Decíamos hace poco que el sistema político que sufrimos de manos de este gobierno infame es un fascismo blando. Conviene una explicación de esta expresión, que puede parecer exagerada. Tal extrañeza afecta, especialmente, a quienes comparten principios socialistas y a cualquier estatista, aunque sea de derechas. Cuando la realidad se observa desde el prejuicio aparece deformada y la percepción no se corresponde con los hechos. Pero éstos son tozudos.

Se dirá que partimos de una premisa falsa si iniciamos nuestros argumentos aludiendo al perfil psicológico del presidente del gobierno, pero lo cierto es que no se puede dudar de su ambición, de su actitud chulesca ni de su ausencia total de escrúpulos y su aversión a la verdad. Vamos a demostrar más abajo que Sánchez ha aplicado unas políticas "fascistoides", aunque se nos vendan como "democráticas" (como "democrática" era la mitad comunista de Alemania hasta 1990).

A su proyecto nacional-socialista ha añadido la oratoria populista que estamos acostumbrados a ver en los líderes de izquierda iberoamericanos. Su verborrea cargada de tópicos populistas repite consignas y mantras como un loro y su vocación de dictadorzuelo bananero se confirma con sus hechos.

Recordemos que llegó al gobierno después de bloquear la constitución de un gobierno democrático con su histórico "no es no" y que, cuando por fin accedió a la presidencia a través de una moción de censura ilegal (se basó en una mentira arteramente puesta -lo dijo el TS- en una sentencia y no fue constructiva, como exige la Constitución, sino destructiva), aplicó una deconstrucción de los principios y las instituciones con la intención manifiesta de cambiar el régimen (recordemos al hoy "eximio" miembro del Tribunal Constitucional, entonces ministro de Justicia, decir en el Parlamento, sin sonrojarse, que estábamos en un periodo constituyente).

Lo que ha venido después lo sabemos: unión del gobierno a todos los enemigos de la nación en una actuación que en un país decente le llevaría no sólo a perder las próximas elecciones sino a ser enjuiciado por traición.

Todas sus acciones y leyes han venido a destruir el régimen constitucional de 1978 y construir otro en el que la población no tiene nada que ver (ni fue lo que votó), sino que su deseo es conformar una suerte de colusión de élites de los partidos socialistas (PSOE y Podemos) y nacionalistas (el resto de sus socios), con el que ejercer el poder en España de modo continuado y permanente, criminalizando al Partido Popular y a Vox. Que no lo consiga y pierda las próximas elecciones no significa que no lo haya intentado, sólo significa que, si nada cambia en los próximos años con otro gobierno (batalla cultural, políticas contra las ideologías woke, destrucción de chiringuitos ideológicos, cambio del régimen electoral, etc) se volverá a intentar por Sánchez o por otro Sánchez (en el PSOE hay muchos, no nos engañemos, a pesar de la nostalgia del PP por un PSOE constitucionalista que no existe).

La inveterada afición a gobernar a base de la figura del decreto-ley es un síntoma de una forma de gobierno reacia al parlamentarismo democrático. Del mismo modo que haber coartado los derechos inalienables de los ciudadanos reiterada y prolongadamente según sentencias del TC tampoco lo ha hecho no sólo dimitir sino siquiera enrojecer. Su actual intención de nacionalizar por la puerta de atrás y por la vía rápida a más de cuatrocientos mil extranjeros para que lo voten en las próximas elecciones semeja los movimientos de pucherazo propios de Sudamérica. Todo ello son datos incuestionables de un modo de gobernar que se acerca peligrosamente al fascismo. Pero no podemos olvidar otros muchos que completan el cuadro.

Las leyes impuestas por el bloque nacionalsocialista están todas en el orden de deconstruir la sociedad y crear una fragmentación sin posibilidad de reconciliación, siguiendo el esquema del socialismo del siglo XXI inspirado por Laclau. Como éste propugnaba, una vez se cuente con el poder absoluto, entonces podrán acabar con todas las diferencias que ahora fomentan, como han hecho todos los regímenes socialistas que se han dado en la historia.

La llamada ley de violencia de género, que ya sufrimos desde hace veinte años, fue el primer hito en el camino de las leyes fascistas. Consagra, de facto, una situación de presunción de culpabilidad de los hombres sólo por ser hombres, al estilo de las leyes nazis de autor, en las que se aplicaba una presunción de culpabilidad a los judíos sólo por su condición, no por los hechos cometidos.

Cualquiera que esté en el mundo jurídico sabe que hoy se puede ser condenado sin ninguna prueba de cargo y sin que el testimonio de la mujer goce de los requisitos anteriormente exigidos por la doctrina del Tribunal Supremo sobre la incredibilidad subjetiva (necesidad de indicios que corroboren el testimonio). La ley, arteramente, prevé sustanciosas rebajas para el reo en caso de aceptación de la culpabilidad, lo que es habitual ante el miedo a una pena mucho mayor, de modo que se convierte en una forma perversa de administrar injusticia. Muchos hombres aceptan una culpa que no les corresponde por miedo al engranaje judicial (como en los relatos de Kafka). Las denuncias que se muestran falsas de mujeres, en cambio, no sufren en la práctica y salvo excepciones, castigo alguno, de modo que se crea una situación de aparente respeto al principio de presunción de inocencia, pero la ley se interpreta, como exigía el jurista nazi Carl Smith, según la voluntad general o del pueblo (que coincide, evidentemente, con lo que indican los líderes políticos), lo que provoca la ausencia de presunción de inocencia en la práctica.

Lamentablemente, la insulsa ideología de algunos (Ciudadanos y PP), ha llevado a que éstos acepten esta ley perversa, anticonstitucional (recordemos lo que dijo Alfonso Guerra que había comentado un miembro del TC que validó esta ley sobre las presiones insoportables que habían sufrido a pesar de su evidente inconstitucionalidad) y que tiene por objeto alzar un constructo ideológico que rompa la coexistencia y que vulnere los principios constitucionales como paso previo a la implantación de otras políticas.

Se dice siempre que es una presión insoportable que se produzcan varias decenas de crímenes al año de los ahora mal llamados de género. Pero unos sesenta crímenes en una sociedad de cuarenta y siete millones de personas no es criminológicamente relevante desde ningún punto de vista, salvo que se pretenda manipular la cuestión (sin que ello implique negar la tragedia que supone cada caso, obviamente). También hay varias decenas de crímenes de niños por sus madres al año y nadie pretende hacer una ley contra las madres. En muchos países no hay leyes como la de violencia de género y los crímenes de mujeres a manos de sus parejas son menos estadísticamente. Además, muchos de tales crímenes los cometen en España personas de otras culturas, lo que no se tiene en cuenta para criminalizar a la sociedad española, a la que se cataloga de criminal y violenta cuando no es cierto, de modo que se crea un círculo vicioso de un problema que como tal no existía (más allá del lamentable crimen individual) y que justifica las políticas, los chiringuitos y consagra una ideología dominante.

Ninguna mujer debe tener un púlpito privilegiado en la aplicación de la Ley, como ningún hombre debe tenerlo. La igualdad ante la Ley debe ser una premisa inevitable de cualquier sociedad decente, lo que no ocurre en España desde la instauración de esta ley. Hoy, cualquier mujer debe saber que si su padre, su hermano o su hijo son denunciados falsamente por su pareja mujer tiene muchas papeletas de ser condenado, aunque no sea culpable o aunque, siéndolo, no haya pruebas en su contra (recordemos lo que se enseñaba de los países libres: más vale cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Lamentablemente, estos principios de libertad han sido abandonados por todos los partidos políticos).

Otra ley habilitante, y cuyo origen también procede de la época José Luis Rodríguez Zapatero, es la mal llamada ley de memoria histórica, que debería llamarse ley estanilista para imponer al pueblo la historia según el deseo del poder nacionalsocialista. No vamos a explicar lo que todo el mundo sabe, que hoy te pueden multar o sancionar o, incluso, perder una plaza de profesor por decir verdades sobre la historia (como que el PSOE fue uno de los principales responsables de provocar la Guerra Civil). Lógicamente, los nacionalsocialistas no quieren que se conozca la verdad de la historia porque los deja en el lugar que sabemos les corresponde: el basurero. Si no necesitaran blanquear su pasado no tendrían que imponer su interpretación sesgada y falsa de la historia. Lamentablemente también tales malditas leyes se mantienen en comunidades gobernadas por el PP, lo cual demuestra que han asumido el discurso de la izquierda, y nos conducirá a perder la guerra cultural y a que el progresismo avance en su conquista de la sociedad.

La misma intención avala la ley animalista que acaba de aprobar el Parlamento español con el visto bueno de todos los enemigos de la razón. No vamos a analizar la sarta de disparates que contiene la ley y que en estos días se están poniendo de manifiesto, como la necesidad de disponer de autorizaciones administrativas para tener mascotas o la necesidad de proporcionarles un bienestar según criterios humanos que nada tienen que ver con el bienestar de los animales o el cruel sarcasmo de que matar una rata que entre en tu casa puede suponer una multa considerable. Los disparates de la izquierda son habituales. Lo peor es lo que subyace a la Ley: la minusvaloración de lo humano. Es una bajada de condición de lo humano porque la izquierda, que nos vende que tiene su razón de ser en la supuesta liberación del ser humano, lo que está haciendo en las últimas décadas es criminalizar a la Humanidad a base de aliarse con esas ideologías para enfermos mentales como el animalismo, el ecologismo, la falsa emergencia climática, el milenarismo, la falsa necesidad del decrecimiento económico (mantener a la humanidad en la pobreza o llevarla a la pobreza) o el maltusianismo.

Y lo mismo cabe decir de la llamada ley del sí es sí (los socialistas tienen afición por el eslogan porque es lo que aprenden a repetir, sin espíritu críticos, los miembros de su secta). Se alega por Irene Montero que "probar la violencia supone un calvario probatorio", lo que ha provocado réplicas tan acercadas como la de Vidal Cuadras: "Irene Montero no entiende ni quiere entender que un (o una ) juez no ha de creer más a una mujer por el hecho de serlo que a un hombre, sino que sólo ha de atender a los hechos probados y a la ley. No existe una justicia feminista. La justicia, para serlo, no ha de tener apellido." Pero tenemos que rectificar al maestro: sí lo sabe. ¿O no recordamos a la incongruentemente profesora de derecho constitucional Carmen Calvo diciendo que hay que creer a la mujer por ser mujer? Claro que lo saben. Pero su objetivo no es respetar el principio de presunción de inocencia sino ratificar el sistema instaurado por la ley de violencia de género de presunción de culpa de los hombres como forma de romper la sociedad y criminalizar a una parte de ella. A partir de ahora estamos en la situación de que ya no sólo la pareja habitual sino cualquier mujer puede decidir, a posteriori, si el acto fue consentido y, de este modo, culpar a un hombre sin que éste apenas tenga opciones de defensa, ya que será él quien tendrá que probar su inocencia (como los judíos en la Alemania nazi, y ya sabemos cómo acababan estos procesos). A esta perversidad inmensa se añade la bajada de penas que ha provocado que cientos (serán miles) de delincuentes sexuales se vean beneficiados o directamente excarcelados. Tampoco es causalidad y lo sabían: Rosell ha dicho que el objetivo de la ley no era punitivo, esto es, no era castigar (lo que está en coherente relación con el blanqueamiento de la pederastia y de la pedofilia realizado insistentemente por Montero). Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues aplicar otra ley que supone una cuchillada en la cohesión social y en la convivencia, llevar el caos a la sociedad y destruir sus valores tradicionales para imponer su visión y destruir instituciones como la familia y las relaciones amorosas de modo que las personas se sientan más solas y desamparadas y se echen en brazos de las organizaciones de un Estado sometido al poder político de quienes propugnan estas políticas.

El mismo objetivo que la recientemente aprobada ley trans, que no es una ley a favor de las personas trans (se ha demostrado en otros países que ha sido un fracaso) sino en contra de los conceptos tradicionales hombre/mujer que sustentan el objetivo contra el que se dispara: la individualidad y la familia. La individualidad como soberanía única e inalienable de las personas para ser consideradas por sí mismas independientemente de su condición, concepto que debe perderse para pertenecer a un colectivo tutelado.  Y la familia porque es el reducto más íntimo de las personas frente al poder, allí donde pueden encontrar refugio emocional y económico, donde se concretan las lealtades más firmes de la mayoría de las personas y donde se concentran y se heredan valores y principios. Es conveniente destruir la familia como modo de conseguir la mayor dependencia de las personas del Estado, ese Estado consagrado en el altar del socialismo como el nuevo dios del que las élites socialistas son sus sumos sacerdotes. Pero no sólo es una ley contra los hombres y las mujeres heterosexuales sino también contra los homosexuales, pues supone restarles la dignidad inherente a cualquier persona homosexual en pos de una transición biológica imposible que lleva al caos. Hay muchas personas trans (una de ellas mi admirada Deirdre McCloskey), pero son personas que han llevado a cabo su transición desde la madurez y el conocimiento y la razón. En cambio, se pretende ahora que esa decisión la tomen niños sin formación a los que se llevará al caos personal y social. Es una ley criminal que provoca daños irreparables, pero eso no es obstáculo para este gobierno a pesar de haber comprobado cómo ha fracasado en otros países y ha creado problemas donde no los había y ha destrozado a miles de personas (los casos de Escocia o de EEUU están ahí para quien quiera consultarlos).

La abolición real del delito de sedición es otra ley habilitante que provoca la rendición del Estado de Derecho frente a sus enemigos. Si impunemente se puede actuar frente al Estado de derecho y su constitución, tal actuación se convierte en un medio habilitante no muy distinto en la práctica de las leyes habilitantes que instauró Hitler para situarse por encima de la ley una vez fue canciller. De ese modo, apoyado en sus socios antiespañoles y en un Tribunal Constitucional asaltado de forma ilegal no hay límite legal o constitucional que no se pueda traspasar (la sentencia del aborto es una prueba, pues declara constitucional la ley del aborto de Zapatero en contra de otros pronunciamientos anteriores del mismo TC).

Las leyes ecologistas y prohibiciones a la minería y a la explotación de los combustibles fósiles buscan deliberadamente un empobrecimiento de la población indispensable para instaurar sus políticas de dependencia masiva del Estado. En un reciente estudio de The Economist se calcula entre 75.000 y 150.000 personas las que morirán en Europa este año de más por las políticas verdes instauradas en Europa y en España desde hace décadas.

¿Y qué decir de las leyes de educación? Las que sufrimos en España desde hace cuarenta años son todas socialistas, pues el PP apenas ha sido capaz de aplicar pequeñas reformas sobre tales leyes. La última, la llamada ley Celaá, no esconde el principio fundamental de bajar los niveles educativos y realzar el adoctrinamiento político progresista incluso en áreas técnicas. Una sociedad empobrecida culturalmente es imprescindible para la instauración del progresismo y del socialismo del siglo XXI como vemos a diario en los países sudamericanos, donde ya ningún líder oculta que hay que cargarse a la clase media porque ésta, cuando se culturiza y prospera, tiene la mala costumbre de dejar de votar socialismo.

La instauración de los llamados delitos de odio es otro hito en el camino. Toda persona debe ser libre para odiar lo que estime oportuno mientras no cometa actos contra nadie. Establecer delitos sobre las emociones (por muy perversas, inmorales o terribles que nos parezcan) es otro paso en el adoctrinamiento del pensamiento que contribuye a la caza de brujas instaurada desde el pensamiento políticamente correcto que limita la libertad hasta límites que no podíamos esperar hace unas décadas.

La colusión de intereses con la gran banca a base de regulaciones incesantes y de limitar la competencia favorecen un sometimiento de ésta al poder político, a lo que se une el vasallaje inevitable a los bancos centrales de modo que el dinero no pueda ser libre y erigirse en enemigo del Estado (único actor capaz de crear o destruir dinero). Lo mismo ocurre con la colusión con los grandes medios de comunicación a los que se somete a base de intereses económicos y de limitar su libertad (el Estado determina el número de cadenas de radio y televisión que puede haber), de modo que sólo tienen la opción de convertirse en medios de propaganda estatal, como podemos comprobar a diario en todas las cadenas, (haría las delicias de Goebbels). Sólo la libertad de Internet, que pronto será cercenada como amenaza la UE, permite pequeños espacios de libertad, como ocurre con este medio, La Tribunal del País Vasco, en el que tenemos la suerte de publicar.

Pero lo anterior no es suficiente: el asalto a las instituciones es completo y no deja una sola fuera de su influencia letal. La manipulación permanente del CIS para intentar cambiar la realidad mediante unas encuestas torticeras y unos resultados aún más falsos es una prueba de que se está preparando el camino para presentar unos resultados determinados de modo que se pueda lanzar el mensaje a la sociedad de que ya había sido anunciado por el CIS. La limitación de la libertad económica que se está viviendo en nuestro país, el manejo sospechoso de los fondos europeos, la compra descarada de votos con el dinero de todos los españoles, la creación continua de enemigos y de fracturas sociales, la colusión de intereses bastardos con las grandes empresas mutilando el libre mercado, conforman un cuadro de país que vive en un fascismo que no es tan blando como decíamos al principio.

Si hasta hace unas décadas el comunismo era el sueño lúbrico de cualquier socialista hoy lo es este fascismo que se está instaurando en muchos países sudamericanos y del que han aprendido nuestros socialistas, llamado socialismo del siglo XXI.

La autocracia intentará guardar las formas, pero el alma de su gobierno no puede ser ocultada. La calavera traspasa su carne operada y muestra que lo que estamos viviendo es la consecuencia lógica del socialismo que votamos en masa los españoles cada vez que nos ponen su zanahoria podrida ante los ojos, porque "el socialismo es la ideología del futuro" (Joseph Goebbels).

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