo. Los diferentes partidos, turnándose en el poder, siguen la misma senda: precariedad laboral y pocos medios en los servicios públicos.

Veamos la Sanidad. Es vergonzoso asistir todos los días a manifestaciones por una Sanidad digna, y conocer que entre los motivos de las carencias está la falta de médicos y especialistas porque emigran a otros países por la cuestión salarial. Que médicos abandonen España por los bajos salarios es voluntad del Régimen. En la cuestión de la Administración de Justicia, ¿qué pretende el Gobierno?  ¿Estará rebajando adrede las condiciones laborales en cuerpos básicos del Estado? Ya  acontece en la Sanidad Pública, en los Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Universidad…

La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia es  paradigmática.