Por mediación de un mensaje emitido en su plataforma digital, Donald Trump ha causado un vendaval en los medios tradicionales y digitales. Supuestamente, el fiscal de Nueva York, territorio cuyos políticos detestan al ex-presidente, han vuelto con acusaciones ya hechas en el 2016 y solucionadas para el 2019, año en el que al ex-abogado y consejero de la actriz porno Stormy Daniels, le revocaron la licencia por jurar en falso ante la corte. El otro representante de la actriz, Michael Avenatti, está en la cárcel con una condena de 14 años por fraude.

A pesar de todo, el fiscal del distrito de Nueva York, Alvin Bragg, que ganó las elecciones con el generoso apoyo de George Soros, vuelve para atrás el reloj con casos que han fracasado en la Corte. La actriz porno ya perdió un caso de difamación y tuvo que pagar a Donald Trump 300.000 dólares por gastos de Corte. Entre los testigos contra Donald Trump estará otro ex-abogado de su organización, Michael Cohen, de quien su abogado en el caso anterior dice que es un ‘mentiroso compulsivo”. El problema que tiene Donald Trump es que el juzgado está localizado en Nueva York, donde es muy complicado encontrar jueces y un jurado que no piense que los republicanos no tengamos complicidad en el “crimen” de votar por Trump.  Aquí, la Justicia no es ciega ni imparcial. 

De todas formas, todos los analistas, incluyendo dos prominentes abogados con afiliación al Partido Demócrata, Jonathan Turley y Alan Dershowitz, han calificado la acción de puramente política y sin méritos legales. Otro gran abogado republicano, pero crítico con Donald Trump, Andrew McCarthy, ha manifestado lo mismo. El consenso es general, en el sentido de se;alar que el fiscal ha actuado de forma política y sin base legal. Y es curioso que actuara así por un delito menor (si lo ha sido), para el cual también ha pasado el estatuto de limitaciones (2 años) y cuando la ciudad de Nueva York está experimentando un crecimiento del crimen (como la violación, el robo y el asalto personal) de un 25-30% desde el 2020 al 2022. Además, por la política de “Defund the Police” (retirada de fondos para la policía) este fiscal es parcialmente culpable de la dimisión o retiro prematuro de unos 1.000 policías, cumpliendo los deseos de su padrino George Soros. Ni lleva a juicio una cantidad innumerable de casos legítimos que lo justifican por “causa social”.

También es curioso este caso, cuando tenemos un presidente y su hijo con pruebas en su propio ordenador personal y con 450 posibles crímenes y el FBI todavía no ha movido un dedo sobre ellos. La doble vara es incalculable.

Desafortunadamente para el fiscal y el Partido Demócrata, la reacción pública en general ha sido perjudicial. Le han asignado a Donald Trump la condición de “víctima” y han fortalecido las acusaciones del expresidente de que el “Estado profundo” tiene como objetivo mantenerse en el poder y no la justicia, ni la ley, ni la Constitución. La condena de la acción fiscal ha sido general. Curiosa ha sido la tardía y tibia (a ojos de muchos) respuesta de Ron DeSantis, el esperado rival de Trump en las primarias del 2024. Si Trump estaba antes favorito (hasta en Florida por 47%-44%) esta tibia reacción pone en la mente de muchos republicanos que DeSantis es parte del ‘establishment’ republicano y por ende también rival ideológico. Seguro que ha causado más dudas entre los republicanos que estaban indecisos. En las encuestas, el apoyo al Gobernador de Florida ha bajado a un 26%, que es el más bajo desde el comienzo de la rivalidad. Aunque todavía tenemos una eternidad en términos electorales y tampoco DeSantis se ha declarado candidato formalmente, aunque si le han donado grandes cantidades de fondos para la posible campaña.

Sin duda, el caso evolucionará. Lo último es que podría ser imputado en las próximas horas y que será arrestado la semana que viene. Tengo mis dudas de que el arresto se lleve a cabo. Pero todo hace parecer que el fiscal le ha regalado a Donald Trump el equivalente a decenas de millones en anuncios publicitarios. Están pregonando con bombo y platillos la injusticia promovida por el Partido Demócrata.