Como ha informado en exclusiva este periódico, el Gobierno Vasco, a través de su Instituto de Estadística (Eustat), ha tomado la decisión de exigir a 7.500 ciudadanos vascos que informen sobre dónde están, qué hacen y con quién se encuentran durante las 24 horas de un día. La encuesta en la que se exige esta información, al tener un carácter obligatorio, se convierte en una violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas, pero, además, socava radicalmente la confianza de la sociedad en sus instituciones y revela cómo las viejas democracias se están convirtiendo, de la mano de tecnócratas despóticos manejados por líderes totalitarios como Iñigo Urkullu, en nuevas tiranías distópicas donde el “Gran Hermano” vigila constantemente.

La investigación planteada por el Eustat, en manos del Ejecutivo PNV-PSE, viola la privacidad y la intimidad de los ciudadanos, que es un derecho humano fundamental, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en numerosas constituciones nacionales. Pero, además, al obligar a las personas a revelar información sensible al Gobierno o a sus instituciones, la encuesta del Eustat socava nuestra capacidad de vivir nuestras vidas sin el temor constante a ser tutelados, vigilados y controlados por un Estado amenazador y omnipresente.

Por otro lado, la investigación totalitaria del Ejecutivo de Vitoria plantea graves preocupaciones en cuanto a la seguridad de los datos proporcionados, que, además, el Gobierno Vasco cede a empresas privadas, tal y como se señala en la carta de presentación de la aberrante encuesta. Hay que tener siempre presente que a medida que aumenta la cantidad de información personal que se recopila y almacena, también lo hace el riesgo de que estos datos sean hackeados o utilizados de manera inapropiada. En esta situación, los ciudadanos tenemos motivos más que suficientes para preocuparnos por la posibilidad de que nuestros datos más íntimos (y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta el carácter de la encuesta) sean utilizados en nuestra contra por actores malintencionados, tanto dentro como fuera del Gobierno PNV-PSE.

Esta política aberrante por parte del Eustat también sienta un peligroso precedente en lo que hace referencia al abuso de poder por parte del Gobierno. Al otorgar a las autoridades la capacidad de monitorear a los ciudadanos de manera tan invasiva, se les da un poder sin precedentes sobre nuestras vidas. Y esto, sin duda alguna, conducirá a la censura, a la represión y a la discriminación, especialmente contra las personas que muestren comportamientos, compañías y opiniones impopulares y no acordes con el sistema político, social y cultural impuesto por el Ejecutivo vasco nacional-socialista. En este punto, es fundamental recordar una afirmación que, a pesar de ser repetida hasta la saciedad, no ha perdido un ápice de su certeza: el poder absoluto corrompe absolutamente.

La decisión del Gobierno Vasco de exigir a varios miles de ciudadanos que informen sobre sus actividades, compañías y ubicación durante todas las horas de todo un día representa un ataque inaceptable a nuestra libertad, privacidad y seguridad. Esta política invasiva no solo viola nuestros derechos fundamentales, sino que también socava la confianza en nuestras instituciones, pone en riesgo la seguridad de nuestros datos y sienta un precedente extremadamente preocupante en lo que se refiere el abuso de poder. El Lehendakari debe dar explicaciones urgentes sobre esta amenazadora iniciativa dictatorial y el director del Eustat, Josu Mirena Iradi Arrieta, si tuviera un mínimo de vergüenza democrática, debería presentar su dimisión ya, independientemente de las posibles acciones administrativas y judiciales que puedan derivarse como reacción a su encuesta totalitaria.