Deambulan sin ningún problema. Los atónitos espectadores no dicen nada. En la frontera franco-española, entre Irún y Hendaya, los inmigrantes ilegales pasan y vuelven a pasar. En grupos de cuatro o cinco, en fila india, cruzan puentes, ríos y colinas vecinas a la vista de todos. Bolsas de plástico en las manos o bolsas de la compra al hombro, acuden en tropel a plena luz del día. Estos inmigrantes ilegales, procedentes del Magreb y del África subsahariana, cruzan la frontera sin ser molestados. Nadie les controla…

Surge una pregunta: ¿dónde está la policía? La policía de fronteras (PAF) está debilitada y carece de personal suficiente. La razón: los recientes movimientos sociales movilizan a los CRS y a los gendarmes móviles, dedicados, lógicamente, a esta tarea. Los sindicatos policiales advierten de esta situación. La falta de recursos ya no permite realizar operaciones regulares de control y patrullas en la zona.

 "Cada vez es más complicado detener a los inmigrantes ilegales", explica Sébastien Boussinot, delegado del sindicato UNSA de la policía aérea y de fronteras, a CNews. Y reconoce: "Conocen el terreno y la topografía tan bien como nosotros. En la actualidad, la PAF lleva a cabo su misión con tres coches para unos diez hombres. No es mucho, sobre todo porque los inmigrantes ilegales pueden contar con el apoyo de asociaciones pro-inmigrantes”.

Según las autoridades, estos ayudantes locales ayudan a los inmigrantes ilegales a pasar los controles sin ser detectados. En el lado español de la frontera, estos colectivos acompañan incluso los trámites de regularización de los inmigrantes, animándolos a esperar un año ‘in situ’ para recibir papeles y poder entrar más fácilmente en Francia. Como resultado, desde 2018, entre 7.000 y 10.000 personas han intentado cruzar la frontera ilegalmente, según cifras del Ministerio del Interior. En el País Vasco, la crisis migratoria está más de actualidad que nunca.

Fuente: Valeurs Actuelles