La Guardia Civil y la Policía Nacional lograron liberar el año pasado en el País Vasco a 17 víctimas de redes de trata de seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas que estaban siendo explotadas sexualmente. Según informa la Delegación del Gobierno, el perfil de estas víctimas es principalmente femenino, ya que mujeres y niñas están expuestas a un mayor riesgo de ser victimizadas, especialmente aquellas en situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la pobreza, conflictos armados o inestabilidad política. En total, la Policía Nacional desmontó tres grupos delictivos relacionados con este tipo de explotación. Además, también realizó diversas operaciones contra la explotación laboral, ya que desde mediados del año pasado, la Policía Nacional ha constatado un aumento de los delitos contra los derechos de los trabajadores (en su mayoría ciudadanos extranjeros). Los sectores más afectados por este delito son la hostelería, comercio, construcción y locutorios.

Junto a la liberación de las víctimas de trata, en el balance conjunto de ambos cuerpos policiales destaca la detención de 1.019 personas por la comisión de algún tipo de delito (estafas, hurtos, agresiones, ciberdelincuencia, redes de inmigración ilegal….) y la desarticulación de 20 bandas de delincuencia organizada. También son reseñables las operaciones de incautación de drogas: la Policía Nacional confiscó 537,08 kilos de cocaína (entre otras drogas) y la Guardia Civil 878 kilos de hachís. En total, entre ambos cuerpos se incautaron de casi 2.500 kilos de diferentes drogas.

En el caso de los delitos relacionados con la droga, la operación más relevante de la Policía Nacional (y una de las más importantes de los últimos años) se produjo con la intervención en el puerto de Barcelona de una auto-caravana enviada por barco desde Latinoamérica con 534 kilos de cocaína de gran pureza oculta en un doble fondo y con destino al País Vasco. La droga incautada habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 60 millones de euros. La investigación desarrollada por la Policía Nacional del País Vasco comenzó hace más de dos años. En total, este cuerpo Nacional se ha incautado de 669,15 kilos de droga en el conjunto de operaciones antidroga desarrolladas en 2022.

Por su parte, la Guardia Civil (en el ejercicio de sus competencias como policía judicial) se ha incautado 1.754,5 kilos de droga, la mayor parte hachís (878 kilos). También desmanteló dos laboratorios para el corte y adulteración de drogas sintéticas con 30 kilos de sustancia de corte.

En conjunto, las FSE han intervenido 2.423,65 kilos de diferentes drogas (cocaína, hachís y marihuana principalmente).

Entre otras operaciones, la Guardia Civil investigó delitos de terrorismo de ETA no esclarecidos, así como de enaltecimiento y humillación a las víctimas. Así, ha logrado esclarecer el asesinato del concejal socialista Juan Priede, cometido por ETA en marzo de 2002 en Orio (Guipúzcoa). El trabajo permitió identificar a una de las personas que colaboró en el asesinato, quien posteriormente ha sido juzgado por la Audiencia Nacional.

Además, la Guardia Civil investigó delitos de odio cometidos en redes sociales y desarticuló dos organizaciones criminales dedicadas al favorecimiento de la migración ilícita de personas extranjeras en situación irregular con la intención de trasladarse a otros países de la UE. En este caso realizó 11 detenciones. Otras tres investigaciones sobre el tráfico ilícito de armas permitieron incautar numerosas armas de fuego. Y en el ejercicio de sus competencias de intervención de armas y explosivos, la Guardia Civil en el País Vasco concedió 72.147 licencias, autorizaciones y revistas de diferentes tipos de armas y realizó 894 inspecciones a instalaciones y establecimientos sujetos a control administrativo —fábricas de armas o explosivos, depósitos, talleres, campos de tiro o empresas de seguridad, entre otros—. Durante 2022, se destruyeron (mediante fundición) 4.200 armas y se subastaron 1.421.

Por otro lado, la unidad de la Guardia Civil dedicada a la protección de la naturaleza (SEPRONA), desarrolló la operación ‘Hozkailu’, en la que se detuvieron a cinco personas y se investigó a otras 13 por transportar residuos desde el Puerto de Bilbao a países africanos (Nigeria, Senegal, Ghana y Guinea Ecuatorial). La organización enviaba de forma sistemática residuos de distinta tipología al continente africano, entre los que destacaban los aparatos eléctricos y electrónicos desechados, compresores y motores canibalizados, neumáticos al final de su vida útil, envases de gas butano, así como una ingente cantidad de basura doméstica de diversa naturaleza.

Por otra parte, la Policía Nacional tiene en el País Vasco competencias exclusivas en materia de extranjería, ámbito en el que expidió durante el año pasado 45.557 permisos de residencia. También tiene las competencias para expedir el Documento Nacional de Identidad (un total de 315.580 tramitados) y pasaportes (128.512).

De las personas detenidas por la Policía Nacional en 2022, 1.498 lo fueron por infracciones de la Ley de Extranjería (la mayoría por carecer de permiso de residencia), 448 por diversos delitos y 320 por reclamación judicial. Además, otras 216 personas fueron detenidas por su relación con redes de inmigración ilegal.

Entre las operaciones más destacadas, la Policía Nacional detuvo el año pasado a tres personas dedicadas a captar y reclutar nuevos integrantes para organizaciones terroristas yihadistas.

Por otro lado, en Guipúzcoa arrestó a 13 personas por empadronar fraudulentamente a 75 personas en dos viviendas de Irún con el fin de obtener ayudas sociales, prestaciones sanitarias y permisos de residencia. Al principal investigado se le impuso una sanción de más de 343.000 euros por infracción a la Ley de Extranjería, al facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de pagos mensuales. Y en Bilbao, se detuvo a 23 personas acusadas de presuntos delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental por estafar ayudas sociales destinadas a familias sin recursos y para el alquiler de viviendas derivadas del empadronamiento fraudulento a otros compatriotas.

La Policía Nacional también desarticuló en Álava un grupo criminal organizado dedicado a cometer estafas a través de Internet mediante el método ‘phising’ por todo el territorio nacional. Se detuvo a cinco hombres en la provincia de Álava, se investigó a otro joven en la provincia de Vizcaya y  a dos varones que se encontraban en prisión. Se les imputaron presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. En muchos casos, las cantidades defraudadas a las víctimas superaban los 8.000 euros.